De esta manera, las provincias pierden la administración y control de esta vía navegable. La Casa Rosada evalúa entregar a privados la explotación del canal Paraná-Paraguay.
«Milei suprime el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, con sede en Rosario. Las provincias quedan fuera de las decisiones sobre la Hidrovía. Gran retroceso del federalismo. Rosario, nuevamente afectada por Milei», publicó en la red X el jefe de la bancada kirchnerista, el diputado por Santa Fe Germán Martínez. Así, las provincias quedan excluidas de la supervisión del tráfico fluvial de embarcaciones, mientras se conoció que el gobierno nacional prepara una licitación para transferir la gestión a privados.
En marzo de 2022, el ex gobernador Omar Perotti y el ex secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano participaron en el acto de cesión del inmueble en Laprida y Santa Fe (ex SENASA) para el uso y funcionamiento del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable.
Anteriormente, se había conformado el Consejo Federal Hidrovía y posteriormente se creó el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, que incluía el voto de las 7 provincias costeras.
«Tener sede en Rosario y dejar de ser una oficina perdida en Buenos Aires es una realidad que comienza a concretarse, dando jerarquía al ente y a la ciudad», había afirmado Perotti.
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable es un organismo autárquico. Con la cesión de las llaves de Laprida 708, se cambió el destino de la ex sede del Senasa que operó hasta 2015, año en que entró en remodelación. Las obras nunca avanzaron.
Conocida la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el ente que controlaba desde Rosario la Hidrovía Paraná-Paraguay, el propio Giuliano se pronunció ante La Capital al respecto: «Como rosarino, es una tremenda injusticia. Rosario fue designada como sede del ente que gestiona la vía navegable troncal por su importancia y trascendencia, proyectada a futuro como una enorme posibilidad de expansión. Como integrante de un país federal, esto es un retroceso y un avance unitario. Excluyen a las provincias del ente que permitía no solo el control sino también la distribución del peaje en obras que se iban a llevar a cabo en cada uno de los puertos de las provincias argentinas».
El dragado del canal fluvial está a cargo de la firma belga Jan de Nul, pero circulan rumores de que el grupo Eurnekian habría propuesto al holding neerlandés Boskalis para participar en una futura licitación.
Lo cierto es que esta decisión margina a gobernadores que dieron su aval, aunque algunos con reservas, y que apoyaron la salida de la Ley Bases en el Congreso. También habrá que analizar cómo impactará en la relación con la Casa Rosada y los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente.
Con información de La Capital
Publicado en lanuevacomuna.com