La narrativa de pureza moral que el mileísmo ha intentado sostener en el poder empieza a resquebrajarse. La reciente imputación de Karina Milei en la causa conocida como “Criptogate” y el pedido del fiscal Eduardo Taiano de levantar el secreto bancario tanto del presidente Javier Milei como de su hermana, marcan un giro judicial de alto voltaje político.
La investigación avanza sobre la fallida criptomoneda $Libra, promocionada por el propio presidente desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el pasado 14 de febrero. La moneda digital prometía ganancias desmesuradas, pero terminó dejando un tendal de damnificados. Detrás del supuesto experimento de libertad financiera, ahora asoman posibles delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude económico.
El pedido de Taiano —que incluye también a Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales— busca analizar el patrimonio de los involucrados desde 2023 a la fecha. La causa, inicialmente desestimada como una polémica pasajera en redes, se consolida hoy como un expediente judicial de peso. La acusación alcanza directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en la estructura de poder libertaria.
El dirigente social Juan Grabois, quien presentó la denuncia en representación de tres inversores estafados, ironizó recientemente en redes: celebró la imputación de Karina a quien llamó “la valijera” y afirmó que la “pareja de garcas va a viajar en patrullero de la Quinta de Olivos a Marcos Paz”. Más allá del tono provocador, la denuncia expone un entramado de complicidades e intereses que se alejan del discurso anticorrupción que sostiene el oficialismo.
El contraste entre los eslóganes libertarios y los hechos que emergen desde el corazón del gobierno no podría ser más elocuente. Mientras el presidente arenga contra la “casta” y se autoproclama adalid de la transparencia, la causa judicial revela un patrón que remite más a las viejas prácticas de la política que a una supuesta renovación ética.
Particularmente delicado es el rol de Karina Milei. Convertida por su hermano en “jefa” del espacio, maneja con discrecionalidad la estructura de decisiones del gobierno. Su inclusión en la causa golpea el núcleo duro del mileísmo, que funciona como una maquinaria de poder vertical y familiar bajo el disfraz de una revolución antisistema.
Lo que está en juego no es solo el destino de una criptomoneda fallida. Es la credibilidad de todo un proyecto político que, tras envolverse en un discurso de pureza, empieza a mostrar los pliegues de sus propias contradicciones. ¿Qué clase de ética puede sostener un presidente que promociona desde su cuenta oficial un producto financiero dudoso, beneficiando a actores cercanos?
El pedido de la fiscalía no es menor: implica levantar el velo sobre las cuentas y movimientos bancarios del presidente y su entorno. Busca determinar si, detrás del entusiasmo cripto, hubo un uso indebido del aparato estatal para fines de lucro privado. En ese sentido, “$Libra” no es una anécdota: es la punta del iceberg de una administración que parece operar bajo una lógica de negocios personales encubiertos por una retórica grandilocuente.
La denuncia apunta a un modelo de gestión que banaliza el rol del Estado mientras acumula poder en pocas manos. Una estructura que desregula sin control, promete libertad mientras opera con opacidad y se ampara en el marketing emocional para desactivar cualquier crítica.
Si la Justicia avanza con el rigor que el caso requiere, podríamos estar ante una de las causas más comprometedores para un presidente en ejercicio desde el regreso de la democracia. La imagen de Milei como referente internacional del libre mercado quedaría profundamente dañada por un escándalo financiero doméstico de proporciones aún incalculables.
Porque el mileísmo no representa la nueva política: es una recicladora de viejas prácticas, envueltas en coaching, redes sociales y performance mediática. Y si el discurso libertario se construyó en oposición a la corrupción tradicional, el “Criptogate” revela que terminó cayendo en sus mismas trampas.
La pregunta de fondo es inquietante: ¿cuántos otros esquemas similares se están gestando en la trastienda del Estado mientras se profundiza la recesión y crece la desigualdad?
Hoy, el Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar que la ley no distingue entre ideologías, ni entre nombres rimbombantes ni líderes mediáticos. La transparencia no se declama: se ejerce. Y en democracia, como dice el dicho, quien las hace, las paga.
Con información de En Orsai
Publicado en lanuevacomuna.com