En la ecuación política, de la que se habló mucho esta semana, no se advierten ganadores. Por el contrario, la puja con epicentro en el oficialista Frente para la Victoria (algunos de sus intendentes son quienes más molestos se muestran) puede dejar cicatrices, además de mantener una importante tensión entre los diferentes Estados durante un año previsiblemente duro para todos.
«Cuando las cosas están bien, le piden a Nación y se pavonean en la Casa Rosada, pero cuando la caja no les cierra, vienen a verlo al Gobernador y putean al Gobierno nacional», dijo a La Tecla un funcionario bonaerense. Es que la exposición mediática del problema, agitada por los jefes comunales, cayó como una patada al hígado en La Plata.
El núcleo del problema está en el artículo 73 del Presupuesto Nacional 2012, por el que se restablece que el 6% del PBI será destinado a la ley de Financiamiento Educativo.
En 2011 Nación tuvo Presupuesto prorrogado, y el dinero correspondiente al Fondo Educativo entró en la Coparticipación plena, de la cual los municipios perciben el 16,4%. Eso llevó a un incremento interanual de la Coparticipación de los municipios del 46% entre 2010 y 2011.
En la Ley de Leyes nacional de 2012, la ley enviada al Congreso no preveía el fondo, que fue agregado luego por los legisladores. El Presupuesto provincial se votó antes que el nacional, entonces, la previsión bonaerense quedó desfasada; por ende, los municipios hicieron sus previsiones económicas para 2012 y contaron un dinero de más, que no recibirían.
En la búsqueda de un chivo expiatorio, una parte importante de la política bonaerense (intendentes y legisladores provinciales) apunta los cañones a los diputados nacionales por la Provincia. «Debieron actuar con más responsabilidad para con el territorio al que pertenecen», les achacan.
Errores y displicencias en varios estamentos también contribuyeron a complicar las cosas. Por ejemplo, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, mandó la circular al Banco Central para que retuviera el dinero de la ley de Financiamiento Educativo recién el 25 de enero. Por esa razón, los jefes comunales se percataron del recorte de -aproximadamente- 900 millones recién en febrero. Es que en la Coparticipación del segundo mes del año se les descontó lo correspondiente a ese ejercicio y lo de enero; entonces, estallaron.
Los del Conurbano salieron disparados a verlo a Scioli. Este trató de contenerlos y, mientras habló de buscar una solución en conjunto, les pidió mesura y creatividad para mejorar sus propias arcas. Las secciones Tercera y Primera pudieron exponer en conjunto sus ideas ante el mandamás provincial y varios ministros.
Acercaron varias posibilidades para recuperar algo de la plata con la que pensaban contar y no contarán (ver recuadros). Pero tanto en la Legislatura como en el gobierno de la Provincia son reticentes a crear nuevos impuestos o ejercer cualquier otra presión impositiva. «La presión tributaria de la Provincia es la más alta de todas las jurisdicciones, y es muy difícil aumentarla», reconocieron en Hacienda.
«Estamos poniendo mucha inteligencia en ver cómo restringimos los gastos operativos para destinar más recursos a otras cosas, y los intendentes deben ver de qué manera le encuentran la vuelta sin perjudicar a los ciudadanos», sostuvo una fuente provincial.