LLA exige que el Estado cubra el costo de la renuncia de Espert. Fuerza Patria anticipa su rechazo. Con el calendario electoral al límite, Ramos Padilla detiene el trámite y convoca a todas las partes.
En la alianza oficialista libertaria no asoma el más mínimo gesto de hacerse cargo del gasto.
La Libertad Avanza (LLA) no solo notificó al juez electoral Alejo Ramos Padilla la renuncia de su principal candidato, José Luis Espert, sino que además pidió reemplazarlo por el dirigente del PRO, Diego Santilli, y reimprimir entre 15 y 18 millones de boletas para actualizar la imagen. Cada boleta cuesta entre 1.000 y 1.200 pesos, lo que elevaría la cuenta total a unos 18.000 millones de pesos. En las trece páginas del escrito presentado por LLA no se encuentra una sola línea en la que la alianza asuma el costo, dejando en claro que el escándalo derivado del vínculo entre Espert y el narco Fred Machado terminaría pagándose “con la nuestra”.
Voceros de Fuerza Patria confirmaron a Página/12 que el espacio opositor presentará un rechazo formal a ambos planteos de LLA: por un lado, objetarán el ascenso de Santilli al primer lugar de la lista, porque desplazaría a la candidata mujer que sigue en la nómina, Karen Reichart; y por otro, rechazarán que se carguen los 18.000 millones de pesos al Estado. El documento será presentado este martes. Todo indica que el proceso será lento y con apelaciones ante la Cámara Nacional Electoral, dejando sin margen de tiempo para rediseñar ni reimprimir las boletas.
Ante la controversia, la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense citó a todas las fuerzas políticas habilitadas a una audiencia el miércoles, y pidió al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que detalle “el costo de una eventual reimpresión total de la Boleta Única de Papel”, “si existe partida presupuestaria disponible” y los “plazos de impresión y entrega”.
Pagando el costo del narco
Tras meses de negarse a financiar al Garrahan, las universidades y las áreas de discapacidad, el oficialismo libertario parece no haber dudado en incluir entre sus demandas un capítulo titulado “Solicitud de impresión actualizada de la Boleta Única de Papel (BUP)”.
Entre los argumentos esgrimidos por LLA se sostiene que “puede volver a imprimirse porque las empresas aún no entregaron cantidades significativas”. Las imágenes obtenidas por este medio muestran lo contrario: la mitad del total ya fue producida y buena parte se encuentra embalada para su distribución en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata.
También alegan que “los tiempos materiales del proceso logístico son aptos para cualquier modificación”. Falso: el calendario no lo permite. Restan apelaciones, dictámenes de las demás fuerzas y, recién después, la aprobación judicial para imprimir.
LLA afirma además que “no hay obstáculo logístico ni económico”, dando por hecho que el Estado debe absorber el gasto de reemplazar a su candidato vinculado al narcotráfico.
El escrito concluye que “permitir que figuren candidatos que renunciaron induciría al error del electorado”, por lo que solicitan “ajustar la oferta electoral a la postura jurídica vigente, en resguardo del principio de transparencia y del derecho al sufragio informado”. En otras palabras, el partido exige que desaparezca toda huella de Espert en la boleta, pero sin asumir un peso de lo que eso implica.
Los tiempos no alcanzan
Fuentes de La Plata precisaron que las imprentas responsables tardaron doce días en producir la primera mitad del tiraje y planean completar el resto entre el 12 y el 15 de octubre, último día posible para preparar y distribuir los “bolsines” destinados a las 40.000 mesas de votación.
Considerando que un nuevo tiraje demoraría al menos diez días, los plazos no cierran. Faltan solo nueve días para la fecha límite en la que todo el material debe estar embalado y distribuido.
Con cautela, Ramos Padilla solicitó a la Junta Electoral bonaerense —integrada también por la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el camarista Jorge Di Lorenzo— una opinión técnica sobre la viabilidad de la reimpresión. Todo indica que la respuesta será negativa.
Además, el juez podría directamente rechazar el pedido: los plazos para oficializar boletas ya vencieron, y el cronograma logístico no admite más demoras.
Corriendo a la dama
El artículo 7 del decreto 171/2019, reglamentario de la ley 27.412 de paridad de género, establece que en caso de renuncia o fallecimiento de un candidato debe reemplazarse por quien le sigue en la lista, del mismo género. El espíritu de la norma es ampliar la participación femenina, no reducirla.
LLA, sin embargo, se aferra a la literalidad del decreto y propone que Espert sea sustituido por Santilli, un varón, desplazando así a Reichart, quien como segunda debería encabezar la lista. En términos de paridad, si Reichart asumiera el primer lugar, las proporciones se mantendrían: mujer-hombre-mujer, y así sucesivamente. Pero eso es justamente lo que la alianza no desea.
Fuerza Patria y Malena Galmarini ya anticiparon que plantearán escritos señalando que la maniobra vulnera el espíritu de la ley. Aun así, LLA cuenta con la letra a su favor: hombre reemplaza a hombre. No se descarta que tanto Ramos Padilla como la Cámara Nacional Electoral convaliden el criterio formalista.
Pero nada será rápido
El procedimiento es complejo. Primero, el juez debe solicitar dictamen a la fiscal electoral María Laura Roteta. Luego llegarán los escritos de Fuerza Patria, Galmarini y el resto de los partidos: en la provincia hay 18 listas de diputados nacionales, todas con derecho a opinar.
La pregunta es evidente: ¿se plantearía la reimpresión de 18 millones de boletas a 18.000 millones de pesos si el renunciante fuera un candidato menor, como María Fernanda Tokumoto Eyler o Juan Carlos Blumberg? Todo indica que no: la urgencia es exclusiva de LLA.
Las 17 fuerzas restantes podrían objetar el pedido, obligando al juez a resolver primero si acepta el reemplazo de Espert por Santilli. Cualquiera sea la decisión, habrá apelación ante la Cámara Nacional Electoral, compuesta por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas. Ese circuito judicial consume por sí solo los días disponibles, anulando toda chance de una nueva tirada.
Incluso si se aprobara la boleta modificada, los partidos tendrían derecho a revisar y validar el diseño antes de su impresión, prolongando aún más los plazos.
En paralelo, dentro de LLA estallaron los conflictos. Algunos referentes se oponen a que un dirigente del PRO encabece la lista, por considerar que contradice el discurso de “pureza ideológica” promovido por Karina Milei y Sebastián Pareja. Otros, en cambio, impulsan la candidatura de Santilli a toda costa y amenazan con hacer renunciar a Karen Reichart si el juez no acepta el cambio, tratándola como una ficha descartable.
Así, a días de las elecciones, el espacio libertario no solo pretende cargarle al Estado el costo de su propia crisis interna, sino que además expone, en plena campaña, su fractura y su desprecio por las normas que dice defender.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com