El gobierno ha anunciado la privatización de los 150 megahertz de espectro previamente reservados para la empresa estatal de telecomunicaciones, ARSAT, y que los medios comenzarán a pagar IVA. Nota al Pie conversó con Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom y actual presidente de Forja, para analizar la situación.
El presidente Javier Milei continúa avanzando con su plan de privatización del sector público, esta vez enfocándose en ARSAT y Enacom. Durante la conferencia de prensa de ayer, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que se pondrán a disposición 100 megahertz del espectro que el Estado había reservado para ARSAT, así como 50 MHz que estaban bajo la administración de Enacom.
Este anuncio se produce en un contexto de conflicto entre ARSAT y sus empleados, quienes se ven afectados por el congelamiento de las negociaciones salariales, afectando a más de 600 trabajadores.
Para entender las implicaciones de estas medidas, este medio entrevistó a Gustavo López, quien ha estado trabajando junto a Ricardo Alfonsín y Silvia Saravia de Libres del Sur en la creación de un frente político común.
«En octubre del año pasado, se licitó el espectro para el 5G, habilitando tres bandas de 100 MHz cada una, y tres empresas se presentaron a la licitación», explicó López.
De acuerdo con López, Claro y Personal adquirieron el máximo permitido, una banda completa de 100 MHz cada una, mientras que Telefónica se quedó con 50 MHz, la mitad de una banda. Los 50 MHz restantes se reservaron temporalmente para ARSAT hasta una futura licitación de otras bandas. Además, señaló que se había reservado una cuarta banda de 100 MHz para ARSAT, por razones estratégicas para el Estado.
«Se subastaron 250 MHz en total, en las bandas de 3300 a 3600 MHz, distribuidos en dos lotes de 100 MHz y uno de 50 MHz, con un precio base de 350 millones de dólares por lote», resumió López.
Respecto a la banda reservada para ARSAT, López subrayó que esta decisión se tomó por cuestiones estratégicas como la seguridad, ciberseguridad y geopolítica del Estado. «El objetivo era tener una reserva en caso de necesidad futura», aclaró, añadiendo que no había ninguna intención de montar una empresa de telefonía, sino simplemente que el Estado conservase una porción del espectro.
Esta justificación contrasta con las declaraciones de Adorni, quien sostuvo que la banda no se estaba utilizando, sin brindar más detalles.
López advirtió sobre las posibles consecuencias de vender las frecuencias reservadas, señalando que el Estado se vería obligado a pagar por un servicio privado que actualmente controla. Calificó la medida como «peligrosa», ya que implicaría depender de decisiones privadas.
Crisis en ARSAT
Los trabajadores de ARSAT están atravesando una situación crítica debido al congelamiento de las paritarias y un conflicto laboral que data de diciembre de 2023. Esta situación ha derivado en demandas legales, ya que muchos empleados están cobrando menos de la mitad de lo que estipulan los acuerdos previos, con una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%.
Con información de Nota al Pie
Publicado en lanuevacomuna.com