Por decreto presidencial, el gobierno nacional dio un paso más en su política de achicamiento del Estado al autorizar la concesión de las rutas nacionales más rentables al sector privado, mientras deja libradas a su suerte a aquellas que no resultan atractivas comercialmente. La medida —adoptada de forma silenciosa y sin debate parlamentario, como parte de las “facultades delegadas” que se autoatribuyó el Poder Ejecutivo— supone un golpe letal a una institución centenaria: Vialidad Nacional.
“Las rutas rentables serán concesionadas a privados, donde tendremos que pagar peajes, y el resto de las rutas quedará librada a su suerte”, advirtió el periodista y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, en declaraciones recientes. La frase sintetiza el espíritu de una decisión que deja expuestas no sólo a las provincias, sino a todo el entramado económico y social que depende de una red vial en condiciones mínimas de transitabilidad.
Una institución centenaria bajo amenaza
Vialidad Nacional no es una oficina burocrática más: es un organismo con más de cien años de historia, fundamental para el mantenimiento, señalización y reparación de las rutas que vertebran el país. Su trabajo fue clave en la reducción de muertes y lesiones por siniestros viales en los últimos años, a través de obras de infraestructura, capacitación y controles regulares.
Más allá de los números, la existencia misma de Vialidad ha tejido la vida de cientos de pueblos construidos al calor del camino, donde los trabajadores viales —desde los encargados de señalización hasta quienes hacen tareas de bacheo y mantenimiento de puentes— eran parte del paisaje y del circuito económico local.
El doble filo de la «motosierra»
La medida se inscribe en una lógica que el gobierno define como “eficiencia del gasto público”, pero que en los hechos representa un desmantelamiento del Estado en áreas estratégicas. Con la motosierra como símbolo, se han recortado partidas presupuestarias coparticipables a las provincias, lo que agrava aún más la situación de las rutas provinciales, muchas de las cuales ya están al borde del colapso por falta de mantenimiento y financiamiento.
La consecuencia es directa: mientras las rutas que pueden sostenerse a través del cobro de peajes se integran al mercado, las otras —menos transitadas, pero no por ello menos necesarias— quedan en manos de gobiernos provinciales con recursos menguados, o simplemente sin responsables claros.
Seguridad vial en jaque
El impacto de esta decisión no se limita al empleo o la obra pública: compromete de lleno la seguridad vial. Las rutas nacionales no solo comunican personas: son las arterias por donde circula la producción argentina, incluyendo las cargas destinadas a exportación. Abandonarlas, o dejar su mantenimiento en manos inciertas, es atentar contra la logística del país y encarecer indirectamente todos los bienes que se transportan por tierra.
A esto se suma la pérdida de un enfoque integral en la prevención de accidentes. Según Vialidad Nacional, gracias a su accionar coordinado se logró reducir significativamente la cantidad de siniestros fatales, algo que no puede garantizarse con una lógica meramente privatista, donde la inversión depende del rédito económico inmediato.
¿Achicar el Estado o dejarlo caer?
En este contexto, la pregunta que surge no es solo económica, sino ética y política: ¿se trata de achicar el Estado o de abandonarlo? La supuesta “modernización” se convierte, en los hechos, en una retirada. Una renuncia a lo público, que además no pasó por el Congreso ni por instancias de debate democrático.
Varios gobernadores han alzado la voz ante el abandono de rutas clave que afectan directamente el desarrollo de sus provincias. Pero el gobierno nacional parece seguir el camino de las decisiones unilaterales, delegando funciones sin garantizar las condiciones mínimas para que se sostengan.
En nombre de la eficiencia, el país corre el riesgo de perder una de sus redes más vitales. Y en ese camino, no se achica el Estado: se lo desangra.
Nahuel Barros//
La Nueva Comuna