En una resolución firmada el 23 de septiembre, Ramos Padilla consideró que Arribas fue el “funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, es decir, la dirección que estaba a cargo del proyecto AMBA.
“Por su parte, la subdirectora Silvia Majdalani habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes”, agregó el juez federal de Dolores, quien reveló todo este entramado del espionaje electoral en Buenos Aires a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.
Según informaron fuentes judiciales a El Destape, este lunes la nueva causa siguió con movimiento. Por ejemplo, se presentaron diversos abogados defensores. Aún no lo hicieron víctimas.
Tal como surge de la resolución de Ramos Padilla hay más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de dos discos rígidos que acercó la intervención de la AFI a pedido del magistrado. Aún no fue analizado todo ese material. Los investigadores lograron ver en profundidad lo que corresponde a la base de Ezeiza, que estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, sindicado como el jefe de Marcelo D’Alessio, a quien se le amplió el procesamiento por los nuevos hechos. Ante este panorama no debiera sorprender si surgen otros acontecimientos relativos al espionaje de la AFI macrista.
A esto hay que sumar el material que había en las bases de la AFI en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Se trata de tres bases que el organismo de inteligencia ya tenía en territorio bonaerense y se sumaron al proyecto AMBA en abril de 2017. Esa documentación está siendo analizada. Por ejemplo, la intervención de la AFI halló el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan buscando la información solicitada por Ramos Padilla en la base de Mar del Plata. El caso del ARA San Juan se investiga en la justicia federal de la ciudad balnearia porque no ocurrió en tiempos del proyecto AMBA, que se extendió entre abril y diciembre de 2017.
El caso del espionaje bonaerense en 2017 pasó a ser una causa conexa al D’Alessiogate. Por ahora –y solo por ahora- se repiten dos imputados: Pablo Pinamonti, director del proyecto AMBA, y Ricardo Bogoliuk, jefe de la base Ezeiza.
El rol de Arribas
El papel que cumplió el jefe de la AFI macrista e íntimo amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, en este nuevo caso de espionaje ilegal quedó de manifiesto en la resolución de Ramos Padilla del pasado miércoles.
Por su parte, “el agente Vicente Melito señaló que prestó servicios para la AFI desde octubre del año 2016 hasta noviembre del 2017. Refirió que cuando ingresó mantuvo una entrevista personal con Gustavo Arribas y que éste le informó que se iban a crear las BASES AMBA para trabajar en ‘temas vinculados al narcotráfico y al crimen organizado y que esta nueva dirección se abría para ayudar a la gobernadora’. Declaró también que luego de esa reunión con Arribas, mantuvo otra con Pablo Pinamonti, a quien en ese momento no conocía y que en esa reunión participó también Silvia Majdalani”.
Melito fue uno de los coordinadores del proyecto AMBA junto a Daniel Salcedo. Y, coincidencias de los sótanos de la democracia, tenía relación con otro expolicía que pasó a la AFI y quedó involucrado en otra causa de espionaje ilegal: Jorge “Turco” Sáez, quien fue uno de los Super Mario Bros indagado en la justicia federal de Lomas de Zamora.
Salcedo y Melito también fueron citados a prestar declaración indagatoria por parte del juez Ramos Padilla. Se los espera el 6 y 7 de octubre en el juzgado de Dolores. Junto a ellos fueron convocados los jefes de las ya desaparecidas bases del proyecto AMBA como el agente Carreiras.
Es que con la excusa del proyecto AMBA se espiaron de forma ilegal a al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. “Se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”, escribió Ramos Padilla en la mentada resolución de 342 páginas. “En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó. Hasta realizaron tareas de inteligencia ilegal en comedores y merenderos.
Según pudo saber este medio, Bogoliuk apelará la decisión del juez ya que desde su entorno consideran que se apresuró en su decisión al no terminar de escuchar al resto de los imputados. También ponen reparos en torno al origen de la prueba. Pero aseguran que no cuestionarán la competencia de Ramos Padilla para intervenir, algo que se espera que hagan otros abogados defensores.
La superioridad
La mención sobre los reportes a la “superioridad” se repite en diversos testimonios acumulados en la causa. “Pablo Pinamonti señaló en su última declaración que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de la Dra. Silvia Majdalani”, escribió Ramos Padilla.
Hasta aparece una resolución firmada por Arribas en la que se “blanquea” el espionaje ilegal. Se trata de la resolución Nº 558/17. Allí, Arribas indicó Ramos Padilla. Quien acto seguido, concluyó
Por todo esto, Ramos Padilla prohibió salir del país a Arribas y Majdalani, también investigados en otras causas de espionaje ilegal como la de Lomas de Zamora, donde fueron procesados por espiar a CFK. El juez de Dolores les retuvo sus pasaportes, prohibió que se reúnan o comuniquen con otros imputados o agentes de la AFI y les trabó una caución de 20 millones de pesos. Este martes y miércoles espera escucharlos para luego definir su situación procesal.
EL DESTAPE
PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM