A través de un proceso no público, el Ejecutivo adjudicó el escrutinio provisorio a Indra por $21.000 millones y avanza en la contratación de boletas para las elecciones legislativas de octubre. El Correo Argentino centraliza ambas gestiones.
La administración de Javier Milei ya resolvió los dos contratos clave para organizar las elecciones legislativas de octubre: por un lado, el recuento provisorio de votos en la noche electoral; por otro, la impresión de las boletas únicas. Este año, a diferencia de elecciones anteriores, el Estado se hará cargo de la producción de las papeletas, debido a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reúne en una sola hoja a todas las candidaturas, permitiendo al votante marcar su opción. El viernes pasado se abrieron las ofertas de las imprentas interesadas en ese trabajo.
Lo que genera inquietud es que ambas contrataciones fueron gestionadas por Correo Argentino (Corasa), que optó por el mecanismo de licitación privada. Este tipo de procedimientos, si bien más rápidos, ofrecen menor transparencia en comparación con las licitaciones públicas, como las que se realizaron en 2023 bajo la órbita de la Dirección Nacional Electoral (DINE), con llamados difundidos en el Boletín Oficial.
Para el recuento provisorio, el Correo implementó una licitación privada por invitación, convocando a tres empresas que presentaron sus propuestas en sobres cerrados y en formato físico, sin digitalización. Resultó seleccionada Indra, firma española que históricamente ha estado a cargo del escrutinio desde 1997, salvo en las presidenciales de 2019.
La adjudicación a Indra ronda los $21.000 millones, pero los detalles del contrato no se encuentran disponibles públicamente. A pesar de que el proceso fue adjudicado —bajo el número “031MB02074”, correspondiente al rubro informática—, ni los pliegos ni las ofertas están publicados en el sitio oficial del Correo.
En 2017 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri también delegó en el Correo la organización electoral. Sin embargo, en 2021 y 2023, esa función volvió a la DINE, que convocó a licitaciones públicas con participación de partidos políticos, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y organizaciones sociales, que podían hacer aportes no vinculantes sobre el contenido técnico del pliego.
Pese a esas instancias, en 2023 el entonces debutante Javier Milei expresó desconfianza sobre el proceso: su espacio exigió a la CNE y a la DINE el código fuente de la transmisión de datos de Indra y una nómina de empleados, pedidos que fueron concedidos para que La Libertad Avanza pudiera auditar la elección. Incluso antes del ballotage, el propio Milei retuiteó publicaciones que vinculaban a Indra con el presidente español Pedro Sánchez.
Durante aquellas jornadas electorales, las redes libertarias se llenaron de denuncias informales por presuntas irregularidades en contra de Milei. Pero ninguna fue judicializada, y la CNE respondió señalando que se trataba de “invocaciones de fraude sin fundamento”.
Este año, desde el Gobierno defendieron la decisión de concentrar el proceso en manos del Correo para “evitar fragmentaciones” y agilizar la organización. Afirmaron que al ser Corasa la responsable legal del envío de telegramas desde los centros de votación, resultaba lógico unificar las etapas bajo su órbita. Así, la DINE delegó la tarea y el Correo quedó autorizado a tercerizar por vía privada la contratación de servicios.
En esta licitación, Indra se impuso sobre Smartmatic —proveedora en 2019 durante la gestión de Macri— y MSA, firma que operó en los comicios porteños, pero que en este caso no presentó propuesta. Según trascendió, la evaluación técnica representó el 60% del puntaje y la oferta económica el 40%.
La licitación de las boletas
Mediante la Licitación Privada N.º 040RC00518, el Correo también está gestionando la contratación de imprentas para la confección de las boletas BUP. A diferencia del caso anterior, los pliegos sí están disponibles públicamente, aunque el proceso aún no fue adjudicado.
Según fuentes oficiales, el objetivo del Gobierno es repartir el encargo entre varias imprentas con experiencia comprobada, algunas de las cuales ya participaron en provincias como Santa Fe, donde rige la boleta única.
Entre los requisitos figuran la presentación de muestras impresas en talonarios de 368 páginas y la demostración de una capacidad productiva de al menos 65.000 m² diarios en color, dentro de un plazo de 30 días desde el inicio de los trabajos.
Ya se presentaron al menos seis oferentes. Entre ellos estarían Boldt Impresores (del holding dueño de casinos), Artes Gráficas del Litoral (con vínculos con el Grupo Clarín), Su Papel, New Press Grupo Impresor, e IPESA Industria Gráfica.
Por ambas contrataciones —escrutinio provisorio y boletas— el Estado deberá desembolsar una cifra millonaria, aunque hasta ahora solo se conoce el monto correspondiente a Indra.
Con información de La Nación
Publicado en lanuevacomuna.com