Ahora Echegaray no le devuelve el IVA a las cerealeras hasta que paguen la deuda impositiva

En un nuevo capítulo de la puja por la deuda impositiva de las cerealeras, el Gobierno cambió de estrategia para intentar cobrar los 600 millones de dólares que les reclama a las principales firmas del sector. La semana pasada venció la fecha límite que había establecido el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para regularizar la situación.

La Politica Online  |  29.10.2012 14:27:00

El Gobierno cambió de estrategia para intentar cobrar los 600 millones de dólares que les reclama a las exportadoras, a las que acusa de haber incurrido en una fraude. A través de la resolución 3397, la AFIP determinó que se incluya entre quienes están inhabilitados para percibir la devolución del IVA a los sujetos que "registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduanera ante esta Administración Federal".

Así, estableció que las deudas "se podrán consultar por medio del servicio de clave fiscal en la página web de este Organismo, ingresando a la opción denominada `Recupero de IVA por exportaciones – Consulta de deuda – Art. 4 – RG 2000/06".

Además, excluyó de la devolución del IVA a quienes "se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal". "Con relación a las aludidas exclusiones, en el supuesto en que a la fecha de la presentación originaria el solicitante no registrara deuda líquida y exigible, pero sí a la fecha de la rectificativa, se considerará la fecha de esta última", precisó la AFIP.

En otras palabras, el Gobierno intentará quedarse con el IVA de aquellas empresas que están acusadas de haber incurrido en las operaciones fraudulentas de 2007 y 2008.

El conflicto se inició por la aplicación de Ley 26.351, denominada Martínez Raymonda, que fue sancionada en noviembre 2007 y reglamentada en mayo de 2008. La norma establecía que "en caso de una nueva suba de retenciones, los exportadores pagarían el impuesto previo, sólo si pudieran acreditar la tenencia o adquisición de dichos granos, de lo contrario, abonarían el nuevo impuesto".

A fines de 2007, el Gobierno aumentó los derechos de exportación -en el caso de la soja, por ejemplo, pasó del 27,5 al 35 por ciento-. Según denunció la AFIP, las exportadoras habrían realizado una presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para poder abonar las retenciones con la alícuota antigüa -del 27,5%, en la soja- pero sin haber efectuado la compra de granos y cereales, como indica la ley.

Eso les permitió, más tarde, comprarle la cosecha a los productores pero cobrándoles a ellos la alícuota nueva -siguiendo con el ejemplo, la del 35% en soja-. A través de esta "maniobra fraudulenta" habrían conseguido una evasión global de entre 1450 y 1700 millones de dólares.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fijó como fecha límite al 20 de octubre para que las cerealeras le paguen U$S600 millones de esos U$S1700 millones por exportaciones mal liquidadas. Las pretensiones del Gobierno bajaron luego de cuatro años de la denuncia y a casi dos de la conformación de una comisión bicameral que investigó el tema y que al final no llegó a ningún lado.

De hecho, hasta el momento el Gobierno consiguió recaudar menos de U$S300 millones de toda la suma que reclamó en un principio. Sólo 20 de las 53 firmas que fueron denunciadas realizaron algún tipo de resarcimiento. La primera de ellas fue Alfred Topfer que le pagó a la Afip US$33,6 millones. Las gigantes Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble todavían resisten el reclamo.

El argumento de las exportadoras de granos es que, en realidad, obraron por una fisura que dejó la resolución del Gobierno. "Tendrían que haber cerrado los registros de ventas al exterior, como cada vez que se sanciona un aumento de retenciones, lo que hicieron las cerealeras era completamente legal», explicó a LPO una fuente del sector. «El error no fue de las cerealeras sino del secretario de Agricultura [de ese momento]", agregó.

El Gobierno no avanzó con dureza en este reclamo por año, pero en 2012 y frente a la necesidad cada días más imperiosa de conseguir dólares, comenzó a una creciente embestida contra el sector. Los controles y las resoluciones que afectan a las exportadores generaron una respuesta negativa de las firmas.

Según reveló La Política Online con información de distintas fuentes del sector, las exportadoras eligieron una estrategia de resistencia que ya le había dado un buen resultado a las empresas mineras en un conflicto de similares características con el Gobierno.

Decidieron retirarse del mercado de soja para evitar liquidar divisas al Banco Central en un momento de extrema necesidad de dólares por parte del Gobierno. Es decir, paralizaron prácticamente el mercado para demostrarle al Gobierno que todos salían perjudicados.

Escala el conflicto con las cerealeras: Echegaray acusó a Bunge de evadir 1.800 millones

La AFIP eliminó los reintegros de IVA a las firmas con deudas impositivas y expulsó a Bunge del Registro de Operadores, por evasión. Echegaray blanqueó así su estrategia de ahogar financieramente a las agroexportadoras hasta que paguen una millonaria deuda impositiva. Las cerealeras siguen sin intervenir en el mercado y ya hay preocupación entre los productores.

La Politica Online  |  29.10.2012 21:17:00

La pelea de fondo que enfrenta al Gobierno con las multinacionales cerealeras escaló hoy varios peldaños. Se trata de las principales compañías exportadoras de granos –básicamente soja- nucleadas en CIARA, que entraron en conflicto con la Casa Rosada por su negativa a pagar una deuda de más de 600 millones de dólares, generada por una maniobra que realizaron en el 2007 para evitar el impacto de un aumento de las retenciones que dipuso en su momento el gobierno.

Este lunes la embestida oficial que está a cargo del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sumó dos medidas que buscan doblegar a las cerealeras. Por un lado anunció que ninguna firma exportadora con deudas impositivas podrá recibir los reintegros de IVA.

La medida –publicada en el Boletín Oficial– vino a oficializar algo que ya estaba ocurriendo. Echegaray venía demorando el pago de esos reintegros como parta de un despliegue mas amplio –que incluyó engorrosos controles aduaneros a los buques cerealeros- y que apunta a complicar operativa y financieramente al selecto grupo de exportadoras que integran Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble, Molinos, Nidera, AGD y Vicentín.

De hecho, en los primeros nueve meses del presente año 2012 se pagaron reintegros de IVA por apenas 1177 millones de pesos, una cifra 68 por ciento inferior a la registrada durante el mismo período de 2011, según los últimos datos oficiales.

«Esta nueva disposición de la AFIP no es nueva; la mayoría de las empresas del sector cuentan con un retraso de al menos cinco meses en el cobro de la devolución del IVA», comentó a este medio un directivo de una importante firma agroexportadora.

«Lo único novedoso es que lo oficializaron», indicó la fuente, para luego mencionar que «obviamente estos retrasos entorpecen la cadena de pagos en la agroindustria dado que las empresas cuentan con esta devolución para realizar previsiones financieras».

El castigo a Bunge

Pero la embestida no se detuvo allí. Echegaray también anunció en conferencia de prensa una sanción directa a Bunge, la multinacional que dirige el argentino Raúl Padilla, que supo ser un firme aliado del kirchnerismo y que hacía gala de su relación directa con la propia Presidenta.

El titular de la AFIP expulsó del Registro de Operadores de Granos a Bunge, a quien reclamó, por diferentes conceptos, una deuda impositiva por $ 1800 millones. De ese monto, 550 millones corresponden a las retenciones mal liquidadas del 2007, que una ley de Martínez Raymonda vino a corregir.

Echegaray explicó que la expulsión responde a las maniobras de evasión impositiva que habría realizado Bunge a través triangulaciones en el Uruguay. «Hicieron maniobras de evasión en operaciones de triangulación con una zona franca de Montevideo, Uruguay», denunció el titular de la AFIP.

«Detectamos que fueron productos que se cosecharon en Argentina, se utilizó transporte argentino y se trasladó por carreteras argentinas, para luego ser vendidas en el exterior», agregó el titular de la AFIP, quien señaló que además Bunge «utiliza facturas apócrifas para reclamar la devolución del IVA».

Bunge tiene incluso al menos 50 propiedades embargadas en Córdoba, a partir de una investigación d ela AFIP que fue respaldada por la Justicia. Ya el pasado 1 de octubre Echegaray había suspendido a Bunge del Registro, fue un paso previo a la decisión tomada hoy.

Ahora, hasta que Bunge no pague la totalidad de la deuda impositiva reclamada y demuestre que se maneja de manera transparente no podrá volver al Registro. Esto no le impide operar pero aumenta sus costos: se le pasa a retener la totalidad del IVA que es de un 10,5% y el 15% del impuesto a las ganancias.

La respuesta de la cerealeras

En una estrategia que tiene sus altos y bajos, en consonancia con las negociaciones que se vienen desplegando por arriba y por debajo de la mesa, las cerealeras volvieron a retomar la línea dura de retirarse del mercado.

«El tema está en manos de la Justicia y esperaremos a que ahí se resuelva», señaló a LPO un empresario del sector, reiterando la estrategia de las multinacionales: No pagar nada hasta que una sentencia firme así lo disponga.

Esto ya comenzó a causar preocupación entre los productores que todavía pueden aguantar sin vender su cosecha, pero no por mucho tiempo más.

Las cerealeras están operando con lo que tienen en stock y dejan así flotando la amenaza de no comprar mas grano cuando este se le acabe y dejar al gobierno en una situación crítica ya que secarían la plaza de sólares.

Hasta ahora esto no ocurrió. De hecho CIARA informó que las empresas del sector agroexportador liquidaron divisas la semana pasada por una suma de u$s 335,7 millones yen lo que va del año dicha liquidación asciende a u$s 19.838 millones.