Un documento oficial del Ministerio de Capital Humano reconoce que la auditoría que Javier Milei, Sandra Pettovello y Nicolás Posse usaron para acusar que “la mitad de los comedores no existían” en realidad nunca fue realizada.
La revelación surge de la respuesta que la ministra Pettovello envió a la diputada Natalia Zaracho, en el marco de un pedido de acceso a la información pública iniciado en mayo de 2024. La diputada había solicitado copia del supuesto informe de auditoría citado por Posse en el Congreso para justificar la suspensión del envío de alimentos a miles de comedores comunitarios. Milei y Pettovello se habían negado reiteradamente a entregarlo, obligando a Zaracho a judicializar el caso hasta obtener un fallo favorable.
La contestación oficial es categórica: “la referencia genérica a ‘auditoría’ comporta una interpretación gramatical del entonces Jefe de Gabinete (…) y no corresponde a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley 24.156”. Más aún, el propio Ministerio admite que el documento solicitado “resulta ser inexistente”.
Un relato construido
En mayo de 2024, Posse había asegurado en el Congreso que “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”, afirmación que fue replicada por Pettovello y buena parte de los medios oficialistas para estigmatizar a las organizaciones sociales. Sin embargo, el Gobierno ahora reconoce que lo que se hizo fueron “supervisiones y verificaciones territoriales”, que no cumplen criterios metodológicos de auditoría.
El relevamiento citado abarcó apenas 2.193 espacios de los más de 35.000 inscriptos en el RENACOM —es decir, menos del 6% del total—. De esos, el Gobierno aseguró que 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos, mientras que el resto fue clasificado como inactivo o con datos inconsistentes. Incluso si la proporción fuera correcta, equivaldría a apenas el 3% del total de inscriptos, no al 50% que se difundió en cadena mediática.
Organizaciones como La Poderosa insisten en que el Gobierno nunca visitó físicamente los comedores: “Lo que se auditó fue la lista de anotados, los formularios. No fueron presencialmente a ninguno”, denunciaron. También advierten que, tras dos años de desabastecimiento, es probable que muchos hayan cerrado, lo que vuelve aún más grave el impacto del recorte.
Consecuencias y críticas
La suspensión de alimentos afectó a millones de personas y dejó toneladas de mercadería acumulada en galpones del propio Ministerio de Capital Humano, al borde de la descomposición. Dirigentes como Juan Grabois advirtieron entonces que el 50% de los comedores sí habían sido validados y que el Estado debía garantizar la entrega inmediata de alimentos. El resto de los casos, explicó, correspondía a errores de registro, dificultades de acceso o cierres forzados por el propio ajuste.
Un año después, la admisión oficial de que no existió la auditoría confirma que la narrativa utilizada por el Gobierno para criminalizar a los comedores fue infundada y que la suspensión del suministro de alimentos se tomó sin sustento técnico.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com