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Espert, atrapado en una trama judicial que se expande

Allanamientos en Beccar y en el Congreso

Tras hallarse un contrato en la casa de Fred Machado, se investigan nuevos pagos y posibles maniobras de lavado vinculadas al narcotráfico.

La Policía Federal encontró en un tacho de basura de la vivienda donde fue detenido Federico “Fred” Machado un contrato por un millón de dólares firmado en 2019 con José Luis Espert. Ese hallazgo derivó en una serie de allanamientos en busca de pruebas sobre eventuales transferencias o acuerdos financieros entre el diputado de La Libertad Avanza y el empresario señalado por la justicia estadounidense por delitos ligados al tráfico de drogas.

A pedido del fiscal Fernando Domínguez, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó dos procedimientos: uno en el despacho de Espert en la Cámara de Diputados —que ya estaba precintado desde la noche anterior— y otro en su domicilio de Beccar. Los agentes incautaron teléfonos, computadoras y documentación física y digital. El foco de la pesquisa es determinar si hubo lavado de activos provenientes del narcotráfico u otros ilícitos.

Cambio de defensa y acusaciones cruzadas

Tras quedar fuera de carrera electoral, Espert reemplazó a su abogado original, del estudio Cúneo Libarona —fundado por el actual ministro de Justicia—, por Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes también defienden a la droguería Suizo Argentina en la causa de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Freeland se quejó ante la prensa por no haber podido presenciar el operativo en la casa del diputado: “Nunca vi algo así”, protestó frente a las cámaras, y añadió que aconsejó a su cliente “entregar todo lo que le pidan”.

El abogado sostuvo además que el contrato encontrado en la casa de Machado podría haber sido “plantado”. Aseguró que su defendido fue víctima de una maniobra: “Machado necesitaba una causa penal en la Argentina para frenar el proceso de extradición a Estados Unidos”.

La extradición de Machado

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo notificó al juez neuquino Gustavo Villanueva que ya fue firmada la extradición de Machado, decisión que se comunicó a Washington. Villanueva había sido quien, en 2022, avaló su envío a Estados Unidos, aunque la Corte Suprema demoró más de tres años en ratificar el fallo. Con la confirmación de esta semana, y una vez que el país del Norte acuse recibo, se abrirá un plazo de 30 días para definir dónde será entregado.

Machado continúa detenido en una dependencia de la Policía Federal en Viedma —su ciudad natal—, donde cumplía prisión domiciliaria. Los tribunales de Texas lo acusan de tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude.

Dos causas abiertas

Los allanamientos se enmarcan en la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, luego de que su equipo detectara en el expediente judicial texano una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta asociada a Machado hacia Espert. Pero no se trata del único expediente: ya existía otro en Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, iniciado en 2021 por el denunciante Adrián Bastianes.

En ese expediente se investiga el uso de aviones de Machado por parte de Espert durante su campaña presidencial de 2019, además de la cesión de una camioneta blindada y presuntos aportes no declarados. Según el sumario, el diputado habría realizado 36 vuelos ese año, cinco de ellos junto a Machado, y los viajes habrían sido financiados por el empresario.

La nueva investigación de San Isidro, actualmente bajo secreto de sumario, apunta a los movimientos financieros y patrimoniales de Espert. El fiscal Domínguez pidió cruzar información bancaria, cuentas en el exterior y posibles vínculos con operaciones de lavado.

La Cámara de Diputados autorizó de manera exprés los allanamientos, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones. En su despacho del anexo B se colocó una faja de seguridad con la leyenda “antes de abrir consulte en dirección de Seguridad”. Los investigadores retiraron una caja con documentos y equipos informáticos.

En su vivienda de Beccar, donde vive con su esposa —propiedad adquirida tras la campaña de 2019—, Espert recibió al personal judicial, de Gendarmería y de la Policía Federal. El operativo se extendió por más de cinco horas y concluyó con el secuestro de tres cajas con carpetas, una computadora y su teléfono móvil, aparentemente desbloqueado.

El contrato bajo sospecha

En un video difundido la semana pasada, Espert admitió haber recibido 200.000 dólares, después de varios días de evasivas, y explicó que el dinero provenía de un “contrato de consultoría” con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Machado. Sin embargo, esa firma figura en la causa texana por lavado y narcotráfico.

El pago se realizó a través de Wright Brothers, una empresa vinculada al empresario, dedicada al leasing y venta de aeronaves. El giro fue emitido desde el Bank of America hacia una cuenta de Espert en el Morgan Stanley, identificado con la matrícula de uno de los aviones que utilizó durante su campaña: N28FM.

Lo que el diputado omitió mencionar es que el contrato formaba parte de un acuerdo mucho más amplio —por un millón de dólares— revelado luego por La Nación. El propio Espert reconoció que el convenio se firmó el 7 de junio de 2019, dos semanas antes de lanzarse como candidato a presidente, y que contemplaba un primer pago de 100.000 dólares al momento de la firma y otros nueve pagos mensuales de igual monto.

Machado confirmó en entrevistas previas que el acuerdo existió, aunque alegó que no se concretó por la pandemia. “Le di además entre 100 y 150 lucas más para gastos de campaña: comida, hoteles, aviones”, dijo, al admitir que esos montos no fueron declarados.

El documento del contrato apareció arrugado y con manchas de café dentro de un cesto de basura en la vivienda de Viedma donde Machado fue arrestado el mismo día en que la Corte Suprema aprobó su extradición.

Con información de Página 12

Publicado en lanuevacomuna.com

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