Cuestionado por asumir sin aval legislativo, el jurista designado por decreto abandonó su puesto en medio de denuncias por “usurpación de cargo”
La breve y polémica estadía de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema llegó a su fin este lunes. Su designación, forzada por el Poder Ejecutivo en un gesto autoritario que ignoró el rechazo del Senado, fue señalada como un atentado contra la autonomía del Poder Judicial.
El senador Martín Doñate impulsó una denuncia donde sostiene que “García Mansilla se encuentra usurpando un cargo desde el momento en que avaló y aceptó esa designación palmariamente inconstitucional”. Además, remarcó el rol de la propia Corte en esta irregularidad: “a esa situación tan grave se agrega la falta seria cometida por la Corte, al tomarle juramento –un hecho que no se explica por resguardo de la Constitución o de los valores republicanos, sino por razones vinculadas con las internas que parecen gobernar a la vida del tribunal”.
A pesar de que su pliego fue rechazado formalmente por el Senado, el gobierno de Javier Milei avanzó con la designación vía decreto, hecho que fue ampliamente criticado por constitucionalistas, el arco político opositor y organismos del ámbito jurídico.
Doñate recordó que “un juez de la Corte Suprema NO PUEDE ser designado por decreto. Es un acto complejo que requiere intervención del Senado con una mayoría especial que impide el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.
También advirtió que el rechazo legislativo “deja ipso jure e ipso facto sin efecto su nombramiento, por tanto, no puede seguir ejerciendo la magistratura”.
Finalmente, tras semanas de presión institucional y cuestionamientos públicos, García-Mansilla presentó su renuncia, dejando atrás un capítulo que vuelve a poner en tela de juicio la relación entre el oficialismo y la legalidad republicana.
La Nueva Comuna