La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte del actual triunvirato de la Corte Suprema de Justicia —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Ignorando el análisis del fondo de la causa “Vialidad”, sin atender las numerosas irregularidades procesales ni la falta de pruebas sólidas, los magistrados convalidaron una sentencia que incluye prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la consiguiente proscripción electoral de la presidenta del Partido Justicialista, apenas después de que hiciera pública su postulación como legisladora por la Provincia de Buenos Aires.
Este fallo atenta directamente contra el “principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional, vulnerando el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Es evidente que estos tres jueces avalan la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político. No se trata solo de una persecución individual: el objetivo es socavar, condicionar o directamente eliminar del escenario público a líderes, cuadros y organizaciones comprometidas con una agenda de justicia social, soberanía nacional, trabajo digno y defensa de los recursos estratégicos del país frente a los intereses de las grandes corporaciones económicas y actores internacionales.
La verdadera causa detrás de la condena a Cristina reside en su trayectoria como jefa de Estado de gobiernos que impulsaron una redistribución más equitativa de la riqueza y ampliaron derechos. Esa orientación política ha sido históricamente intolerable para los sectores del poder real, incluyendo la prensa concentrada, la Asociación Empresaria Argentina, y sus aliados extranjeros. El castigo a Cristina fue, incluso, “reclamado abiertamente por voceros mediáticos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM) y el FMI”, entidades que no ocultan su interés por influir en las decisiones soberanas del país.
Más aún, el fallo judicial fue precedido por una inaceptable injerencia externa: el gobierno de Donald Trump prohibió a la expresidenta ingresar a Estados Unidos. Esa sanción llegó poco después de que el Partido Justicialista respaldara una carta del bloque de senadores de Unión por la Patria dirigida al FMI, advirtiendo que “firmar un nuevo acuerdo en violación de la legislación vigente en la Argentina” implicaría “su absoluta nulidad” y que, como fuerza política, no se reconocería como legítimo.
La subordinación de la Corte al poder económico y al Fondo Monetario Internacional —que hoy coadministra la economía argentina en nombre de los acreedores— es parte del deterioro institucional que vivimos. A ello se suma la inacción judicial ante causas claves como el endeudamiento fraudulento contraído por el gobierno de Mauricio Macri y profundizado por el actual presidente Javier Milei. Ningún juez de la Corte ha avanzado contra esa estafa multimillonaria, mientras se impone un modelo basado en la especulación financiera, el ajuste brutal y la cesión de soberanía.
Tampoco hay reacción judicial frente al avasallamiento del Congreso mediante los DNU con los que Milei se atribuye poderes extraordinarios para imponer recortes que recaen sobre los sectores más vulnerables: jubilados, niñas y niños, trabajadores, discapacitados, el sistema de salud y la educación pública. Mientras tanto, con las mismas medidas, se favorece abiertamente a quienes lucran con la deuda y la fuga de capitales.
El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la represión a jubilados, el ataque a periodistas y la impunidad en causas como el vaciamiento del Correo Argentino o los negociados con los peajes y los parques eólicos, también permanecen invisibles ante una Justicia que actúa selectivamente.
Por todo esto, desde el Foro Economía y Trabajo, consideramos imprescindible:
Impulsar el juicio político por mal desempeño a los integrantes de la Corte Suprema, tal como propone la Asociación Argentina de Juristas.
Exigir la libertad política de Cristina Fernández de Kirchner y la anulación de su proscripción como candidata.
Poner fin a la represión del derecho constitucional a la protesta y a las políticas de ajuste que generan pobreza, desempleo y caída del poder adquisitivo.
Derogar los DNU del gobierno de Javier Milei, la denominada “Ley Bases” y cualquier norma que implique entrega de soberanía o retroceso de derechos.
Este escenario demanda unidad y organización para enfrentar un modelo de exclusión que responde a los intereses del poder económico, no del pueblo argentino. De cara a las próximas elecciones legislativas, es imprescindible construir un programa común que represente a trabajadores, sectores productivos, cooperativas, PyMEs y toda la economía nacional, en defensa del trabajo, la justicia social y los recursos estratégicos del país.
Con información de Agencia Paco Urondo
Publicado en lanuevacomuna.com