Cinco militantes fueron privados de su libertad por una protesta simbólica frente a la casa del diputado libertario. La Justicia utilizó figuras penales desproporcionadas, con aval político. El caso genera repudios en el ámbito jurídico y de derechos humanos.
Una acción política de protesta derivó en detenciones que parecen más orientadas a sembrar miedo que a aplicar justicia. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, imputó a cinco personas por delitos graves tras un escrache contra el diputado José Luis Espert, ocurrido luego de que este se refiriera públicamente a Florencia Kirchner como «hija de una gran puta». Los cargos: atentado al orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos, cuando lo sucedido —colocar un pasacalle, arrojar estiércol y repartir volantes— se acerca más a una contravención que a un crimen federal.
Una de las detenidas fue Alesia Abaigar, empleada de la administración bonaerense, quien padece una enfermedad autoinmune. Pese a ello, la jueza dispuso su inmediato traslado al penal federal de Ezeiza, tratándola como una criminal de alta peligrosidad. El accionar judicial, señalado como desmedido por diversos actores, fue denunciado este viernes ante el Consejo de la Magistratura por los legisladores Vanesa Siley y Mariano Recalde, ambos de Unión por la Patria.
Con el correr de los días y ante la presión institucional y legal, Arroyo Salgado concedió la prisión domiciliaria a Abaigar, tras recibir informes del Cuerpo Médico Forense y presentaciones del CELS y la Procuración Penitenciaria, que intervinieron como amicus curiae en la causa. También ordenó la excarcelación de Candelaria Montes, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, mientras Eva Mieri permanecía detenida al cierre de esta nota. Aunque se flexibilizaron las condiciones, el mensaje ya fue emitido: se busca disciplinar.
“Presos por protestar”
“El gobierno de Milei y Bullrich necesita reprimir la protesta para sostener un modelo de ajuste. Por eso tenemos presos políticos. Presos por manifestarse, por escrachar donde no hay justicia”, sostuvo el abogado Adrián Albor, defensor de Abaigar, junto a Daniel Llermanos, en diálogo con El Destape.
Albor remarcó que se trata de un caso de abuso de poder judicial y advirtió: “Quienes hoy usan su investidura para perseguir disidencias políticas algún día deberán rendir cuentas. Así como Videla murió preso, sentados en un inodoro y con traje a rayas, algunos jueces podrían correr la misma suerte si no respetan los límites del Estado de Derecho”.
Críticas desde el CELS y el campo jurídico
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que “el escrache fue una expresión política simbólica”, sin violencia ni daño a bienes, y que el fallo fue «forzado y desproporcionado». Desde el organismo también cuestionaron el secreto de sumario, que limita el derecho a defensa y transparencia del proceso.
“El encarcelamiento solo se justifica si hay riesgos procesales comprobables, como peligro de fuga o entorpecimiento. En este caso, las personas tienen trabajo, domicilio, vida estable. En ningún caso estas medidas pueden tomarse por una contravención”, señalaron.
Para el director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, el fallo marca un precedente alarmante: “La novedad acá es que una jueza convalide el delirio jurídico del gobierno, elevando a delito federal una protesta barrial. Es un uso arbitrario del aparato punitivo para desmovilizar”.
Zaffaroni: “No todo acto molesto es delito”
El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni también se pronunció sobre el caso: “No se pueden forzar los tipos penales para incluir hechos que no representan un daño real al bien jurídico protegido. Lo que se busca acá es un castigo ejemplificador. Pero una protesta breve, con pasacalles e insultos, es algo que quienes ocupamos la función pública debemos tolerar como parte del juego democrático”.
Andrés Gil Domínguez: “Una sobreactuación inadmisible”
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez declaró que aunque no comparte el método del escrache, el uso de figuras penales como incitación al odio es “jurídicamente inadmisible”. “No hay ataque al orden público ni incitación al odio. Como mucho podría analizarse desde lo civil o contravencional. Pero aquí se ve claramente una instrumentalización de la justicia con fines políticos”, afirmó.
Gil Domínguez advirtió que el caso evidencia una crisis sistémica en el Poder Judicial, donde jueces individuales pueden tomar decisiones graves sin un debido control institucional.
Un uso punitivo del Estado
Desde el CELS alertan que la avanzada judicial contra quienes protestan tiene como objetivo inhibir la participación política. “En las últimas semanas hubo allanamientos, detenciones y esposas por un escrache. El Estado actúa como aparato de intimidación. Y hay sectores del Poder Judicial que se prestan a ese juego”, manifestaron.
El Plan Nacional de Inteligencia ya contempla vigilar a quienes representen “riesgos para la gobernabilidad”. La protesta pacífica empieza a ser tratada como amenaza.
Una reacción que también se judicializa
La diputada Siley y el senador Recalde presentaron una denuncia formal por mal desempeño contra la jueza Arroyo Salgado. «No actúa con imparcialidad ni prudencia. Está desbordada por el ensañamiento», sostuvo Recalde. “Un pasacalle y bosta de caballo no son delitos. Reaccionaron porque Espert insultó públicamente a la hija de una expresidenta”, agregó.
Siley, por su parte, exigió la liberación inmediata de los detenidos: “Estamos ante un caso de persecución política disfrazado de proceso penal. Ninguno de los hechos imputados justifica prisión preventiva”.
La Nueva Comuna