La iniciativa promovida por el ex intendente Guillermo Montenegro acumuló denuncias de sobrevivientes de la última dictadura. Relatos de horror en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. “Nadie pondría un café en Auschwitz”, alertan quienes denunciaron el proyecto.
“Allí viví las dos o tres semanas más terribles de mi vida”, relata Alberto Pellegrini, hoy con 69 años, a casi medio siglo de su secuestro ilegal. “Las golpizas eran brutales. Un militar violó a una mujer a mi lado”, recuerda Pablo Mancini, de 72.
Ese “allí” alude a la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata. En la actualidad, la empresa Bullbarrel SA proyecta instalar un bar en el predio. Sin embargo, la Justicia ordenó frenar las obras por un plazo de sesenta días hábiles, que vence el próximo 8 de abril.
Los jueces Alejandro Tazza y Pablo Jiménez, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, solicitaron además a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas —querellante en la causa— que aporte mayores elementos para acreditar que la continuidad de las obras podría provocar la pérdida de pruebas vinculadas a violaciones a los derechos humanos.
Irma Piñeiro, integrante de la Asociación, señaló que tanto el informe de la CONADEP como más de veinte juicios de lesa humanidad acreditaron que la ex ESIM operó como Centro Clandestino. Formó parte del entramado represivo de la Fuerza de Tareas N°6 de la Armada, con base en la Base Naval de Mar del Plata.
El predio se ubica en el entorno del Faro de Punta Mogotes, con salida al mar. Piñeiro detalló que el área se extendía desde lo que hoy ocupa el balneario Honu Beach (ex DIBA), el Aquarium y el ex camping Luis Piedra Buena hasta la bajada del balneario Horizonte.
Según sostuvo, existen pruebas suficientes para demostrar que el sector donde se pretende emplazar el bar integró el centro clandestino. “Creemos que hay cuerpos enterrados porque se fusiló gente en el bosquecito, y eso lo saben los compañeros que estuvieron secuestrados”. Alberto y Pablo, entre otros, dieron testimonio de ello a Buenos Aires/12.
El sonido de una violación
Mancini tenía 23 años la noche del 8 de septiembre de 1976, cuando fue secuestrado. Estudiaba Arquitectura y había militado en organizaciones de izquierda y luego en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Permaneció alrededor de veinte días en la Base Naval de Mar del Plata y luego fue trasladado a la ex ESIM. En la sala de comunicaciones, recuerda, había un tocadiscos sonando a todo volumen de manera constante, dos mesas rectangulares y, en cada una, cinco sillas de mimbre. Pasaba las horas sentado, sin hablar, con la capucha colocada y las manos y los pies atados. Algunos detenidos dormían en el suelo; otros, sobre las mesas.
El día en que el tocadiscos se rompió, escuchó el grito de una mujer proveniente de otro sector del predio. Mancini rememora golpizas feroces y relata que un guardia violó a una mujer en la misma habitación donde él y otros permanecían detenidos.
El 15 de diciembre volvió a ser trasladado y recuperó la libertad la noche del 24. Pellegrini, por su parte, también estuvo detenido en la sala de comunicaciones. A la capucha le agregaron algodón y cinta adhesiva para vendarle los ojos. Coincide en el recuerdo de las mesas, las sillas, las ataduras en pies y manos y la imposibilidad de moverse, durmiendo sentados.
De aquellos días conserva el recuerdo del cuerpo cubierto de llagas y las piernas hinchadas. Un médico le diagnosticó flebitis, le recetó medicación y le indicó mantener las piernas elevadas, pero un militar pateó el banco donde apoyaba los pies.
Fue trasladado nuevamente y liberado el 28 de diciembre. Al llegar a su casa, lo esperaba todo el barrio. “Estaban todos los vecinos”, dice Pellegrini, quien cada vez que revive ese momento no puede evitar que la emoción le quiebre la voz.
Simulacro de fusilamiento
Entre otros testimonios, una mujer que también estuvo detenida en la sala de comunicaciones relató que en una ocasión fue sacada del edificio junto a otras personas, todas encapuchadas. Las subieron a un vehículo que dio numerosas vueltas y luego las obligaron a bajar en una zona arbolada. Las ataron a los troncos y simularon un fusilamiento.
Hoy, en el predio de la ex ESIM, se observa un bosque de árboles antiguos, de troncos gruesos y copas verde oscuro. En uno de los sectores hay una construcción, un container habitable de color negro con un cartel que dice Restinga, un contenedor de escombros y dos hombres que aparentan ser empleados.
Restinga es el nombre del gin que impulsa el proyecto del bar. La marca pertenece a Bullbarrel SA, cuya figura visible es el empresario Matías Iriarte, de poco menos de cincuenta años, vinculado a otros emprendimientos gastronómicos. No respondió a los mensajes enviados para esta nota.
Un proyecto rodeado de denuncias
La empresa ya había intentado avanzar con el bar en 2019, durante la gestión del entonces intendente Carlos Arroyo, y nuevamente en 2022, en el primer mandato de Guillermo Montenegro, ambos de Juntos por el Cambio. En esas oportunidades, el Concejo Deliberante frenó la iniciativa.
El 8 de agosto de 2024, ya en el primer año del segundo mandato de Montenegro y con mayoría propia, el proyecto fue aprobado. Hubo movilizaciones, recolección de firmas, denuncias preventivas de organismos de derechos humanos y advertencias de la Asociación de Familiares sobre la ausencia de un estudio de impacto ambiental y del informe de la Secretaría Legal y Técnica. Nada de eso alcanzó para detenerlo.
El Concejo Deliberante avaló una triangulación administrativa: autorizó el uso y ocupación de parte de una parcela municipal a la sociedad de fomento Faro Norte y, a la vez, habilitó un convenio para que esa entidad cediera el espacio a Bullbarrel SA.
La cesión se estableció por cinco años, con opción a prórroga por uno más. A cambio, el municipio percibiría un canon anual no inferior a tres millones de pesos, unos 250 mil mensuales, ajustables por inflación.
Inescindible
Frente a este escenario, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció penalmente a los quince concejales que votaron la ordenanza, a la empresa y a la sociedad de fomento. En una primera instancia, la Justicia, en base a la documentación aportada por el municipio, consideró que se trataba de dos predios diferentes.
El juez federal Santiago Inchausti sostuvo que no existen testigos ni pruebas documentales que identifiquen la parcela autorizada para el bar como un sitio donde se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Para la querella, en cambio, la parcela es inseparable del resto del predio. En su presentación judicial remarcó la necesidad de preservar “los predios en donde han acaecido violaciones a los derechos humanos” y subrayó la importancia de resguardar cualquier elemento que pueda servir como prueba, incluyendo los espacios donde las Fuerzas Armadas “operaron contra la población civil”.
“La memoria no es individual, es colectiva”, afirmó Piñeiro, quien agregó que “no se puede arrasar, como una topadora, con lo más sagrado. No se puede montar un bar para ir a bailar en un lugar donde hay muertos enterrados. Fue un Centro Clandestino, así de simple. Nadie pondría un café en Auschwitz”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com