Minería: Reclamos de la Iglesia al Gobierno
Una de las protestas por el proyecto minero en Famatina.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Los obispos de noroeste argentino reclamaron al Gobierno nacional cuidar el medio ambiente en las zonas donde existen yacimientos de minas y "garantizar una provechosa participación de los pueblos en la distribución de beneficios y la transparencia económica" de esos emprendimientos mineros.
"Debemos como sociedad, buscar la verdad objetiva que subyace a esta cuestión planteada y que debe ser esclarecida por quienes tienen el conocimiento técnico y científico, no involucrados con los sectores interesados", remarcaron los prelados.
Los religiosos realizaron estas declaración en un documento que firmaron ayer en la reunión anual de obispos del NOE, que se llevó a cabo en la localidad salteña de Santa María, donde tiene jurisdicción la Prelatura de Cafayate.
"Hemos considerado los recientes acontecimientos de tensión social y violencia, vividos en distintos lugares de nuestra Región y conocidos por todos", apuntaron en referencia a los hechos sucedidos en las localidades catamarqueñas de Tinogasta y Andalgalá, donde hubo represión policial. Los obispos puntualizaron: "El compromiso con la ecología ambiental y humana constituye una responsabilidad para todo cristiano. La dignidad de la persona humana, la necesidad de preservar la Creación, nuestra casa común, y sus recursos (tierras, agua, bosques, minerales) así como la vida de los pueblos, nos motivan a dar nuestro parecer sobre la problemática relativa a las inversiones mineras, petroleras y agroindustriales".
"En estos temas, pedimos al Estado que ejerza estas funciones: asegurar desde el principio la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas por dichas inversiones; supervisar las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos económicos y la salubridad de los procesos de extracción; garantizar una provechosa participación de los pueblos en la distribución de los beneficios y la trasparencia económica de estos emprendimientos", añadieron.
Al respecto, afirmaron: "Debemos como sociedad, buscar la verdad objetiva que subyace a esta cuestión planteada y que debe ser esclarecida por quienes tienen el conocimiento técnico y científico, no involucrados con los sectores interesados".
"Tratándose de una realidad que afecta gravemente a la persona humana, a su salud, a su futuro y a la sociedad, las instituciones políticas y sociales han de llevar a cabo el debate que ello supone, a partir de un diálogo veraz y sincero", expresaron los prelados.
Pidieron además "velar por los legítimos intereses del Estado nacional y de las provincias y revisar la legislación, actualizar sus contenidos en función de los cambios que se han operado en la realidad, e informar convenientemente a la población para que conozca el desarrollo de esta temática que debe constituir política de Estado".
"El daño ambiental, cultural y social que se hubiera causado, a partir de estos emprendimientos y sus consiguientes actividades, exige en términos de justicia, la reparación proporcionada a los efectos padecidos por nuestro pueblo, lo cual tendrá que ser determinado por las leyes que oportunamente deberán dictarse en esta materia", comentaron.
Ayer, Cristina Fernández defendió la política minera gubernamental y advirtió que se exigirá a las empresas del sector "cuidado ambiental" y "reinversión de utilidades en las propias comunidades" donde se desarrollan esos emprendimientos.
"Hay que exigirles a las empresas el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades, lo vamos a hacer y vamos a trabajar", aseveró la mandataria al referirse a la actividad que afronta cuestionamientos con manifestaciones de vecinos, ambientalistas y pueblos originarios.