Será recordado como un emblema de esta etapa. En la misma semana en que Javier Milei resolvió restringir el derecho a huelga mediante un decreto, el gobierno mostró la figura de Héctor Daer en la Casa Rosada. El aún titular de la CGT se retiró sin dar explicaciones y sólo alegó que su visita a Balcarce 50 obedecía a otro motivo. Pero su aparición fue suficiente para representar la cercanía entre la dirigencia sindical y el gobierno de La Libertad Avanza. El derecho a huelga está garantizado por el artículo 14 bis, inciso 75, de la Constitución Nacional —redactado en 1957 y reformado en 1994 con el aval de la mayoría de las fuerzas políticas—, pero Milei busca limitarlo al extremo mediante el DNU 340/25. La ilegalidad ya no es excepción, sino política pública.
En una Argentina donde la informalidad laboral trepa al 42% —el nivel más alto desde 1991, según cifras del INDEC— y afecta a 8 millones de personas, el presidente enfoca su ofensiva en los trabajadores formales, quienes sobreviven en un entorno laboral cada vez más degradado. Esta ofensiva es parte de un plan de flexibilización iniciado con el megadecreto 70, que provoca dos efectos simultáneos: la destrucción del empleo formal y el auge de trabajos sin derechos. En el núcleo exportador de aceites, que representa el 48% de las ventas al exterior, el sindicato de Aceiteros calificó el DNU 340 como un nuevo episodio en el enfrentamiento del gobierno contra el mundo del trabajo.
En otro tono y con otro recorrido político, Miguel Ángel Pichetto cosechó aplausos de todo el arco político el pasado miércoles en la Cámara Baja. “Presidente, yo me pregunto cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1% en los últimos seis meses”, lanzó, aludiendo a Andrés Rodríguez Larrea, histórico referente de UPCN, a quien conoce desde hace años pero señala como responsable de la entrega de derechos de los empleados estatales. Pichetto, que fue compañero de fórmula de Macri en 2019, se cuenta entre los más alarmados por el rumbo actual. En los últimos dos meses, subrayó, la inflación alcanzó el 6%, mientras que gremialistas funcionales al Ejecutivo validan aumentos del 1%. El nivel de complicidad es tal que hasta Armando Cavalieri mostró preocupación: el líder del sindicato de Comercio advirtió a La Nación que Milei podría llegar a prohibir los sindicatos, como ocurrió durante la última dictadura, y que su modelo puede desembocar en “un brote de violencia”.
Pichetto cuestionó a los gremialistas que sólo hacen presentaciones judiciales, sin enfrentar la situación en las calles, y alertó sobre un clima de intimidación que mantiene en silencio a importantes referentes sindicales. “Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir, que hay dificultades graves para llegar a fin de mes. Y el deterioro del Poder Legislativo, un empleo calificado de trabajadores capacitados ha tenido una pérdida de más del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”, le remarcó al presidente del cuerpo, Martín Menem. Este último, alineado con Karina Milei, enfrenta múltiples tensiones dentro del ámbito que dirige. Pichetto ejemplificó con un caso concreto: un trabajador categoría 3, en general con funciones técnicas de alta responsabilidad, cobra hoy menos de un millón y medio de pesos. Fuera del Congreso, el panorama es aún más sombrío.
La crisis de representación política es profunda. Durante la sesión frustrada del miércoles 21, en la que se intentaba votar una suba para las jubilaciones, el bloque de Unión por la Patria volvió a evidenciar fisuras. Tres diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, no estuvieron presentes. Según versiones difundidas, el avión de Aerolíneas Argentinas que traía a Ricardo Daives, José Gómez y Bernardo Herrera aterrizó tarde. Pero quienes siguieron el tema aseguran que los legisladores llegaron, subieron al vehículo oficial, y luego desaparecieron antes de llegar al Congreso. Horas más tarde, Zamora anunció que no desdoblará las elecciones provinciales, en sintonía con los deseos de Cristina Fernández. También estuvieron ausentes representantes cercanos a Raúl Jalil y Martín Llaryora.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, las fuerzas de seguridad a cargo de Patricia Bullrich desplegaron un nuevo operativo de amedrentamiento, aprovechando el anuncio de Manuel Adorni. La Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria enviaron unos 100 agentes cada una. En esta ocasión, el Grupo Motorizado de la Federal no atacó directamente como en ocasiones anteriores, cuando, en el marco de una escalada represiva, el gendarme Guerrero disparó en la cabeza de Pablo Grillo.
