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DICEN EN LOS PASILLOS… SE VIENE LA DENUNCIA FATAL PARA TELLECHEA

EL EQUIPO DE LOS CAMPEONES

Un engaño a la administración pública, un engaño a la comunidad


Se aproxima un capítulo inevitable para el suspendido intendente Horacio Tellechea y que podría ser el tiro de gracia para su carrera política: una denuncia penal por el delito de "Falsedad Ideológica".
Circula por estos días la información de que se está preparando una denuncia en la UFI local (a cargo de la Dra. Analía Duarte) sobre la transgresión al artículo 293 del Código Penal por parte del jefe comunal por las barrabasadas ocurridas con el expediente 504/12 (el de la famosa compra del Arco en C), más precisamente con lo ocurrido con la licitación "trucha" orquestada para tapar la compra directa del aparato al empresario Marcos Linares. 
Tal como lo había señalado hace unas semanas LANUEVACOMUNA.COM, la licitación no habría sido tal, sino que se habría tratado de un acto de simulación para eludir la supervisión de los concejales y así proceder a la operación comercial con el comerciante "amigo". En el proceso licitatorio se habría fraguado la participación de un segundo oferente, Jorge Zurzolo quien negó haber comprado los pliegos de la licitación y hasta dijo no tener idea de todo este asunto. Para tal fin, habría tenido intervención un empleado de Linares, un tal José Molina.
Lo cierto es que Tellechea está seriamente en problemas por avalar con su firma todos la documentación clave del expediente cuestionado y por ratificar cada detalle de lo ocurrido con su propia voz: lo hizo adelante de todo el mundo cuando fue interpelado por el Concejo Deliberante en el pasado mes de septiembre.
El mencionado artículo del Código Penal señala que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años».
Se habla de ESTAFA PROCESAL, cuestión que consiste en engañar a la administración pública. O sea a todos los ciudadanos. 

Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM

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