El documento que oficializa el veto presidencial fue remitido al Congreso, y ahora se deberá establecer una fecha para el debate en ambas cámaras.
El texto que consagra el veto a la ley de financiamiento universitario fue remitido al Congreso tras la decisión del presidente Javier Milei. Su llegada al Poder Legislativo confirma la postura del mandatario y habilita al parlamento argentino a definir una fecha para la sesión en la que se discutirá si se mantiene el proyecto o se apoya la posición del líder libertario.
El veto fue formalizado mediante el Decreto 879/2024, que se publicó en el Boletín Oficial en la madrugada de este jueves. Según fuentes de Ámbito, los legisladores están intentando unificar los pedidos de cuatro bloques parlamentarios – UCR, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Coalición Cívica – y la sesión podría llevarse a cabo el miércoles o jueves de la próxima semana.
El documento presidencial ya ingresó al Congreso.
En el texto divulgado en el Boletín Oficial, el Presidente expresó: “tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle el dictado del Decreto mediante el cual se rechaza totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757 (IF-2024-102408582-APN-DSGA#SLYT), por las razones detalladas en los considerandos”.
Con esto, el veto quedó formalmente oficializado y enviado al Congreso. Ahora, este deberá definir una fecha para reabrir el debate sobre el proyecto de financiamiento universitario.
En esta oportunidad, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores deberán votar de manera nominal (a favor o en contra) respecto al veto del Presidente. Si el Congreso decide insistir con la ley, se necesitará una mayoría calificada – dos tercios de los presentes – en ambas cámaras para que la ley sea promulgada.
De momento, no hay una fecha establecida para el debate del veto presidencial. Fuentes de este medio señalaron que, tras la llegada de la medida presidencial, se está trabajando para coordinar los pedidos de cuatro bloques distintos: UCR, UxP, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se espera que el tratamiento comience la próxima semana, el miércoles o jueves.
A pesar de no contar aún con una fecha, hay consenso dentro de la oposición para intentar sostener el proyecto de ley. Antes de que se hiciera oficial el veto, el senador radical Martín Lousteau había afirmado: “No creo que Milei sea tan terco como para vetar. Si lo hace, vamos a insistir con la ley en el Congreso”.
Es importante recordar que la ley había sido aprobada por ambas cámaras el pasado 13 de septiembre. El proyecto, impulsado por la oposición, logró 57 votos afirmativos, 10 en contra y una abstención en el Senado, mientras que en Diputados la votación fue más ajustada, con 123 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones.
Razones del veto
A pesar de la gran movilización de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno decidió vetar la ley de financiamiento universitario, argumentando que la misma buscaba “dañar políticamente al gobierno” y comprometer el equilibrio fiscal mediante la asignación de fondos presupuestarios no contemplados. Más temprano, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que acusaba a ciertos referentes de la oposición que asistieron a la protesta de formar “un nuevo frente populista de izquierda”.
En los considerandos del veto, Milei señaló que “el proyecto en cuestión no busca garantizar ni proteger el financiamiento de las Universidades Nacionales, sino afectar políticamente al gobierno”. Además, desde el oficialismo se destacó que “la propuesta viola manifiestamente el marco legal vigente, al no prever el impacto fiscal ni señalar la fuente de financiamiento”.
Por su parte, desde La Libertad Avanza, se aclaró que la intención es “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo, que debe actuar con responsabilidad institucional, evitando emitir normativas cuya aplicación sea perjudicial para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y egresos contemplada en el Presupuesto Nacional”.
Además, agregaron que “la gestión de los recursos públicos debe ser realizada de manera responsable, conforme a los fines públicos y principios de buena administración que guían toda política gubernamental, siempre orientada al bien común”.
Tras conocerse el veto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó en conferencia de prensa: “El gobierno no está en contra de incrementar el financiamiento para las universidades. Somos firmes defensores de la universidad pública. Sin embargo, nos oponemos a asignar fondos sin tener claro de dónde provendrán. Ese tipo de medidas, tomadas sin responsabilidad, nos han perjudicado durante muchos años en Argentina, y son parte de la causa de nuestra situación actual”.
Con información de Ámbito
Publicado en lanuevacomuna.com