El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 publicó los fundamentos de la última sentencia contra Marcelo D’Alessio, quien se presentaba como abogado y especialista en narcotráfico. En un extenso fallo de 1.022 páginas, se describió cómo funcionaban las dos asociaciones ilícitas que integraba, dedicadas al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de activos, mientras cultivaba contactos dentro del Gobierno y la Justicia.
Por este expediente, D’Alessio recibió una pena de 13 años y seis meses de prisión, que se sumó a otra anterior de cuatro años por extorsión. Actualmente permanece detenido en el penal de Ezeiza.
La primera estructura delictiva operó, al menos, entre julio de 2016 y febrero de 2019. Estaba integrada por el falso abogado junto a los exagentes de la SIDE Ricardo Oscar Bogoliuk —condenado a nueve años y medio— y Rolando Hugo Barreiro —sentenciado a seis—. También aparecieron los nombres de Carlos Liñani y del fiscal Juan Ignacio Bidone, aunque no fueron juzgados en esta ocasión: el primero se suicidó y el segundo quedó apartado.
Durante el juicio se acreditó que esta organización realizaba inteligencia clandestina, en abierta violación de la Ley de Inteligencia Nacional, y que utilizaba la información para desplegar maniobras extorsivas.
El tribunal determinó que accedían a bases de datos reservadas, como registros migratorios y de comunicaciones, a las que Bidone facilitaba el ingreso. Con ese material confeccionaban “dossiers” que luego servían como herramienta de presión. Otra estrategia fue usar medios de comunicación para reforzar amenazas, exhibir poder y generar presión mediática. Periodistas que declararon en el juicio tuvieron que explicar su vínculo con D’Alessio.
El veredicto del TOF N° 8
El tribunal integrado por Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez concluyó que estas asociaciones ilícitas dañaron gravemente la vida democrática.
“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función. Y también, sobre la tranquilidad de la ciudadanía de que no se conculque el derecho a la intimidad sin que el Estado realice espionaje ilegal sobre la vida privada de las personas”, afirmaron los jueces.
Respecto de los periodistas, funcionarios judiciales y dirigentes políticos que interactuaron con D’Alessio, señalaron que “en el mejor de los casos, se dejaron tentar por cantos de sirena y no estuvieron a la altura de lo que la sociedad pretende”.
Entre las pruebas figura una reunión celebrada el 14 de agosto de 2017 con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier. El propio ministerio reconoció el encuentro. Medio año después, D’Alessio seguía enviándole por WhatsApp a Bullrich reportes de inteligencia sobre “Los Monos” en Rosario.
Para el TOF N° 8, la ministra “pudo haber conocido que una persona que no pertenecería formalmente a ninguna fuerza de las que tenía a su cargo, ni a las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional, en dos oportunidades estaba realizando ‘investigaciones criminales’”, pero esas señales no derivaron en desactivar la organización.
Los jueces lo describieron como un personaje que combinaba “elementos reales y ficticios, tan versátil como carismático”: simulaba ser agente de la DEA, presumía contactos con la AFI, se mostraba armado, viajaba en autos blindados y hasta con sirenas.
El tribunal recordó además la sentencia anterior del TOF N° 2, que lo calificó como un especialista en “el arte de la simulación” que “le permitía extorsionar con lo que realmente era cierto y, si no había nada, lo inventaba”.
Las víctimas y las maniobras
Entre los casos probados figuran:
Diego Aníbal Vestillero: le exigieron 100.000 dólares por contenedor bajo amenaza de “fundirlo en dos minutos” y difamarlo.
Mario Cifuentes: lo extorsionaron con un falso informe de la AFI, pidiéndole 1,2 millones de dólares.
Gonzalo Brusa Dovat: fue presionado para declarar contra PDVSA y se lo presentó como “el Centeno de PDVSA”.
Pedro Etchebest: la extorsión que derivó en la causa actual. Le pidieron entre 800.000 y 300.000 dólares con información obtenida ilegalmente por Migraciones.
También se acreditaron maniobras contra Roberto Porcaro, Pablo Barreiro, Natacha Jaitt, José Manuel Ubeira y Jorge Castañón Distéfano, entre otros.
La segunda asociación ilícita: lavado de activos
La segunda organización, denominada “Grupo Buenos Aires”, funcionó entre marzo y diciembre de 2018. Estaba integrada por D’Alessio, Bogoliuk, Marcelo González Carthy de Gorriti, Pablo Bloise y Aldo Sánchez.
Su finalidad era el diseño de operaciones de blanqueo de dinero a gran escala en dólares y euros. Se ofrecían a captar fondos ilícitos, darles apariencia legal y reinsertarlos en el circuito formal, cobrando comisiones de entre 2,5% y 4%.
Aunque las transacciones no llegaron a completarse, la Justicia consideró probada la existencia de una estructura dedicada exclusivamente al lavado de activos.
Con información de lanuevacomuna.com