El Presidente es mencionado 19 veces en la ampliación de la demanda presentada en Nueva York. Su hermana, Karina Milei, figura como quien organizó el primer encuentro con Hayden Davis. La acción judicial invoca la Ley RICO, la misma que solía citar Patricia Bullrich.
El posteo de Javier Milei que promocionaba el token $LIBRA y lo vinculaba a un supuesto proyecto de inversión en la Argentina se convirtió en el núcleo de la ampliación de la demanda presentada este martes por la noche en los tribunales de Nueva York. La acción civil, impulsada por dos estudios jurídicos en nombre de un grupo de inversores que aseguran haber perdido miles de dólares, menciona al mandatario en 19 de las 110 páginas del expediente. También aparece Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, señalada como anfitriona del primer encuentro entre el líder libertario y Hayden Davis, creador de la criptomoneda, y partícipe en otras situaciones dudosas.
Aunque la causa no tiene como acusados formales a Milei ni a otros funcionarios argentinos —dado que, por jurisprudencia estadounidense, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad absoluta—, los abogados demandantes apuntan que Davis y el exCEO de Meteora, Benjamin Chow, incurrieron en múltiples delitos bajo la Ley RICO, una norma que se aplica contra redes mafiosas y organizaciones criminales. Las imputaciones incluyen fraude, conspiración, manipulación de mercados, apropiación de fondos y enriquecimiento ilícito. Los demandantes solicitan un juicio con jurado.
“Un fraude público extraordinario”
Según el documento judicial, firmado por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, “el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025 fue un fraude público extraordinario”. Afirman que “no existía ningún Proyecto ‘Viva La Libertad’”, en contraposición al tuit publicado por Milei ese mismo día, en el que aseguraba que la iniciativa buscaba “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. El posteo incluía enlaces a la web del proyecto y al contrato para adquirir los tokens.
El escrito destaca: “Por supuesto, las decenas de miles de inversores que intercambiaron valiosos activos digitales por tokens $LIBRA tras la publicación del primer mensaje del presidente Milei en X, aparentemente lo hicieron porque creían” “que existía un proyecto de inversión ‘argentino’ legítimo, afiliado y apoyado por la administración de Milei”.
Ese fragmento sintetiza el papel central del Presidente en la trama. Sin su intervención directa en redes sociales, difícilmente el esquema hubiera alcanzado semejante repercusión. También se apunta que Karina Milei autorizó el ingreso de Davis a la Casa Rosada el 16 de julio del año anterior, habilitando una serie de visitas posteriores, al menos tres de ellas con encuentros cara a cara con el mandatario. En octubre, Davis asistió al Tech Forum, organizado por los «criptobros» cercanos a Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron de intermediarios.
En esa misma instancia, según el documento, Davis también se habría reunido con Julian Peh, director de Kip Protocol. Según declaraciones oficiales del gobierno, ese proyecto buscaba usar tecnología blockchain para financiar emprendimientos bajo el paraguas de “Viva la libertad”. Sin embargo, hoy se desconoce su paradero e incluso su verdadera identidad: el nombre no figura en Migraciones y él negó públicamente haber participado.
De acuerdo al expediente judicial y citando notas de medios como The New York Times, Davis habría presumido ante colegas del sector que tenía “control sobre Milei” y que podía intermediar acuerdos. En un audio, decía que tenía acceso a “todo, desde los tuits de Milei” hasta su participación pública: “Tengo control sobre muchos de esos mecanismos”.
The New York Times también reveló que Davis ofrecía organizar reuniones con Milei o establecer vínculos con el Ejecutivo a cambio de unos 90 millones de dólares en criptomonedas durante un período de 27 meses. También se menciona un artículo de La Nación que describe cómo, tras una visita a la Casa Rosada el 21 de noviembre, Davis y un socio brindaron con champán en el hotel Four Seasons para celebrar la presunta firma de un acuerdo con el Presidente.
