Investigarán a Campagnoli
A pesar de haber sido desplazado de la causa que indaga por supuesta extorsión al empresario Lázaro Báez, el fiscal José María Campagnoli seguirá siendo investigado por la justicia por «violación de secreto», a raíz de la sospecha de que uno de sus dictámenes fue filtrado a los medios antes que a las partes. Se suma al expediente que intenta determinar si parte de su pesquisa fue manipulada por abogados del Grupo Clarín, que poseían un borrador de su dictamen fechado el 22 de mayo.
Por: Gabriel A. Morini
A pesar de haber sido desplazado de la causa que indaga por supuesta extorsión al empresario Lázaro Báez, el fiscal José María Campagnoli seguirá siendo investigado por la justicia por «violación de secreto», a raíz de la sospecha de que uno de sus dictámenes fue filtrado a los medios antes que a las partes.
Se suma al expediente que intenta determinar si parte de su pesquisa fue manipulada por abogados del Grupo Clarín, que poseían un borrador de su dictamen fechado el 22 de mayo.
La Sala I de la Cámara del Crimen decidió revocar por «prematuro» el archivo de la causa contra el fiscal y ordenó que se profundice, lo que generará que se puedan unificar todas las denuncias por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario en un mismo expediente.
La decisión fue en base a uno de los múltiples planteos generados en torno a la investigación que instruye en los tribunales federales el juez Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero.
El miércoles 19 de junio, Campagnoli –en la instrucción «paralela» que realizaba– presentó su segundo dictamen, que incluía la acusación de que Báez y su entorno generaron una vía para ingresar al país bonos por 65 millones de dólares a través de diversas compañías, fruto de lo que se señalaba como una maniobra de lavado.
En la documentación oficial consta que ese dictamen fue presentado a las 13:30, al filo del horario judicial, por lo que no se comunicó a las partes ese día. El jueves y viernes siguiente fueron no laborables, pero el fin de semana, los datos fueron publicados por los diarios Clarín y La Nación con citas textuales del dictamen.
Ese documento recién fue incorporado a la causa el 24 de junio. María Gabriela Lanz, la jueza por entonces a cargo de la pesquisa por extorsión y que también fue declarada incompetente el 22 de octubre por la Cámara del Crimen, ordenó que se abra un nuevo expediente con el incidente.
El objetivo era investigar si Campagnoli, alguien de su fiscalía, o del juzgado pudieron haber violado el secreto y filtrado la información a los medios sin que las partes hubieran tenido conocimiento de sus actuaciones. La Fiscalía Correccional Nº 2 ordenó medidas de prueba pero finalmente decidió que se archive por inexistencia de delito.
El 30 de octubre, la Cámara, con las firmas de María Laura Garrigós de Rébori y de Mario Filozof, y la disidencia de Luis María Bunge Campos, aseguró que fue «prematuro» el cierre del expediente y que el abogado Jorge Chueco –que instrumentó la venta de la financiera SGI– podía dar impulso a la causa en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 en calidad de querellante. También aseguraron que el delito previsto en la violación de secreto de un sumario judicial incluye a Campagnoli en su rol de funcionario.
«No puede soslayarse la estigmatización que puede provocar para cualquier persona que se divulgue que está siendo investigada por la comisión de un hecho delictivo», afirmó Garrigós.
El hecho de que se conociera la noticia en los medios antes de que los imputados fueran notificados ha sido una práctica recurrente en este expediente de gran repercusión política.