Tras el triunfo en las elecciones de medio término, el gobierno de Javier Milei aceleró el tratamiento legislativo de la reforma laboral, uno de los ejes centrales de su programa económico. El encargado de defender públicamente la iniciativa es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostiene que la flexibilización del mercado de trabajo permitirá crear empleo, mejorar salarios, atraer inversiones y modernizar un sistema que —según su diagnóstico— estaría anclado en el pasado.
Sin embargo, los principales especialistas en economía y derecho laboral consultados coinciden en rechazar de plano esos argumentos. Economistas, investigadores, referentes sindicales y representantes de las pequeñas y medianas empresas advierten que los supuestos beneficios de la reforma no sólo carecen de sustento empírico, sino que replican falacias ya ensayadas en experiencias previas, tanto en la Argentina como en otros países.
Uno de los ejes centrales del discurso oficial es que la reforma incentivará la creación de empleo. La evidencia histórica contradice esa afirmación. Estudios del CETyD-UNSAM, junto con el análisis de economistas como Claudio Katz y Diego Lorca, señalan que el empleo depende fundamentalmente del nivel de actividad económica y del consumo interno. Las reformas flexibilizadoras de los años noventa no redujeron el desempleo ni la informalidad; por el contrario, coincidieron con su expansión. En cambio, el período de mayor crecimiento del empleo registrado se dio entre 2002 y 2007, con una legislación laboral más protectoria y en un contexto de fuerte crecimiento económico.
Otro de los argumentos oficiales sostiene que la flexibilización permitirá mejorar los salarios al vincularlos con la eficiencia y la productividad. Los especialistas advierten que el efecto real sería el opuesto. La descentralización de la negociación colectiva y los acuerdos por empresa debilitarían el poder de negociación de los trabajadores y presionarían los salarios a la baja. En un escenario donde los salarios mínimos de muchos convenios ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la reforma profundizaría la precarización y el deterioro del ingreso, afectando directamente al mercado interno del que dependen las PyMEs.
El carácter “modernizador” de la reforma también es cuestionado. Lejos de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, el proyecto excluye explícitamente a los trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolos sin derechos laborales básicos. Para los especialistas, esto no representa una actualización normativa, sino la legalización de la precariedad en uno de los sectores más dinámicos del mundo laboral contemporáneo.
En relación con las indemnizaciones, el gobierno plantea que su reducción es necesaria para incentivar la contratación. Los datos oficiales muestran que sólo una minoría de las desvinculaciones laborales implica el pago de indemnizaciones completas y que la alta rotación del mercado laboral argentino limita significativamente esos costos. En un contexto recesivo, advierten, el abaratamiento del despido funcionaría como un incentivo para ajustar planteles de manera inmediata, agravando la destrucción de empleo.
Tampoco se sostiene la idea de que la reforma atraerá inversiones productivas. Economistas y representantes del sector empresario PyME coinciden en que la inversión depende de la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad institucional y la existencia de demanda. En un modelo centrado en la valorización financiera y con fuerte caída del consumo, la flexibilización laboral no genera incentivos para expandir la producción, sino que refuerza la lógica extractiva y especulativa.
El contraste internacional también desarma otro de los mitos oficiales. Mientras varios países de la región y del mundo avanzan en la reducción de la jornada laboral y en mayores niveles de protección, la propuesta argentina va en sentido inverso. La legislación laboral local, señalan los especialistas, es comparable a la de países desarrollados y no constituye un obstáculo estructural para el empleo ni la productividad.
Finalmente, el argumento de la llamada “industria del juicio” es desmentido por las propias estadísticas judiciales. La litigiosidad laboral representa una porción mínima del total de trabajadores y responde, en la mayoría de los casos, a incumplimientos empresariales de la normativa vigente. No existe un uso abusivo del sistema judicial, sino una consecuencia directa de la vulneración de derechos laborales.
En conjunto, los especialistas coinciden en que la reforma laboral impulsada por el gobierno no apunta a generar empleo ni desarrollo productivo, sino a modificar la relación de fuerzas en favor del capital, debilitando derechos históricos de los trabajadores. Bajo la retórica de la modernización y la eficiencia, advierten, se consolida un modelo regresivo que profundiza la desigualdad y erosiona el rol del Estado como garante de protección social.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com