El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció la existencia de un sistema de peajes ilegales, ausencia de controles del Estado y malversación de fondos públicos en el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno Nacional. Las críticas apuntan a la Red Federal de Concesiones (RFC), una estructura creada por Javier Milei que, lejos de garantizar transparencia y eficiencia, consolida un modelo regresivo donde los usuarios pagan más por un servicio cada vez más deteriorado.
Según el informe “Contradicciones del Gobierno Nacional – Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’”, la política vial libertaria “viola los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa”, al imponer cobros obligatorios sin obras a cambio y sin caminos alternativos, tal como exige la ley.
Peaje o doble impuesto
El Conaduv reclama que la gestión vuelva a manos de Vialidad Nacional. Actualmente, la administración de las rutas recae sobre Corredores Viales S.A., una empresa estatal que —según el organismo— “opera como una estructura paralela y una caja política, dedicada exclusivamente al cobro de peajes sin realizar obras”.
La organización advierte que el cobro obligatorio contradice el principio constitucional de libertad de tránsito. Además, recuerda que el mantenimiento vial ya se financia con el Impuesto a los Combustibles, lo que convierte al peaje en “una doble imposición de carácter confiscatorio”.
Malversación modo Milei
El tributo a los combustibles genera más de 3.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, los fondos no se destinan a la infraestructura vial, sino que “son desviados hacia otros fines presupuestarios”, configurando —según la denuncia— una forma de malversación.
“El peaje no lo paga solo quien usa el camino, lo paga toda la comunidad, porque encarece el transporte y, en consecuencia, todos los precios de la economía”, explicó a Página/12 Ricardo Lasca, coordinador del Conaduv y miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos.
Mientras el Gobierno insiste con la retórica de la eficiencia privada, los proyectos licitados —como los corredores Oriental y Conexión— prevén financiamiento con fondos públicos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía. “Se traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional, contradiciendo el discurso oficial”, señala el informe.
Las empresas que hoy compiten por las nuevas concesiones, además, pertenecen a los mismos grupos económicos ligados históricamente al “club del peaje” y a la “patria contratista”, los mismos que prosperaron durante los años noventa.
El déjà vu de las privatizaciones
El esquema de Milei reedita el modelo implementado durante el menemismo, que prometió eficiencia y terminó en corrupción, falta de control estatal y obras inconclusas. En aquel entonces, se concesionaron más de 8.000 kilómetros de rutas bajo el argumento de financiar el mantenimiento con peajes. Treinta años después, el mecanismo vuelve con otro discurso, pero con los mismos actores y consecuencias previsibles.
Las nuevas licitaciones —que solo contemplan tareas básicas de conservación y limpieza— prevén un incremento tarifario superior al 200% y la instalación de 54 nuevos peajes: uno cada 97 kilómetros, en promedio. En el corredor que une Buenos Aires con Bahía Blanca habrá ocho peajes en 600 kilómetros; en la Ruta Nacional 11, entre Chaco y Santa Fe, cinco peajes en 500 kilómetros. “Sin inversiones reales ni ampliación de la red, el resultado será un nuevo golpe a la competitividad y al costo logístico nacional”, advirtió Lasca.
Sin control ni regulación
Las audiencias públicas del proceso licitatorio fueron meros formalismos, sin carácter vinculante. Los requisitos debatidos en esas instancias fueron luego anulados. Tampoco existe un ente regulador para un servicio que, por su naturaleza, debería tener la misma supervisión que la energía o el gas.
“Estamos a la buena de Dios”, resumió Lasca. La frase sintetiza un panorama en el que la promesa de “libertad” del Gobierno se traduce, en la práctica, en un sistema de peajes ilegales, rutas deterioradas y una nueva forma de saqueo institucional disfrazado de gestión eficiente.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com