Argentina merece una nueva página en materia de energía
En los últimos años varios países latinoamericanos con petróleo y gas modificaron sus leyes de hidrocarburos, en general en sentido positivo. No fue nuestro caso: ante la urgencia de ingreso de capitales para el corto plazo, el gobierno avanzó con una reforma que resigna soberanía e hipoteca nuestro futuro.
Hace dos años, al “nacionalizar” YPF S.A. se destacó la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por las provincias y la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas para la “fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional someta a su consideración”. No sólo nunca fue convocado por el gobierno, sino que la nueva ley de hidrocarburos fue producto del acuerdo con gobernadores de diez provincias, las “petroleras”. Sólo un ejemplo de la brecha entre el discurso kirchnerista y los hechos que luego plasma en la realidad.
Una nueva página
La Ley 26.741, de “nacionalización” de YPF S.A. amplió la participación del Estado en la actividad hidrocarburífera del país, expropiando sólo el paquete accionario de Repsol, a pesar de que abundaban razones para obrar en igual sentido con el 25,46% correspondiente al Grupo Petersen-Ezquenazi, incluido en la sociedad a pedido de la administración kirchnerista. El marco normativo de la actual YPF S.A. es el régimen de sociedades comerciales; tal como está planteada, la empresa no está incluida en la órbita de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Hoy iniciamos una nueva etapa en la producción de petróleo y gas con una mayor participación estatal pero con fuertes limitaciones para controlar, monitorear y decidir en definitiva con quiénes, cómo y a qué costos resolvemos los enormes desafíos por delante. El contrato YPF – Chevron, cuyos términos precisos se desconocen a la fecha, es una muestra de ello.
YPF debe volver a ser una empresa cien por ciento nacional. La política petrolera aplicada durante el menemismo y continuada por la actual administración, la dejó a cargo de sólo un 30% de la producción total del país, quedando el resto en manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras. YPF debe jerarquizar y recomponer su rol, pero con una participación mayoritaria en su capital del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que puedan renunciar, delegar o transferir a públicos o privados la administración de la empresa. El Consejo Federal de Hidrocarburos debe empezar a cumplir sus funciones e incorporar una representación parlamentaria de acuerdo a la proporción que cada sector político detenta.
Las actividades de la empresa deben ser monitoreadas por los organismos de control del Estado Nacional y no por la Comisión Nacional de Valores. El Estado debe tener acceso a los contratos que se suscriban y no estar amparados bajo secreto comercial como sucede en la actualidad. Para evaluar el funcionamiento y garantizar una gestión acorde a su carácter público, necesitamos mecanismos de control que incluyan a trabajadores, empresarios, asociaciones de defensa de usuarios, consumidores y de protección al ambiente. Con acceso a la documentación, respetando el principio de confidencialidad cuando el contenido así lo requiera. Debe estar sometida además al control de la Auditoría General de la Nación y demás normas que promuevan la transparencia de la gestión.
Necesitamos incorporar la gestión ambiental a la actividad, haciendo énfasis en la protección del agua, recurso vital para los territorios. Implementar mecanismos de participación de la población en el control y en la decisión de esta problemática, que involucra su futuro y el de las generaciones venideras. También implementar los derechos por siempre postergados de las comunidades de pueblos originarios, hacer realidad la consulta y consentimiento previo informado, entre otros.
Debemos aumentar la participación del Estado en la renta petrolera, cuanto menos equipararnos al 20% de regalías promedio que hoy cobran varios de nuestros países hermanos. Utilizar parte importante de esos fondos para contribuir a la transformación de nuestra matriz energética, haciéndola menos dependiente de los recursos no renovables, recomponer la infraestructura ferroviaria a lo largo del territorio, ampliar derechos básicos de nuestra población como salud, educación y vivienda.
No se trata de sueños afiebrados ni de propuestas testimoniales. Son medidas posibles y necesarias que nuestra Argentina se merece.
Por Silvia Ferreyra
Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana