UN VECINO DE QUEQUEN SE TOMO EL TRABAJO DE TAPAR LOS POZOS DE SU CALLE.
Preguntas que, hasta ahora, siguen sin respuesta.
Hace algunos días la Municipalidad de Necochea lanzó un comunicado público sobre la colocación de cloacas en un sector de la ciudad de Quequén. En dicho comunicado Horacio Fernández, titular de la Secretaría de Obras Públicas, explicó que la tarea se estaba llevando a cabo gracias a un convenio entre los vecinos y el municipio, a partir del cual los primeros realizan la compra de materiales mientras que la Municipalidad concreta la obra. Según palabras del funcionario, «es un gran esfuerzo por parte de la gente».
Sin dudas lo es. Los vecinos de Quequén no recaudan impuestos, no manejan presupuestos, no administran las principales actividades económicas de nuestro municipio, no cuentan con oficinas enteras repletas de especialistas capaces de elaborar respuestas a los problemas de nuestras ciudades, definitivamente no perciben un salario por preocuparse por su territorio y muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para hacerlo.
Porque para eso poseemos un sistema de gobierno, que legisla, administra y ejecuta. O por lo menos debería hacerlo. Es tan simple que causa hasta escozor percibir hasta qué punto la práctica de reemplazar el vecinalismo por las responsabilidades que le caben a nuestros representantes políticos se encuentra naturalizada.
Entre esas historias mínimas que se escuchan por la calle, el otro día encontré la de una vecina de Quequén que fue a solicitar a la Usina la colocación de alumbrado público en su calle y la respuesta fue el pedido de 6.000 pesos para concretar la obra.
Hoy me encontré con otra historia. La historia de Vallejos, un vecino de la misma localidad que “con sus propios medios de transporte y sus herramientas” se dispuso a arreglar las calles y a realizar tareas de relleno por su cuenta.
Por supuesto que el compromiso por parte de los vecinos con los problemas de su ciudad es algo no sólo válido, sino también deseable. La participación exige, presiona, logra resultados, tuerce opiniones, ejerce influencia en las decisiones políticas, crea lazos de solidaridad, alimenta a la comunidad, nos hermana.
Pero vivimos en un sistema político concreto, que nos cobra tasas de impuestos que crecen año tras año con el justificativo de que ese dinero luego volverá en forma de mejoras para nuestro entorno.
Vivimos en el marco de un poder político y una administración centralizada, que en teoría se hace cargo de esa recaudación y la devuelve a la comunidad. Y es absurdo, en ese contexto, que tengamos que ser los propios vecinos, que no tenemos por definición las herramientas y el manejo de presupuesto necesarios, quienes cumplamos esas responsabilidades políticas y administrativas.
Distinta sería mi opinión si el contexto fuera también distinto. Si viviéramos en un Estado Comunal que desarrollara y garantizara formas descentralizadas de autogobierno, con representantes barriales y con mecanismos que pongan a disposición de los mismos todos los medios prácticos y teóricos precisos para llevar adelante las mejoras que la comunidad necesita.
Ojalá sigan proliferando los vecinos comprometidos, las sociedades de fomento, las organizaciones barriales, las entidades de solidaridad activa, las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Pero por ahora, mientras existan los que sí tienen fines de lucro, mientras paguemos impuestos, mientras los recursos de nuestras ciudades sigan siendo administrados por unas pocas manos y mientras sigamos delegando la responsabilidad en esas pocas manos cada vez que ejercemos nuestro derecho de voto, son esas manos las que tienen que legislar, administrar y, sobre todo, ejecutar.
No olvidemos que…
…en el medio de todo el asunto, el intendente interino José Luis Vidal declaró recientemente sus intenciones de otorgar en concesión la playa municipal de camiones de Quequén. Son públicas las discusiones y declaraciones sobre este tema, que cuestionan seriamente la supuesta necesidad de delegar en una empresa privada una responsabilidad que pertenece al Estado.
Otra muestra de un gobierno municipal que sostiene un modelo de Estado ausente, que se desdibuja a través de sus políticas de privatización y, por consiguiente, de pérdida de control sobre nuestros bienes públicos.
Y detrás de esto se encuentra otra cuestión, que tiene que ver con una pregunta clave: si el Estado no privatiza y decide administrar la playa municipal de camiones, ¿a dónde será destinado el dinero recaudado? ¿Irá a las calles de Quequén por las cuales los propios vecinos se encuentran hoy pagando? ¿Irá al alumbrado público del sector de Costa Bonita? ¿Se destinará a las mejoras de la ciudad en la que se encuentra dicha playa?
Preguntas que, hasta ahora, siguen sin respuesta.
Johana Radusky / LANUEVACOMUNA.COM