Uno de los pasajes más delicados de la demanda incluye una imagen de un chat en el que Davis habría escrito en diciembre de 2024 —mensajes luego filtrados a CoinDesk—: “Le envié dinero a la hermana (de Milei) y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”. La cronología del expediente remarca que el 30 de enero Milei publicó una foto junto a Davis y escribió que habían tenido una “interesante conversación con el empresario”. A ese post respondió Chow con un “Cómo se ve cambiar el mundo 🔥”. La cuenta de Kelsier Ventures retuiteó al Presidente y sumó: “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Nos enorgullece asesorar a @JMilei en la implementación de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD.”
El abogado argentino Sebastián Soler, especialista en litigios internacionales, explicó al difundir la noticia: “Los demandantes no demandan a Milei, ni a otros funcionarios del gobierno argentino (recordemos que la jurisprudencia estadounidense concede inmunidad absoluta a los jefes de Estado extranjeros mientras ocupan el cargo), pero su descripción de la estafa perpetrada por Davis y sus cómplices no deja dudas de que no hubiera tenido éxito sin la participación de Milei”.
La Ley RICO que invocaba Bullrich
“El elemento clave: el posteo de Milei”, escribió en “X” el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), al anunciar que la demanda fue ampliada en Estados Unidos bajo acusación de violación a la Ley RICO. Agost Carreño integra la comisión parlamentaria que intenta investigar el caso, aunque la iniciativa no avanza por los bloqueos del oficialismo. Recordó que esa legislación se aplica en EE.UU. tanto en fueros civiles como penales contra estructuras empresariales fraudulentas.
Más de 40.000 inversores perdieron unos 280 millones de dólares con la maniobra. Según el escrito judicial, fue una “acción civil RICO”, protagonizada por una red coordinada de actores con información privilegiada que utilizaron la blockchain de Solana para defraudar en los llamados mercados financieros descentralizados (DeFi), o “mercados de capital de internet”.
El núcleo de esa estructura estaría compuesto por Chow, como exCEO de Meteora, y Davis, como cara visible de Kelsier Ventures. “Juntos, forjaron una alianza que combinó sofisticación técnica con alcance promocional para ejecutar una serie de fraudes calculados”, sostiene la presentación.
A diferencia de estafas tradicionales, esta organización controló la infraestructura misma del mercado: manipularon precios, falsificaron liquidez, y gestionaron la emisión del token para favorecer sus propias billeteras. Antes ya habían lanzado $M3M3, también con resultados fraudulentos. En el caso de $LIBRA, advierten, se actuó con “más audacia” al implicar el supuesto respaldo de un presidente.
“El interés de los inversores, el volumen y el precio se dispararon tras el anuncio del presidente Milei”, dice el escrito. La mecánica fue la siguiente: congelaron el comercio al lanzamiento, permitiendo que billeteras internas adquirieran el 95% de los tokens a precios artificialmente bajos. Luego inflaron el precio, lo vendieron al público minorista y el valor se desplomó. Kelsier y Meteora obtuvieron cientos de millones de dólares de ganancia en apenas unas horas, sin aportar ni un centavo a emprendimientos argentinos.
La Ley RICO fue mencionada repetidamente por Patricia Bullrich cuando impulsaba su “ley antimafia”. Sin embargo, la norma finalmente sancionada en Argentina poco tiene que ver con la legislación estadounidense: Bullrich proponía facilitar detenciones y medidas judiciales exprés, mientras que la ley norteamericana apunta a desbaratar estructuras criminales mediante pruebas de organización empresarial delictiva.
En una presentación anterior, los demandantes ya habían solicitado congelar 57 millones de dólares en billeteras vinculadas a Davis. En esa instancia ya señalaban que el tuit de Milei había sido una promoción “falsa” y “altamente engañosa”. El 19 de agosto se celebrará una audiencia clave en la que la jueza Jennifer Rochon definirá si admite la demanda colectiva y se declara competente.
Aunque Milei no sea formalmente acusado, su rol en el caso fortalece la acusación en Nueva York. Y, según expertos legales, podría eventualmente tener consecuencias tanto en el ámbito internacional como en Argentina, donde la investigación en Comodoro Py aún avanza con lentitud y sin imputaciones concretas.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com