Esta semana se abre un nuevo capítulo sobre quién y cómo se controlan los servicios de inteligencia bajo el gobierno de Milei, en los pasillos del Congreso Nacional.
Después de que el presidente asignara por decreto un incremento de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como fondos para gastos reservados, se desató una nueva crisis política. El discurso libertario de reducir todo gasto público no parece aplicar cuando se trata de financiar una estructura de servicios de inteligencia. Además, al ser fondos “reservados”, no estarán sujetos a rendición de cuentas. Libertad para espiar, y poder para la SIDE. Hay dinero para el espionaje, pero no para educación, salud o pensiones.
Junto con los fondos, se realizó una reestructuración de la ex AFI, nuevamente transformada en SIDE, con un nuevo director y estructura que, según todas las fuentes periodísticas, está bajo la dirección de Santiago Caputo. Con él, regresarían al organismo los espías de Stiuso, el enigmático funcionario que dirigió la SIDE entre 1972 y 2013, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
No tardaron en llegar las críticas de diferentes figuras políticas, desde los denominados “dialoguistas” como los radicales o el peronismo no-kirchnerista, hasta el Frente de Izquierda, pasando por Unión por la Patria. Los partidos del sistema, que se alternan en el poder, aprovecharon la ocasión para mostrarse como opositores al gobierno de Milei o, al menos, diferenciarse. En este contexto, buscan capitalizar la debilidad de La Libertad Avanza en el Congreso.
El bloque de Pichetto, Encuentro Federal, convocó a una sesión especial de la Cámara de Diputados para este miércoles con el objetivo de rechazar los fondos asignados a la SIDE mediante decreto, contando con el apoyo de los radicales y la Coalición Cívica. La duda es si lograrán alcanzar el quórum necesario. Unas horas antes, el martes por la tarde, hubo una decisión importante que podría alterar ese plan.
Martín Lousteau, líder de la UCR, obtuvo la presidencia de la Comisión Bicameral que supervisa los organismos de inteligencia, gracias al voto de una senadora radical, Mariela Coletta, y seis votos del kirchnerismo. Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli, del kirchnerismo, quedaron como vicepresidentes. La Bicameral es responsable de auditar los gastos de la SIDE, así como de otros organismos de inteligencia, como los que operan en el Ministerio de Justicia, de Defensa (Petri) y de Seguridad (Bullrich). Ahora queda la incógnita de si los radicales, en particular, intentarán sesionar este miércoles para rechazar el decreto. Ya han adelantado su voto en contra los diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el sector de la UCR alineado con Facundo Manes.
Sin embargo, tanto radicales como peronistas “dialoguistas” y el kirchnerismo han utilizado y se han beneficiado de la misma estructura de servicios de inteligencia y del poder judicial en sus respectivos gobiernos. Con el argumento de la “seguridad” del país, los gobiernos kirchneristas, radicales, peronistas y macristas han dotado a la SIDE y otros organismos de fondos multimillonarios y funcionarios. Pero la historia muestra su verdadero objetivo: acumular información para usarla en beneficio de las élites gobernantes y sus propios intereses, todo bajo el manto del secretismo e impunidad de sus agentes.
Este espionaje ha servido siempre para garantizar la impunidad de los crímenes más atroces, ligados al gran delito como el narcotráfico, y por supuesto, para su uso político: extorsiones, causas judiciales para perseguir opositores o exfuncionarios, y la represión de sectores populares y organizaciones de izquierda. Las cloacas de la democracia. Desde los archivos de espionaje bajo la dictadura, aún sin abrirse, como cómplices de sus crímenes, pasando por la infiltración en la CGT y sindicatos (Alfonsín), el encubrimiento del atentado de la AMIA (Menem), hasta el espía Balbuena infiltrado en medios de comunicación alternativos y organizaciones de izquierda (Kirchner), y el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, sindicatos y organizaciones políticas (Macri).
Los gigantescos presupuestos destinados a mantener estos “servicios” nunca son cuestionados, y siempre hay una nueva “necesidad” (excusa) para ampliarlos. Así, cada nuevo ocupante de la Casa Rosada los utiliza para controlar, perseguir y reprimir a su antojo. La cuestión de fondo es desmantelar todo aparato de inteligencia creado para perseguir al pueblo trabajador y a quienes luchan, como propone el Frente de Izquierda.
Con información de La Izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com