El gobernador Axel Kicillof anunció un incremento salarial del 9% para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dividido en un 7% en febrero y un 2% en marzo. Esta propuesta duplica la suba del 5% que Patricia Bullrich ofreció a Gendarmería, lo que generó malestar entre los efectivos de esa fuerza.
El aumento para La Bonaerense se da en un contexto de fuerte conmoción social por una serie de crímenes que involucraron a adolescentes en el conurbano, hechos que han ocupado un lugar central en la agenda mediática.
La suba es equivalente a la otorgada al conjunto de trabajadores de la administración pública bonaerense. Además, incluye mejoras en la compensación por uniforme para todos los efectivos y un ajuste en el pago del servicio de Policía Adicional (Polad), que corresponde a las tareas extras que realizan los agentes en sus días libres.
Mientras tanto, a nivel nacional, Bullrich enfrenta dificultades para contener la creciente protesta de gendarmes, quienes rechazan el aumento del 5% anunciado de urgencia para marzo. Con esta medida, la ministra intentó frenar las convocatorias a manifestaciones que se organizan en distintas ciudades.
Enfrentada a los reclamos de la fuerza, Bullrich afirmó: «Cuando el país crezca, les vamos a mejorar el sueldo».
El descontento dentro de Gendarmería viene en aumento desde hace semanas, impulsado por los reclamos informales de los agentes de menor rango, muchos de los cuales perciben salarios por debajo de los 600 mil pesos y deben afrontar costos elevados de alquiler y transporte.
Este lunes, Bullrich se vio en una situación incómoda durante su visita a Salta, cuando un padre de gendarme le hizo un reclamo directo.
«Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5%. Gana 25 mil pesos por día», le dijo en tono desesperado.
Además, la ministra se refirió a la problemática de la vivienda dentro de la fuerza. «Estamos trabajando para que nos den planes Procrear para viviendas», aseguró, en alusión a un programa que el gobierno eliminó en noviembre pasado.
Sin embargo, tras esa promesa, el gobierno de Javier Milei decretó este martes el cierre de la Secretaría de Vivienda a través del decreto 70/2025. Según el Ministerio de Economía, la medida busca que sean las provincias y municipios quienes se hagan cargo de las políticas habitacionales.
La disposición también elimina las subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda, aunque mantiene en funciones la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, bajo la dirección de Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei.
La Nueva Comuna