A casi ocho décadas de que Eva Perón proclamara los Derechos de la Ancianidad, los adultos mayores en la Argentina deben marchar cada miércoles para exigir aquello que alguna vez les fue prometido: salud, techo, comida y respeto.
Cada 28 de agosto se recuerda el Día Nacional de la Ancianidad, aunque en el presente hay poco motivo para celebrar. En lugar de reconocimiento, miles de jubilados sobreviven con haberes mínimos que no alcanzan para cubrir medicamentos, alimentos ni alquileres. La jornada se resignifica como denuncia de la desprotección estatal.
La fecha remite al acto histórico de 1948, cuando Evita presentó los Derechos de la Ancianidad, luego incorporados a la Constitución de 1949. Aquel decálogo transformó la mirada social sobre la vejez, que dejó de concebirse como etapa vulnerable para reconocerse como sujeto de derechos.
El texto incluyó la obligación de la asistencia y protección integral de los ancianos, a cargo de la familia o, en caso de abandono, del propio Estado. En palabras de Eva: “En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventar los aportes correspondientes”.
El decálogo también enumeró derechos esenciales como vivienda, alimentación, salud, vestido, esparcimiento, trabajo y respeto. Argentina fue pionera a nivel global en consagrar estos principios. Ese mismo año, 1948, el país los llevó a Naciones Unidas, donde en la Tercera Comisión se recomendó impulsar estudios para su aplicación universal: “Recomienda al consejo económico social de esa asamblea que sobre la base de esta declaración de derechos, realice los estudios relativos a la aplicación universal de los mismos con el propósito de proteger más ampliamente la defensa social y económica de los hombres que han llegado a la ancianidad”.
La iniciativa del peronismo anticipó discusiones que hoy siguen vigentes en un país cada vez más envejecido. Según el último Censo (2022), el 15,7% de la población tiene 60 años o más, unas 7,1 millones de personas. Las proyecciones indican que en 2050 esa cifra trepará al 22%: unos 12,5 millones.
De la dignidad conquistada al “genocidio silencioso”
Ana González, vicepresidenta de la APDH y secretaria nacional de Personas Adultas Mayores, advierte que uno de los principales problemas actuales es la invisibilidad: “más del 60% de las personas mayores están en situación de pobreza, sin acceso garantizado a salud, alimentación ni vivienda”.
Desde agosto de 2024, los jubilados se movilizan cada miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que empezó como rechazo al veto presidencial sobre los aumentos jubilatorios, se consolidó como una protesta semanal.
A ello se suma la eliminación de medicamentos gratuitos por parte de PAMI, que dejó a miles sin la posibilidad de sostener sus tratamientos. “No tenemos estadísticas fidedignas, pero sabemos de numerosos casos que han terminado en el fallecimiento debido a la discontinuidad o a la falta de tratamiento que se venía llevando”, señaló González. En la APDH hablan directamente de un “genocidio silencioso”: “Nosotros lo nombramos así, porque es el ataque sobre un sector de la sociedad al cual se le están quitando todos los derechos y se están produciendo situaciones tan graves como las muertes”.
A pesar del abandono y la represión, las personas mayores continúan organizándose. Para González, esa resistencia también es una forma de vitalidad: “nos quieren quitar la alegría y el impulso vital, pero la lucha se hace con alegría, porque nos mantiene vivos y nos une con nuestros pares”.
De este modo, el Día de la Ancianidad se convierte menos en conmemoración que en un llamado urgente a la justicia social. Una fecha que recuerda un legado de dignidad y que, hoy más que nunca, reclama hacerse presente en las calles.
Con información de El Grito del Sur
Publicado en lanuevacomuna.com