En línea con su política de recorte estatal y bajo el marco de las facultades otorgadas por la Ley 27.742, el presidente Javier Milei firmó los decretos 450 y 452/2025, que reestructuran el esquema regulatorio del sector energético. La decisión implica la eliminación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), para dar paso a una nueva entidad que absorberá las funciones de ambos organismos.
El nuevo organismo, denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, asumirá en un plazo de hasta 180 días todas las tareas de fiscalización, control y normativización que venían cumpliendo ENARGAS y ENRE. Tendrá autonomía funcional y presupuestaria, y estará dirigido por un cuerpo de cinco miembros designados por el Ejecutivo, con aprobación no vinculante del Congreso.
Según se detalla en los decretos, la reforma busca “fortalecer la competencia, liberalizar la contratación entre privados, asegurar inversiones y garantizar la libre elección de proveedor por parte de los usuarios”. Además, se fija “la obligación de los distribuidores de contratar en el mercado a término y transparentar tarifas en función de los costos reales”.
Transición y centralización
La Secretaría de Energía será la responsable de conducir el proceso de transición, asegurando que los actuales entes sigan operando mientras se traslada el personal y los recursos al nuevo regulador. Desde el gobierno argumentan que la medida se fundamenta en principios de simplificación administrativa, atracción de capitales privados y adecuación a “estándares internacionales”, con el propósito de facilitar la inserción argentina en el comercio global de la energía.
El rol del Consejo Federal de la Energía Eléctrica
En este nuevo esquema, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica mantendrá un rol consultivo y técnico. Entre sus funciones se destacan:
Emitir opiniones fundamentadas —aunque no vinculantes— sobre los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del país.
Actuar como órgano asesor del Poder Ejecutivo Nacional en lo relativo a obras, concesiones y prioridades del sector.
Establecer los criterios de distribución de fondos como el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales y el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que conforman el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
Informar periódicamente al Ministerio de Economía sobre el cumplimiento de los principios tarifarios establecidos en la Ley 24.065.
Proponer normativas y disposiciones para una mejor aplicación del marco legal vigente.
El Consejo estará integrado por el Secretario de Energía —o su Subsecretario en caso de ausencia—, representantes del Ministerio de Economía y delegados de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los gobiernos locales. Además, podrán participar seis representantes del Congreso Nacional, tres por cada Cámara.
Críticas y advertencias
Aunque el gobierno argumenta que estas transformaciones permitirán “dinamizar” el sector energético, diversos especialistas y referentes del ámbito expresaron preocupación por la pérdida de autonomía de los organismos que históricamente velaban por la transparencia en la fijación de tarifas y la protección de los usuarios. La concentración de funciones en un único ente, bajo control del Ejecutivo, también plantea interrogantes sobre el equilibrio institucional y la calidad del servicio en un área estratégica para la vida cotidiana y la industria nacional.
Con información de El Diario Ar
La Nueva Comuna