Mientras intensifica el hostigamiento contra periodistas y sectores críticos, el gobierno despliega su verdadera hoja de ruta: el colapso del aparato productivo y la desarticulación de instituciones esenciales.
Distracción y demolición. En paralelo a su avanzada contra voces periodísticas disidentes —con denuncias penales sistemáticas, discursos cargados de descalificaciones y una narrativa que deshumaniza a la oposición—, la administración de Javier Milei acelera, sin grandes reflectores, el desmantelamiento del entramado industrial y del sistema institucional argentino. Un ejemplo claro: la nueva ola de desindustrialización ya supera en impacto a la vivida entre 1976 y 2002.
De acuerdo a un informe de Cifra-CTA, el valor agregado industrial retrocedió un 19% entre 2011 y 2024, una contracción más severa que la registrada en los 26 años de la etapa neoliberal previa (que alcanzó un 10,3%). Esta caída estructural avanza mientras los medios se ven absorbidos por las provocaciones del Ejecutivo, cuyo discurso polarizante actúa como cortina de humo, pero no por ello deja de ser dañino.
La construcción del enemigo interno
El presidente ha iniciado acciones judiciales contra al menos ocho periodistas en las últimas semanas: Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa. En todos los casos se esgrimen excusas similares: supuestas injurias, calumnias o transgresiones a normas internacionales vinculadas con el Holocausto. La única “falta” que parece perseguir con verdadero ahínco este gobierno es la divergencia ideológica.
El patrón es evidente: instalar un enemigo interno permanente que sirva como justificación para endurecer la represión y erosionar derechos. La recientemente promovida Ley Antimafias permite considerar como delito cualquier manifestación que genere «temor» a las autoridades, mientras que un decreto que modificó el reglamento de la Policía Federal habilita detenciones sin orden judicial por hasta diez horas y vigilancia digital en redes y plataformas.
En junio, Milei no solo intensificó su ofensiva institucional, sino también su retórica. En actos oficiales, recurrió a una batería de insultos: «imbéciles», «pelotudos», «mierda», «soretes», «parásitos mentales», entre otros. No se trata de exabruptos aislados: forma parte de una estrategia deliberada para normalizar el discurso del odio y habilitar agresiones contra cualquier forma de disenso.
Desarme institucional, pieza por pieza
Mientras el foco mediático gira en torno a sus declaraciones incendiarias, el gobierno avanza con decretos de Necesidad y Urgencia que reconfiguran profundamente cuatro organismos clave del Estado: el INTA, el INTI, el INV y el Inase. Estos entes, con décadas de trayectoria, pierden autonomía y quedan bajo control directo del Poder Ejecutivo.
El INTA, referente en desarrollo tecnológico agropecuario, deja de ser un ente descentralizado y se transforma en un organismo “desconcentrado”, dependiente de la Secretaría de Agricultura, sin autonomía presupuestaria ni capacidad de decisión propia. Su Consejo Directivo será reemplazado por una estructura técnica sin poder real.
El INTI sufrirá una suerte similar: pasará a ser una unidad operativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. El INV y el Inase, por su parte, quedarán reducidos a simples direcciones nacionales. El vaciamiento no es solo financiero: es político, estructural e ideológico. Se trata de suprimir al Estado como motor del desarrollo productivo.
Las cifras del derrumbe
En lo que va del gobierno libertario, el PIB industrial se contrajo un 9,2% (y un 10% per cápita), superando incluso el deterioro anual promedio registrado durante el macrismo, que fue del 3,6%.
El índice de industrialización —la proporción de la industria dentro del producto bruto— retrocedió al 15,3%, un nivel equiparable al que tenía la economía nacional en 1930, justo antes del inicio de la industrialización sustitutiva. Casi un siglo de política industrial, desintegrado en menos de una generación.
Asimismo, la participación de Argentina en el valor agregado industrial de América Latina cayó del 14,3% en 1974 al 7,4% en 2024, reflejando no solo un retroceso interno, sino una pérdida de peso regional.
El ciclo vicioso de la desinversión
Un factor transversal a todas las crisis industriales argentinas es la crónica subinversión del capital concentrado, cuyas ganancias se canalizan hacia la fuga y la especulación. Así lo detalla el investigador Pablo Manzanelli, al advertir que la acumulación financiera desplaza sistemáticamente a la producción.
Lejos de corregir este patrón, el gobierno de Milei lo profundiza deliberadamente: sus medidas promueven la desregulación total, el retiro del Estado, la apertura irrestricta de los mercados y la facilitación de la fuga de capitales. En este contexto, los jubilados, pacientes del Garrahan, víctimas de rutas abandonadas y millones de usuarios sin gas en la peor ola polar del año, se convierten en daños colaterales de una lógica que prioriza la rentabilidad del capital por sobre la vida.
La represión como herramienta funcional
La persecución política no es una anomalía del plan económico: es su precondición. Criminalizar la protesta, perseguir periodistas y alimentar una cultura de odio son estrategias que buscan debilitar la organización social y atomizar la resistencia popular, allanando el camino al saqueo.
El Plan de Inteligencia Nacional delega en la exSIDE la tarea de “identificar actores que representen riesgos para infraestructura estratégica o para la gobernabilidad”. Es decir, convertir el desacuerdo en amenaza de Estado. Lo que antes era disenso democrático, ahora es catalogado como subversión.
El método es rudimentario pero efectivo: cada denuncia, cada exabrupto, cada polémica, absorbe el tiempo y la energía del debate público, mientras se liquida silenciosamente el aparato productivo nacional. Y así, Argentina se desangra en lo estructural, mientras el debate público gira en torno a si un presidente puede insultar impunemente desde una tribuna.
La Nueva Comuna