La ley de Emergencia en Discapacidad, que el Senado aprobó este jueves con insistencia, constituye un golpe directo al plan de ajuste del Gobierno en esta área. La norma obliga al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a reasignar partidas presupuestarias para garantizar fondos que recompongan el sistema de prestadores de salud, educación y transporte para personas con discapacidad, congelado desde diciembre pasado. Se calcula que esta medida beneficia de manera directa e indirecta a unos 250 mil trabajadores del sector.
La ley, vetada previamente por Javier Milei, restituye aumentos atrasados tomando como referencia el IPC del INDEC y compromete a la ANDIS a convocar a los prestadores para actualizar haberes a futuro. Pero su alcance va más allá: si se reglamenta en los mismos términos en que salió del Senado, derrumbará todo el plan de recorte de pensiones por “invalidez” impulsado por Diego Spagnuolo hasta su despido por el escándalo de las coimas. Además, la ley elimina la auditoría irregular que el exfuncionario dejó en marcha e incorpora cientos de miles de nuevos beneficiarios al sistema.
Las pensiones
El Gobierno había proyectado dar de baja alrededor de 500 mil pensiones por “invalidez” en 2025, meta que las organizaciones del sector expusieron en la reunión anual del Comité de Discapacidad de la ONU en Berlín. Spagnuolo participó del encuentro y no negó ese objetivo. Según el último informe de Francos en el Congreso, ya se dieron de baja más de 111 mil pensiones, lo que significó un “ahorro” mensual de $35 mil millones para el Estado.
La ley de Emergencia frena ese plan: el artículo 6 establece que para acceder a una pensión solo se requiere contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no percibir ingresos formales superiores a dos salarios mínimos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esta medida permitirá sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. A marzo de 2025, había más de 1,9 millones de personas con CUD vigente —el 4,1% de la población— pero apenas algo más de un millón recibe pensiones. El costo fiscal proyectado por la OPC se ubica entre $2 y $4 billones (entre 0,25% y 0,48% del PBI).
Este punto choca de lleno con los cambios introducidos por Federico Sturzenegger, quien había endurecido los requisitos exigiendo incapacidad laborativa total y prohibiendo compatibilidad con trabajos formales o ingresos de familiares. Con la ley, el CUD vuelve a ser el único requisito y el decreto de Sturzenegger queda sin efecto.
La auditoría
La ley también liquida la auditoría que Spagnuolo dejó lista para ejecutar el recorte de pensiones. El proceso nació con la famosa “radiografía del perro” que mostró Manuel Adorni, que según los audios filtrados era una noticia falsa. Esa imagen había sido usada para instalar sospechas de fraude y justificar la auditoría, al estilo de la narrativa usada para recortar el presupuesto universitario.
El procedimiento fue un fracaso: 504 mil cartas documento fueron rechazadas, se formaron largas filas de personas en la ANDIS sin saber por qué habían perdido su beneficio y los trabajadores fueron forzados a hacer horas extra para acelerar las bajas, mientras se destapaba el escándalo de coimas.
-La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detectó múltiples irregularidades:
-Fallas en la notificación: la carta documento no llegó a muchas zonas del país.
-Información insuficiente: el contenido era incomprensible para gran parte de los destinatarios.
-Trabas para actualizar documentación médica.
-Citas en lugares distantes o inexistentes, sin transporte accesible ni apoyos para el traslado.
Además, se descubrió que empleados eran instigados a cambiar domicilios para que las cartas no llegaran y así acelerar la baja del beneficio.
El artículo 16 de la nueva ley obliga a la ANDIS a implementar auditorías periódicas con un enfoque integral socioeconómico, notificaciones fehacientes y acceso claro a la información. Aun si el Ejecutivo decidiera no aplicar el artículo, las irregularidades podrían derivar en una avalancha de demandas judiciales: ya existe una cautelar en Formosa que ordena suspender la auditoría, y organizaciones sociales junto a la Defensoría General evalúan darle alcance federal.
La propia Defensoría advierte que quienes perdieron su pensión tienen argumentos legales sólidos para exigir la restitución y el pago retroactivo con intereses, tanto en casos de suspensión sin notificación fehaciente como de problemas con las citaciones.
Los prestadores
El sector de prestadores está en crisis: el último aumento fue del 0,4% en diciembre y, desde entonces, las tarifas permanecen congeladas. Esto afecta a unas 500 mil personas que utilizan el programa Incluir Salud o dependen de obras sociales, muchas de las cuales recortan prestaciones.
El resultado: familias que pueden cubrir el servicio lo hacen de su bolsillo, mientras que otras quedan sin asistencia. Según REDI, la hora de un maestro de apoyo se paga $3.000 y la de psicomotricidad $12.370, cifras muy por debajo de la inflación. En los talleres protegidos —herrería, carpintería, panadería— el Estado paga apenas $28 mil mensuales por trabajador.
La ley establece un aumento extraordinario para prestadores, financiado con recursos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el programa Incluir Salud. El costo es mínimo: apenas 0,03% del presupuesto, y en el caso de los talleres protegidos, el equivalente al 0,0008% del PBI.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com