Los testigos coinciden: el objetivo del operativo era impedir la documentación y difusión de lo que sucedía en la Plaza de los Dos Congresos. Así agredieron con gas pimienta a Lula González, periodista de El Destape, y detuvieron al fotógrafo Tomás Cuesta. Los reporteros gráficos se han convertido en el blanco preferido de una represión que se repite cada miércoles. Nadie —ni manifestantes ni policías— sabe cómo terminará la jornada.
Luego de la victoria oficialista en la ciudad de Buenos Aires, Milei selló la tregua con Macri y lanzó una serie de anuncios. Lo hizo en medio de un abstencionismo sin precedentes, constante desde que comenzaron las elecciones en Santa Fe, y en un momento en que el electorado libertario parece reconfigurarse.
La elección dejó en claro que el presidente perdió el apoyo de los sectores populares, una diferencia clave con Macri. Su base actual se limita al votante tradicional del PRO. Desde allí busca consolidar una alianza en la provincia de Buenos Aires. Con escaso capital político, Macri tiene poco margen para negociar en un territorio donde el PRO aspira a mantener sus 15 intendencias. Tras las descalificaciones mutuas, ¿pueden Milei y Macri recomponer su vínculo más fácilmente que las distintas tribus del peronismo?
Los comicios de este año sugieren que el rechazo al sistema político ya no lo encarna Milei. El presidente se “castizó”, perdió su carácter antisistema, y el ausentismo creciente es señal de una desconexión más grave. Como plantea el politólogo Pablo Salinas, ya no se trata de bronca, sino de algo peor: “indiferencia”. Frente a un sistema que se desentiende de las urgencias sociales, cada vez más ciudadanos eligen no participar. Con apenas el 30% de los votos válidos, Milei se siente autorizado a ejercer una forma de autoritarismo. Puede hacerlo, al menos, mientras ese vacío no se le vuelva en contra.
El anuncio de Luis Caputo en la Casa Rosada confirmó su viraje sin pudor. Con un tono entre nervioso y arrogante, eludió la pregunta de Jonathan Heguier, dejando al desnudo las contradicciones de un plan económico conducido por un trader que guarda sus ahorros en la isla de Man.
En su último informe, Epyca advierte que Caputo promete un modelo alternativo que aún no existe, generando un vacío normativo e informativo. Según la consultora de Martín Kalos, los anuncios parecen diseñados para beneficiar a sectores con capacidad de ocultar el origen de sus ingresos. Aún así, advierten que los controles actuales tampoco funcionan. “La UIF recibe anualmente más de 50 mil reportes de operaciones sospechosas, pero menos del 1% se convierte en causas judiciales y casi no hay condenas efectivas por lavado”, indica el informe. Milei, implicado en la estafa de Libra, impulsa una amnistía para los dólares del narcotráfico.
La consultora señala que, sin una ley del Congreso, la propuesta carece de respaldo legal para tentar a quienes no ingresaron al blanqueo. El anuncio funciona más como una promesa dirigida a sectores sin ahorros, que desconfían del Estado y que están muy lejos de recibir algún beneficio de la política económica del gobierno. A mediano plazo, el efecto podría ser menor recaudación sin avances reales hacia una dolarización efectiva. “No se está promoviendo el uso cotidiano del dólar como medio de pago. No hay cuotas en dólares ni mecanismos para facilitar su circulación. Tampoco se resuelven los problemas estructurales del sistema impositivo, como la superposición de regímenes o la falta de coordinación entre Nación y provincias”, concluye el informe.
En el trasfondo, persiste la urgencia oficial por mantener un dólar artificialmente bajo, un esquema que cada vez se muestra más inviable. En abril, el superávit comercial fue de apenas 204 millones de dólares, frente a los 1.806 millones de abril de 2024. En el primer trimestre del año electoral, el superávit fue de 253 millones, muy por debajo de los 1.446 millones del mismo período del año pasado. Las exportaciones crecieron apenas un 2,3% interanual, mientras que las importaciones se dispararon un 37,3%.
Los datos de Abeceb son aún más alarmantes. “Con Brasil, nuestro principal socio comercial, el déficit llegó a 697 millones de dólares en lo que va del año —importaciones +53,6%, exportaciones -12,1%—. Con China, el segundo socio, el déficit fue de 999 millones de dólares, con un incremento del 92,5% en importaciones”, señala el informe.
“El primer cuatrimestre de 2025 cierra con un superávit comercial de USD 1.265 millones, apenas el 20% de los 6.208 millones acumulados en el mismo período de 2024”, concluye la consultora de Dante Sica, ex ministro de Producción de Macri. Un panorama inquietante, incluso con precios internacionales a la baja.
La Nueva Comuna