La multinacional francesa Louis Dreyfus Company (LDC), uno de los actores más importantes del comercio mundial de granos, despliega una intensa ofensiva en el Congreso para impedir que avance la derogación del decreto de Javier Milei que desreguló la Marina Mercante Argentina, según reveló el periodista Diego Genoud en El Destape.
La compañía, presente en Argentina desde el siglo XIX, amplió en las últimas décadas su presencia en Paraguay, donde el marco impositivo y regulatorio es más favorable, en especial para el transporte fluvial. Allí constituyó una importante flota de barcazas para trasladar soja, que con el decreto impulsado por Federico Sturzenegger puede operar con mayor libertad entre ambos países.
La semana pasada, Dreyfus intentó bloquear el avance del bloque peronista y de otros sectores opositores que buscaban anular el decreto en la Cámara de Diputados. Para disimular su intervención directa, la firma activó a la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que preside el CEO de Dreyfus Argentina, Luis Zubizarreta. “La posición de los diputados implica un retroceso en el proceso de revitalizar el sistema de transporte por agua con una normativa que favorecía a las cargas, permitiéndole acceder a fletes más competitivos con gran impacto en la reducción de los costos logísticos”, expresó la entidad, en respaldo al decreto 340/25, que establece el llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.
Pese a la presión, la votación del miércoles pasado en Diputados terminó con la derrota del oficialismo: 118 legisladores, entre ellos la bancada peronista, diputados de Miguel Pichetto, Facundo Manes, la Coalición Cívica y la izquierda, se pronunciaron contra el decreto. A favor de mantenerlo se alinearon 75 votos.
En Córdoba, por ejemplo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez —referenciados en Martín Llaryora— apoyaron la derogación, mientras que Alejandra Torres y Oscar Agost Carreño respaldaron el texto oficial, en sintonía con el interés de Dreyfus. Entre los “lilitos” hubo posturas divididas: Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Victoria Borrego se sumaron a la oposición; Paula Oliveto, Juan López y Marcela Campagnoli optaron por abstenerse. En la UCR de Rodrigo de Loredo también se dieron votos cruzados, como la abstención de Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño Carlos Sadir, y el acompañamiento de Julio Cobos a la oposición.
Gobernadores del Litoral plantearon su voluntad de “volver a las condiciones previas al decreto” y aumentar el control provincial sobre la actividad. El formoseño Gildo Insfrán, con fuerte peso en el Senado, es uno de los más activos en impulsar la derogación. Allí, el jefe del bloque peronista, José Mayans, también formoseño, será clave para el desenlace.
El interés de Dreyfus en esta normativa se explica por un certificado de excepción a la ley de Cabotaje que le otorgó el gobierno de Milei. Fuentes gremiales señalaron que la empresa buscaba operar con “barcos bajo el convenio de bandera extranjera, con el mínimo de tributación”. Los artículos 2° y 3° del decreto, que flexibilizan la contratación de tripulaciones, fueron judicializados por el sindicato del sector.
Instalada en Paraguay desde 2004, LDC fundó allí Lógico Paraguay, su propia compañía de transporte fluvial, con plantas de acopio y molienda de oleaginosas, y una de las mayores flotas de la Hidrovía. En 2024 adquirió 12 barcazas tipo jumbo fabricadas por astilleros paraguayos, todas con bandera de ese país. “Ellos aplican ese sistema de comprar embarcaciones en cantidad y le ponen bandera paraguaya. Pero es algo legal. Los uruguayos y los bolivianos hacen lo mismo porque acá los impuestos son más bajos y las medidas menos restrictivas”, explicó un referente del sector naviero paraguayo.
La elección de la bandera paraguaya responde a beneficios concretos: menor carga impositiva, menores controles sobre el flujo de capital y ventajas en el costo del combustible. Además, Paraguay exige que tres cuartas partes de la tripulación y el capitán sean nacionales, lo que abarata la mano de obra frente a la argentina.
Para los críticos, esta estrategia de “abanderamiento” extranjero erosiona la Marina Mercante nacional y reduce la recaudación local, mientras que para las multinacionales es un camino legal para optimizar costos. Ahora, la pulseada se traslada al Senado, donde, si el peronismo reúne 37 votos junto a aliados circunstanciales, podría tumbar definitivamente el decreto firmado por Milei el pasado 20 de mayo.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com