El voluminoso prontuario del financista de Espert
En Texas lo requieren por narcotráfico, lavado de dinero y le demandan 350 millones de dólares. En Florida fue condenado a pagar 179 millones por una estafa relacionada con aviones.
La cédula roja de Interpol donde se solicita la captura de Federico “Fred” Machado.
“350 millones de dólares en actividad criminal” es una frase que figura en la carátula del expediente que en el Distrito Este de Texas exige la localización de Federico (Fred) Machado, considerado financista de José Luis Espert. La acusación lo involucra con cargos como “conspiración para fabricar y distribuir cocaína; conspiración para lavar dinero; conspiración para cometer fraude; conspiración para violar normas de exportación; y conspiración contra las reglas federales de registro de aeronaves”. En total hay nueve imputados, encabezados por Debbie Mercer Erwin (condenada a 16 años) y Machado como presunto líder de la asociación ilícita.
Pero eso no es todo: en el Distrito Sur de la Florida, Machado también está imputado por defraudar a 22 personas mediante un esquema Ponzi. El empresario, bajo arresto domiciliario en Viedma y con pedido de extradición por parte de EE. UU., recibió pagos como garantía para la compra de aviones y montó un fraude: vendía el mismo avión a distintos compradores, cobraba anticipos y no restituyó el dinero. Según la jueza Beth Bloom, deberá pagar 179 millones de dólares —una cifra que sigue creciendo con los intereses acumulados—. El expediente lo describe como prófugo aunque “detenido” en Argentina.
Las justificaciones que naufragan
Durante días, Espert negó haber recibido no solo los 350.000 dólares en vuelos privados, sino también la transferencia de 200.000 dólares que figura en la causa de Texas. Cuando finalmente aceptó que había recibido el pago, sostuvo que fue un anticipo para una asesoría para otra empresa de Machado, Minas del Pueblo (Guatemala). No presentó contrato ni documentación cambiaria pertinente. Luego, en declaraciones radiales, afirmó —con el respaldo del presidente— que:
“Cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más”.
Pero en la causa de Texas Minas del Pueblo figura como parte de la trama de tráfico y lavado, incluso con sospechas de una pista de aterrizaje manejada por esa empresa guatemalteca. Se indica que vuelos habrían sido costeados por César Gastelum, operador del Cartel de Sinaloa —cuyo líder era El Chapo.
Machado casi reconoce su participación, pero la atribuye a un socio, Iván Morales, quien —según él— lo traicionó. Esa defensa resulta endeble frente a las acusaciones: algunos de sus aviones con drogas fueron retenidos en Colombia y México; además, en ciertos vuelos se desactivaba el localizador (transponder), lo que sugiere operaciones ocultas de transporte de estupefacientes.
Críticas internas y maniobras de dilación
Este sábado, Alberto Asseff, referente del partido usado por Espert en 2019, afirmó en Radio Milenium que “nos molestaba que se moviera en avión privado y dijera que buscaría financiamiento en EE. UU. Es evidente que necesitaba un partido…” Es decir, sospecha que Espert buscó la candidatura por encargo de los financistas.
Por otro lado, José Bonacci, otro apoderado del mismo partido, declaró que se negó a firmar un comprobante que acreditaba la entrada de 400.000 dólares a la campaña —producto supuestamente de una cena en Palermo que nunca se realizó—, lo que configuraría un intento de blanquear fondos.
La Corte y el congelamiento del proceso de extradición
La Corte Suprema tiene el pedido de extradición desde 2022 y recibió un dictamen favorable del Procurador Eduardo Casal en 2023. Pero, como denunció el ministro bonaerense Juan Martín Mena, mientras el máximo tribunal demoró solo 70 días en condenar a Cristina Kirchner, lleva más de tres años sin avanzar en el caso Machado.
El exlegislador Jorge Yoma afirma que Machado intentó contratarlo para que gestionara dilaciones en la Corte Suprema, pero Yoma rechazó. Recientemente, el juez Gustavo Villanueva (Neuquén) volvió a consultar si seguía vigente el pedido de extradición. Desde EE. UU. respondieron que Machado debe dejar su casa en Viedma y ser trasladado a una prisión texana. Pero no hubo avances decisivos.
La causa de Florida
Hasta ahora poco conocida, la justicia de Florida también reclama a Machado. La jueza Beth Bloom ya impuso una condena por un esquema Ponzi radicado en el Distrito Sur de la Florida. Machado operaba mediante un fideicomiso con decenas (algunas fuentes dicen centenares) de aeronaves, matriculadas en Onalaska, cerca de Dallas.
Según la investigación, no solo hubo vuelos vinculados con narcóticos, sino un fraude sistemático: múltiples personas pagaban garantías y anticipos por un mismo avión bajo esquema Ponzi. En el proceso, Bloom exigía que los damnificados notificaran fehacientemente a Machado, pero como él estaba en Argentina, no recibía notificaciones. Finalmente, aceptó que la publicación de su reclamo en un diario de Miami equivaliera a notificación válida y así la causa pudo avanzar.
La jueza determinó montos por daños compensatorios (29 millones), daños triplicados (58 millones), daños punitivos (87 millones), intereses previos (5 millones) y una tasa diaria de intereses posterior (unos 20.000 dólares por día). El total ronda los 179 millones —y continuará creciendo si no se paga.
Las implicancias para Espert
Los problemas no solo recaen sobre Machado. Espert debe responder ante la justicia por las acusaciones de financiamiento narco y lavado de dinero. La causa inicial fue presentada por Adrián Bastianes (del partido Voz Ciudadana) y se investiga en Comodoro Py bajo el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano. Se examinan los 36 vuelos que Espert realizó en aviones de Machado —unos 350.000 dólares sin declarar. Aunque Espert adujo que esos gastos fueron responsabilidad del partido, testigos aseguran que todo lo manejaban él y Machado.
También existe una denuncia del dirigente Juan Grabois por la transferencia de los 200.000 dólares. Ese expediente está en la justicia federal de San Isidro, con juez Lino Mirabelli y fiscal Fernando Domínguez. Domínguez aguarda la copia de la causa de Comodoro Py para definir si corresponde instruir en San Isidro o sumarla al expediente de Retiro. Esa decisión lleva varios días demorada.
Así, Espert no solo debe decidir con Milei si continúa su candidatura, sino que, de acuerdo con lo que muestran los expedientes, necesita fueros para evitar responder por los viajes en aviones sospechosos y la transferencia de dinero con presunta vinculación narco.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com