Cárcel para Alesia Abaigar, bala para Pablo Grillo
La Argentina atraviesa un escenario político donde las respuestas del Estado frente a la disidencia o al reclamo social ya no se encuadran dentro de los márgenes democráticos. La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad ha desplegado una estrategia de castigo selectivo, brutalidad institucionalizada y disciplinamiento por vía judicial o represiva, según convenga. Dos casos recientes ilustran con crudeza este rumbo: el encarcelamiento de Alesia Abaigar, militante y funcionaria pública, y el silencio absoluto del gobierno frente al brutal ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo. A una, la celda. Al otro, la bala.
Cárcel para Alesia: castigo ejemplar y disciplinamiento político
El pasado sábado, el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de excarcelación de Alesia Abaigar y ordenó su traslado al penal federal de Ezeiza. ¿El delito? Participar de un escrache con estiércol frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert. Un hecho contravencional —como lo señaló su abogado, Daniel Llermanos— que, en cualquier otro contexto, hubiese implicado una multa o una citación judicial, no una prisión preventiva en una cárcel federal.
Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, fue trasladada a un entorno carcelario que pone en riesgo su salud: padece una enfermedad autoinmune que le impide estar en ambientes húmedos y expuesta al humo, y requiere vacunaciones periódicas. Pero esos factores fueron ignorados por la justicia. El mensaje es claro: el castigo debe ser ejemplar.
Desde el kirchnerismo y numerosos sectores políticos y sociales no tardaron en denunciar el caso como una persecución política abierta, en el marco del endurecimiento represivo promovido por el gobierno nacional. “Presa por mujer y peronista”, expresaron dirigentes como Anabel Fernández Sagasti, Lucía Cámpora y Lorena Pokoik. La defensa también fue categórica: “Está presa ilegalmente. Si participó del hecho, no pasa de una contravención municipal”, dijo Llermanos. Y apuntó: “Este fallo está manijeado por Patricia Bullrich”.
Bala para Pablo: impunidad, represión y silencio oficial
Mientras tanto, la ministra tampoco aclaró nunca el caso de Pablo Grillo, fotógrafo baleado en la cabeza por un las fuerzas de seguridad con un proyectil “disuasivo” disparado de forma horizontal —una metodología prohibida por normas internacionales de derechos humanos.
Grillo estaba en funciones, documentando la protesta social, cuando la represión estatal lo dejó al borde de la muerte. Salvó su vida de milagro. Después de múltiples cirugías reconstructivas y una recuperación extremadamente compleja, arrastra una pérdida irreversible de masa encefálica. Las imágenes de la herida son propias de un régimen de guerra, no de una democracia. Pero para el Estado, no pasó nada.
Ningún gendarme fue sancionado. Ningún funcionario fue removido. Patricia Bullrich jamás llamó a la familia de Grillo para ofrecer ayuda, apoyo ni siquiera para emitir un gesto mínimo de humanidad. El presidente Javier Milei también guarda silencio. No se ha expresado ni una sola vez sobre el caso, ni ha respondido al reclamo del colectivo de reporteros gráficos que viene exigiendo justicia y garantías para ejercer su profesión en libertad.
Nahuel Barros//
La Nueva Comuna