En medio de múltiples denuncias por supuestas irregularidades en el PAMI, en las últimas horas surgió un caso que intensifica la polémica en torno a la obra social de los jubilados. Por primera vez, un intendente se presentó ante la Justicia para radicar una denuncia penal.
Se trata de Esteban Santoro, jefe comunal de General Madariaga por la UCR, quien realizó una presentación conjunta con la Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados al PAMI. El escrito pide investigar presuntos hechos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, según consta en la denuncia a la que accedió este medio.
Desde diciembre, el PAMI trasladó de manera inconsulta a casi todos los afiliados de Madariaga, quitándole al hospital municipal unas 3.000 cápitas por servicios de guardia, atención médica e internación. Las prestaciones fueron derivadas al Instituto Médico Madagariense, una clínica privada del distrito.
Este tipo de operatorias se repite en otras jurisdicciones bajo la actual administración. En Jujuy, por ejemplo, afiliados fueron enviados a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar, según se informó. Hasta ahora, no hubo reacción por parte de la Cámara baja ni de la Justicia federal ante estos movimientos.
El PAMI está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, quien designó a Esteban Leguizamo al frente del organismo. Lugones proviene del sector privado de la salud y es uno de los propietarios del Sanatorio Güemes.
Además, es padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo —estratega presidencial— en la consultora Move. La relación entre ambos estaría tensa luego de que el PAMI adjudicara un contrato de $500 millones de dólares al Grupo Clarín para la provisión de pañales para adultos, en medio de críticas públicas del presidente Milei hacia ese multimedio. Esto habría incomodado a Caputo frente al entorno presidencial.
“El sistema informático de PAMI es sumamente específico y cuenta, en teoría, con altos estándares de seguridad: todo movimiento queda registrado. Y en este caso no se reasignaron uno o dos afiliados, sino cerca de 10 mil”, advirtió Leandro Alonso, abogado del municipio.
La denuncia presentada por Santoro también menciona que la misma clínica fue beneficiada con la atención de jubilados de municipios vecinos, algunos ubicados a más de 70 kilómetros. Los hospitales municipales de esas localidades quedaron sin las cápitas, pero siguen brindando atención a los afiliados.
El caso ya empieza a tener repercusión en Pinamar y Villa Gesell, donde funcionarios locales también expresaron su preocupación. Crece la sospecha de que podrían emerger maniobras similares en otros distritos.
El traspaso de cápitas implica una transferencia mensual de fondos. Según fuentes cercanas al caso, la clínica seleccionada recibiría más de 80 millones de pesos por mes por prestaciones que, en muchos casos, no estaría brindando.
Una maniobra parecida había sido cuestionada en 2021 durante la gestión de Luana Volnovich, pero fue desactivada tras el escándalo. No obstante, este año volvió a evidenciarse una reasignación masiva de afiliados.
“En ocasiones anteriores al menos enviaban una carta documento notificando el cambio de prestador. Esta vez lo hicieron sin avisar, y a mitad de mes, dejando a pacientes del hospital público sin cobertura clara”, explicó Alonso.
El viernes pasado, Santoro y Alonso se presentaron en la UFI PAMI, que resolvió acompañar la denuncia. La presentación fue radicada en Mar del Plata, aunque podría ser trasladada a Dolores.
En la sede local del PAMI no brindaron respuestas, y argumentaron que ese tipo de decisiones requieren habilitaciones desde niveles superiores. Las sospechas apuntan a la delegación regional de Mar del Plata, que incluye a Madariaga y estaría bajo influencia del espacio político de Sebastián Pareja. El ministro Lugones, por su parte, no ha emitido declaraciones ni mostrado señales de intervenir frente a las denuncias.
“Vos no movés 10 mil cápitas de un día para el otro sin que haya un alto nivel de responsabilidad detrás”, sentenció Alonso, quien solicitó una auditoría informática.
Jorge Villalba, secretario de Salud de Villa Gesell, contó que en agosto el hospital municipal perdió la cobertura de 1.000 jubilados. “Me enteré en enero. Estamos hablando de una pérdida de 12 millones de pesos por mes”, dijo en diálogo con Radio Municipal de Gesell.
Villalba explicó que muchos jubilados no pueden viajar hasta Madariaga, por lo que siguen atendiéndose en el hospital local, sin que eso se pueda facturar al PAMI. “Eso lo absorbe el municipio”, agregó.
En Pinamar y el Partido de La Costa también se detectaron situaciones similares. Alonso relató que “les pagan remises a los jubilados para que se trasladen hasta Madariaga”, aun cuando existen clínicas locales que antes contaban con cápitas asignadas.
La denuncia incluye casos concretos, como pacientes con operaciones programadas en hospitales municipales que no pudieron realizarlas tras la reasignación.
“Más desprecio por el afiliado, imposible. No estamos hablando de un simple error administrativo”, indica la denuncia. Se detalla, además, que el hospital municipal continúa atendiendo a unos 120 pacientes por mes, pese a que sus cápitas fueron reasignadas.
“Y lo más grave es que el Instituto sigue cobrando por esos afiliados, que al final terminan viniendo al municipio porque la atención en la clínica privada no es buena”, concluyó Alonso.
Con información de La Política Online
La Nueva Comuna