BRUTAL INDIFERENCIA: ¿Tiene que morir alguien?
Por José Luis Jacobo
20.05.2012 | Catorce gremios conforman el entramado que articula la actividad de la pesca en Mar del Plata. Actúan como entes del Estado SENASA, AFIP (Aduana/DGI), OPDS, el organismo de control ambiental de la provincia de Buenos Aires, y obviamente Prefectura Naval Argentina.
Si se trata de las plantas de procesamiento, la comuna de Gral. Pueyrredon también articula un damero de actores para efectuar controles. Los millones que genera la pesca derraman de manera radial en esta comunidad, y es una de las actividades de mano de obra intensiva más importantes de este conglomerado urbano.
Nadie desde la política parece entenderlo. Me dicen que el intendente Gustavo Pulti ha actuado por detrás de la escena con llamados a funcionarios de todo orden, buscando que alguien ponga sentido común a la escalada de reclamos que mantienen la actividad pesquera literalmente varada sin rumbo ni destino previsible.
La toma del buque «Pionero» del armador Alberto Castro Arán, y la quema de la sede de la Cámara de Armadores por una turba mafiosa que claramente responde a Juan Domingo Novero, exponen sin cortapisa el estado de impunidad que campea en esta comunidad.
Tristemente, a horas de estos actos de vandalismo, ninguna fuerza política se ha expresado en abierto repudio a este accionar malévolo y recurrente. No debiera constituir novedad: mirar para otro lado se ha hecho mala costumbre.
A caballo de la idea de que la protesta social no puede ser criminalizada, sumario tras sumario a cuanto uniformado haya actuado conforme a derecho, la misma idea de actuar para cumplir con el rol que indica la tarea por la cual se percibe el salario público, se desvanece minuto a minuto, episodio tras episodio.
Tal como está planteado en la denuncia del abogado Oscar Gerez, hay claramente un incumplimiento de los deberes de funcionario público en el conflicto del puerto.
Lo irónico es que la denuncia la debe procurar el fiscal federal Claudio Kishimoto, el mismo que reporta al fiscal general de cámaras Daniel Adler, ambos incursos en la misma figura que se impetra contra los prefectos por su inacción en la violación de los derechos constitucionales de libre circulación y libertad de comercio llevada a cabo por el SUPA y el SIMAPE.
Esta falta de enjundia para cumplir con el deber que impone cada cargo público es claramente una forma de corrupción, menos nítida a los ojos del común, pero no por eso menos grave.
El miércoles pasado se hizo presente en Mar del Plata el número 2 del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Expresamente le señaló al fiscal general Adler que no hay más espacio para la indolencia y que debe normalizarse la situación en el puerto.
En una reunión tensa de la que participaron Pulti y Adler, el jefe de los prefectos locales Walter Guido recibió una manda directa de Berni: «esto se termina». ¿Se termina? Debería, pero quién sabe.
Castro Arán reveló que vienen recibiendo amenazas de muerte hace tiempo. ¿Tiene que morir alguien para que este desborde de impunidad caiga bajo control?
Es inaudito, demencial. No se trata de reprimir: se trata de ratificar con la acción del Estado los derechos fundamentales que garantiza para todos los ciudadanos la Constitución nacional. Eso es todo. Nada extraño, pero una rareza para los tiempos que corren.
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