El presidente Javier Milei decidió vetar por completo la Ley 27.790, aprobada por el Congreso a comienzos de junio, que establecía un fondo de $200.000 millones para asistir a los damnificados por las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca y Coronel Rosales en marzo pasado. La decisión fue oficializada a través del Decreto 424/2025, firmado junto a Guillermo Francos y Patricia Bullrich, y publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del martes.
Con esta medida, el Ejecutivo deja sin efecto el presupuesto que debía ejecutarse en un plazo de 30 días y que había contado con el respaldo de sectores opositores y parte del oficialismo. La Casa Rosada sostiene que “el 85,43 % del total de inscriptos para recibir el SUR ya obtuvieron el pago correspondiente, mientras que los casos bajo análisis representan el 10,55 % y los rechazos únicamente el 4,01 %”, en alusión al Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) creado previamente por decreto.
Objeciones del Gobierno
Desde el Ejecutivo argumentan que la norma vetada no indicaba el origen de los fondos, lo cual, según afirman, vulnera las leyes de administración financiera y responsabilidad fiscal. También cuestionan que Coronel Rosales no habría sido incluida en los informes técnicos que delimitaron las zonas afectadas, por lo que no justifican la asistencia a ese distrito.
Otro de los puntos que se destaca en el veto es que el Banco Nación ya dispone de herramientas para otorgar financiamiento a empresas y familias, restando valor a la línea de créditos blandos contemplada por la ley sancionada.
Realidad en el territorio
Pese a los avances en servicios básicos y asistencia social, la situación en la región sigue siendo delicada. Persisten problemas en infraestructura vial e hidráulica, y numerosos vecinos aún no han recibido la ayuda prometida, lo que alimenta las críticas al veto presidencial.
Reacciones y críticas
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se mostró en desacuerdo con la decisión: “Voy a intentar comunicarme directamente con el presidente; Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, declaró en conferencia de prensa.
Desde el Partido Justicialista bonaerense, también salieron al cruce con un comunicado en redes sociales: “La ayuda por una emergencia es un gasto para el Gobierno Nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador del (ministro de Economía, Luis) Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI (…), el Presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”.
Otras dirigentes de Unión por la Patria también expresaron su repudio. La senadora Juliana Di Tullio calificó la medida como “cruel”, mientras que la diputada Victoria Tolosa Paz habló directamente de un acto “canalla”.
Dilema legislativo
Con el veto total ya publicado, la posibilidad de revertirlo queda en manos del Congreso. Para ello se necesitaría una mayoría especial: dos tercios de los votos en ambas cámaras, algo difícil de lograr en el actual escenario de fragmentación parlamentaria.
La Nueva Comuna