Aunque quedó en segundo plano por el escándalo de las filtraciones, la Justicia mantiene activa la pesquisa sobre las responsabilidades políticas detrás de las muertes por fentanilo. La fiscalía detectó graves anomalías que podrían comprometer a funcionarios de la gestión de Milei.
Las revelaciones que involucran a un dirigente cercano al Presidente —quien admitió conocer un esquema de coimas en la cúspide del poder— y la respuesta oficial con un dispositivo casi autoritario en perjuicio de la prensa, eclipsaron —momentáneamente— otro proceso judicial que indaga más de un centenar de fallecimientos vinculados al opioide. Una causa que amenaza con generar nuevos sobresaltos al oficialismo.
El expediente dio un vuelco en las últimas semanas tras la resolución del juez federal Ernesto Kreplak, a partir de un planteo del Ministerio Público Fiscal: el Ministerio de Salud, que al inicio se presentó como parte querellante, quedó ahora bajo sospecha por posibles responsabilidades, ya sea por acción, omisión —o ambas—, al comprometer la seguridad sanitaria del país y exponer a la población a un riesgo masivo.
La investigación avanza y surgen elementos que comprometen cada vez más a las autoridades nacionales. Según trascendió, la ANMAT había formulado advertencias técnicas antes de que se fabricaran las partidas contaminadas.
Mientras los directivos de los laboratorios permanecen detenidos, la causa por las muertes con fentanilo adulterado sigue en curso. Hubo alertas internas en el sistema de control antes de que el producto ingresara al mercado y circulara en un circuito sanitario sin trazabilidad. Esa falla demoró imputaciones y detenciones. Sin embargo, y pese a las advertencias de la ANMAT, el Ministerio de Salud no detuvo la producción ni bloqueó la distribución. Tampoco limitó su circulación. Decisiones que podrían haber evitado la tragedia.
La tarea de fiscalización de la ANMAT —y, por ende, la responsabilidad política superior del Ministerio de Salud— resultó, en el mejor escenario, deficiente. Llamativo en un Gobierno que se autodefine como modelo de eficiencia administrativa. Llamativo, pero sobre todo grave: la falta de control en este nivel terminó en víctimas fatales.
La falla estructural que ahora indaga la Justicia puede convertirse en un nuevo flanco débil para el Gobierno. El relato de La Libertad Avanza se sostiene en la supuesta eficiencia estatal. La causa expone lo contrario: frente a un fármaco de altísima peligrosidad —que además circula en el mercado ilegal—, el sistema de control se desplomó.
En una entrevista en TN, recuperada en redes, García Furfaro relató presiones de inteligencia. Hoy ese registro suma más dudas sobre la interna libertaria.
Queda un interrogante: ¿fallaron los mecanismos de control o hubo alguna decisión que hizo que las alertas de la ANMAT no derivaran en la intervención del Ministerio de Salud? ¿Y si alguien ordenó ignorar los reclamos no por descuido, sino deliberadamente, con un “incentivo” para mirar hacia otro lado? ¿Y si apareciera un Spagnuolo en este expediente? La gravedad institucional sería enorme: un eventual caso de coimas que desembocó en más de un centenar de muertes inocentes.
La Justicia intenta esclarecer qué rol jugó la ANMAT en la tragedia. Si la ineficiencia es inquietante, la hipótesis de connivencia o complicidad del Ministerio de Salud resulta directamente alarmante. No hay aún pruebas firmes que acrediten dolo por parte de funcionarios, pero los indicios señalan una negligencia grave, reforzada por la inacción frente a advertencias previas.
Más allá de las posibles responsabilidades penales, el caso expone una debilidad mayor: un sistema de regulación insuficiente, con alertas que, aun cuando se encienden, nadie atiende. En el mejor de los casos faltaron controles; en el peor, se permitió —por acción o por intereses oscuros que la Justicia busca esclarecer— la circulación de un producto letal.
Ese es el rumbo de la investigación. Las pruebas llevaron al Ministerio Público y luego al juez Kreplak a poner bajo la lupa la conducta “reprochable” de los funcionarios nacionales. El expediente muestra que ya no alcanza con responsabilizar solo a los laboratorios: la cadena de responsabilidades llega también a quienes debían controlar y no lo hicieron.
¿Y si existiera un vínculo entre las filtraciones de la ANDIS y la inacción del Ministerio de Salud ante el fentanilo? Es una hipótesis que la Justicia no descarta. Al fin y al cabo, quien cobra un 3% en una ventanilla bien podría ampliar el botín con una suma similar en otra dependencia, esta vez mirando hacia otro lado.
Con información de Infocielo
Publicado en lanuevacomuna.com