Una mirada concreta sobre las tasas viales
Según datos relevados por Buenos Aires/12, los municipios apenas logran recaudar lo suficiente para conservar unos pocos cientos de kilómetros al año. La Provincia interviene, la Nación se mantiene ausente y las entidades rurales evitan elevar reclamos al presidente Javier Milei.
La provincia de Buenos Aires posee cerca de 120 mil kilómetros de caminos, de los cuales 105 mil son de tierra o ripio. Esas rutas secundarias, esenciales para el traslado de la cosecha, la leche, el ganado y la conexión con pueblos o escuelas rurales, dependen legalmente de los municipios desde 2003. Pero las arcas locales solo alcanzan para mantener una fracción mínima de esa red.
Con las inundaciones que golpean al oeste bonaerense, volvió al centro del debate el costo de conservación de los caminos y la discusión en torno a la tasa vial. Mientras las organizaciones del agro sostienen que los recursos “alcanzan y deben ser mejor administrados”, muchas intendencias advierten una negación ideológica en los dirigentes rurales, incapaces de reconocer que “Milei es quien más dinero se lleva de la producción”, no financia obras y, sin embargo, recibe menos críticas que los gobiernos locales, que intentan sostener miles de kilómetros con presupuestos ajustados.
Durante la gestión de María Eugenia Vidal, se prometió intervenir sobre 12 mil kilómetros de caminos rurales, pero “no se modificó ni un metro”. En cambio, el ministro Javier Rodríguez, bajo la administración de Axel Kicillof, implementó un plan que ya mejoró 5 mil kilómetros. A nivel nacional, los aportes fueron escasos y hoy directamente inexistentes.
Uno de los intendentes que describe esta realidad es Gilberto Alegre, de General Villegas, uno de los distritos con mayor superficie de soja sembrada en la provincia. “Uno habla con los productores y explica que se puede hacer un mantenimiento de los caminos en situaciones climáticas normales, siendo que, por ejemplo, nosotros tenemos catorce motoniveladoras para 600 mil hectáreas, diez pueblos y más de 3.600 kilómetros de caminos rurales”, señala a Buenos Aires/12.
La extensión vial de Villegas equivale al doble del trayecto de la Ruta Nacional 7, que une Buenos Aires con la cordillera: un viaje de ida y vuelta a Chile. Alegre, que compitió en 2023 con la boleta de Somos, no plantea subir tasas, pero recuerda que asumió con maquinaria obsoleta y poca actividad durante la sequía.
En cuanto a la recaudación, calcula que un productor paga alrededor de 8.300 pesos por hectárea al año, lo que apenas permite repasar la mitad de los caminos del distrito una vez por año.
Desde Villegas, Azul y Carlos Casares, varios jefes comunales coinciden en señalar que Milei “frenó toda obra pública” pese a ser el principal beneficiario del esquema impositivo.
El índice de impuestos al agro elaborado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) indica que 6 de cada 10 pesos generados por el campo van a impuestos, y de ese total, más del 62% queda en la caja nacional no coparticipable, mientras que los municipios reciben solo el 0,8%.
Números que hablan
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA, solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, estima que el mantenimiento básico de un camino rural cuesta unos 2 mil dólares por kilómetro. Si hay que acarrear piedra u otros materiales, la cifra puede trepar hasta 32 mil dólares. En casos de emergencia, los municipios alquilan maquinaria a 140 mil pesos la hora.
Por su parte, Carbap —la entidad que más suele cuestionar las tasas municipales— proyecta que durante 2025 las 103 intendencias con mayor cantidad de caminos rurales recaudarán 165 mil millones de pesos.
A un dólar a 1.450 pesos, ese monto permitiría realizar una sola pasada sobre 57 mil kilómetros, es decir, apenas la mitad de lo necesario. Además, el efecto de ese mantenimiento, según las condiciones climáticas, el tránsito de camiones y el tipo de suelo, dura solo cuatro meses.
La situación se agrava por el impacto de las devaluaciones impulsadas por Luis “Toto” Caputo: la del 118% en diciembre de 2023 y otra del 40% entre abril y septiembre de 2025. La dolarización de los costos municipales y rurales (fertilizantes, energía, combustible) golpeó tanto a los productores como a las intendencias, generando lo que las propias entidades rurales definen como una “nula rentabilidad por hectárea”.
La novedad internacional de la semana también inquieta al sector: el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, responsable del financiamiento de más de 20 mil millones de dólares al gobierno de Milei, declaró que el presidente se comprometió a “expulsar a China de Argentina”, lo que podría poner en riesgo el principal destino de las exportaciones de soja y carne.
Qué hacen los municipios
Hace algunos meses, Ignacio Kovarski, productor de Trenque Lauquen y presidente de Carbap, sostuvo que “los aportes del campo deben volver en obras”, apuntando contra las tasas municipales y el inmobiliario rural. Nada dijo, sin embargo, sobre la recaudación nacional, que dejó paralizadas obras clave como la Cuenca del Río Salado, agravando las inundaciones en distritos como 9 de Julio o Carlos Casares.
Desde Casares, el secretario de Finanzas, Christian Massone, informó que la tasa vial rural recauda unos 2 mil millones de pesos anuales. Si el intendente Daniel Stadnik destinara todo ese monto a los 1.200 kilómetros de caminos rurales del partido, alcanzaría para menos de 700 kilómetros, tomando los valores de la Facultad de Agronomía.
En este municipio, cada productor abona unos 13 mil pesos por hectárea al año. Un campo de 500 hectáreas —clasificado como grande— paga 6,5 millones de pesos, es decir menos de 4.500 dólares, el equivalente a mantener dos kilómetros de camino.
Pero “mantenimiento” significa apenas nivelar, rellenar y limpiar alcantarillas, no reconstruir. Los caminos rurales están hundidos y erosionados por el tránsito pesado y la falta de ferrocarril. Su reconstrucción completa puede requerir entre 52 mil y 93 mil dólares por kilómetro, según el mismo informe universitario.
En Azul, el intendente Nelson Sombra creó un ente descentralizado para agilizar compras y obras, con apoyo del MDA, que giró 40 millones de pesos para reparar alcantarillas.
Elías Bonifacio, titular del organismo, explica que la recaudación mensual por tasa vial ronda los 150 millones, lo que permite mantener unos 51 kilómetros al mes sobre una red total de 1.600 kilómetros.
En ese distrito, las tasas varían: de 3.800 a 8.300 pesos por hectárea en campos medios, y entre 15.300 y 32.200 en los de mayor valuación. La cobrabilidad supera apenas el 70%, mientras que en Villegas llega al 80%, aunque uno de cada cuatro productores no paga.
Con cosechas récord y más camiones en circulación, el desgaste se acelera. En los tambos, los vehículos salen a diario; en la cosecha de granos, la intensidad dura tres meses, pero los caminos son los mismos para ir al campo, a comprar o a la escuela.
Para Alegre, el problema de fondo es la distribución de los recursos. “La provincia genera el 40% del PBI nacional y recibe menos del 20. Y los municipios no pueden usar directamente el inmobiliario rural”, advierte. Sin un nuevo esquema de asignación, mantener los caminos en condiciones es casi utópico.
Y cierra con una denuncia: algunos productores realizan obras clandestinas para derivar el agua de sus campos, provocando daños a otros. “Un establecimiento de 5 mil hectáreas construyó una ‘obra de ingeniería hidráulica’ para sacarse el agua de encima e inundó a productores de 200 o 300 hectáreas”, grafica el intendente.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com