Por Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
Una delicada crisis institucional se está abriendo en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Todo empezó con la autoconvocatoria de un sector del directorio para sesionar sin la participación de ningún presidente designado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En una entrevista exclusiva con este medio, Mario Dahul, ex productor rural, ex concejal y actual referente de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, calificó el episodio como un “golpe de Estado” dentro del organismo portuario.
Su análisis, que atraviesa cuestiones legales, antecedentes históricos y el funcionamiento económico del complejo exportador, aporta una mirada que vuelve a poner en discusión la relación entre el Estado provincial y los grupos agroexportadores que operan en la terminal.
Una autoconvocatoria que “ni ebrio ni dormido” podría ser legal
Consultado sobre la legalidad de la maniobra, Dahul afirmó:
“No conozco el reglamento interno del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Es muy probable que esté prevista la autoconvocatoria del mismo ante determinadas situaciones. En este caso especial, donde incluso citan que se autoconvocan para designar un presidente provisional, para nombrar un gerente general, yo esto creo que ni ebrio ni dormido debe figurar en ningún reglamento interno. Esto es una cosa traída de los pelos para justificar este verdadero golpe de Estado que quieren dar en el Consorcio de Puerto Quequén.”
Según el entrevistado, la maniobra no solo carecería de sustento reglamentario sino que además configura un intento de desplazar de hecho a la autoridad que debe nombrar el gobernador según la Ley 11.414.
“Intentonas golpistas ha habido y sigue habiendo en todo el mundo”
Sobre posibles antecedentes similares, Dahul señaló:
“Desconozco si hay antecedentes similares en organismos similares en la Argentina o en el mundo, pero intentonas golpistas ha habido y sigue habiendo en todo el mundo, así que no sería de extrañar que alguna cosa así pueda haber sucedido en otro lado.”
Si bien no cita casos puntuales, su respuesta deja entrever que, para la Asamblea, el trasfondo remite a operaciones de poder que exceden lo local.
El entramado político y económico detrás de la disputa
Dahul atribuye la maniobra a un sector del directorio fuertemente ligado a Terminal Quequén S.A., empresa cuya concesión está vencida desde hace más de tres años.
“La lectura política que hago de esto es que el sector vinculado íntimamente a Terminal Quequén Sociedad Anónima (…) pretende seguir quedándose a como dé lugar con dicha concesión. Evidentemente, el festín debe ser muy grande para no querer largarlo.”
El referente detalla que la terminal obtiene alrededor de 12 millones de dólares anuales por la operación logística, pero remarca que allí no se encuentra “la parte gorda del negocio”, sino en su rol como agroexportadora:
“Con las ganancias que estiman llevarse en los próximos 35 años (…) tienen un piso de 17.500 millones de dólares solo por la parte en blanco.”
Dahul describe maniobras de subfacturación, sobreprecios entre filiales de un mismo grupo, ajustes ficticios por demoras de buques y diferencias de calidad en las cargas que, según él, conforman “un sistema aceitado para licuar ganancias en Argentina y concentrarlas en el exterior”. Incluso ironizó:
“Es fantástico los milagros que hace la bioingeniería: sale una mercadería declarada acá como de calidad fulera y cuando llega a destino es de calidad súper.”
Señal de alarma: ¿un intento de condicionar al Ejecutivo?
Para Dahul, la autoconvocatoria busca presionar al gobierno bonaerense:
“Son manotazos de ahogado porque están sospechando que la provincia no va a ser tan condescendiente con ellos como sí lo ha sido en otras oportunidades.”
Recordó el caso de Bahía Blanca, donde en 2021 Cargill recibió una prórroga de 20 años por decisión del entonces presidente del consorcio local, Federico Susbielles, hoy intendente. Para Dahul, no es un antecedente menor:
“Cualquier parecido con cualquier realidad que ustedes vean seguramente algo tendrá que ver.”
La concesión vencida y el riesgo para el Estado provincial
En relación con el impacto a largo plazo, Dahul fue categórico:
“Claro que una concesión que sea lesiva para los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires lo compromete por décadas.”
Criticó que la empresa actúe como “okupa” en instalaciones del Estado y defendió una posible gestión directa por parte de la provincia:
“No se necesitan ingenieros nucleares para operarla. Es lo mismo que hace cualquier chacarero: recibe el grano, lo acondiciona, lo guarda y lo carga.”
El impacto oculto: 160 millones de dólares que no quedan en la región
Dahul denunció que las terminales pagan a los productores locales hasta 40 dólares menos por tonelada respecto del precio en Rosario, lo que implica una pérdida anual estimada en 160 millones de dólares:
“Esa cifra es absolutamente coincidente con lo que deben pagar esas exportadoras (…) por el medio flete muerto que tienen desde Rosario.”
El argumento de que Puerto Quequén sería un “puerto sucio” fue calificado como obsoleto:
“Muchachos, puerto sucio se lo denominaba cuando no teníamos la escollera extendida. Hoy el calado es de 50 pies y los días perdidos pasaron de 115 a 15 al año.”
“Debe derivar en una intervención ya”
Finalmente, Dahul sostuvo que el conflicto superó cualquier límite institucional:
“Esto no es que podría derivar: esto debe derivar en una intervención. (…) Esto ya no es una mojada de oreja, es una tomada de pelo.”
Y concluyó:
“El Estado debe intervenir el consorcio, nombrar un nuevo presidente y una nueva nómina de representantes. Estos que están no pueden seguir.”