Presión mediática para que la Corte Suprema acelere la condena contra Cristina Kirchner
Aumenta la presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que ratifique sin demoras la sentencia en la causa Vialidad, con el objetivo de excluir a Cristina Fernández de Kirchner del escenario electoral de 2025. Pese a la ofensiva, el expediente aún no llegó al despacho de los jueces y permanece en etapa de dictamen en la Secretaría Penal del tribunal.
Durante el fin de semana, distintos medios intensificaron su campaña para exigir una resolución rápida en el caso que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Incluso circuló una versión que atribuía al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la afirmación de que el fallo saldría esta misma semana. Sin embargo, en el Palacio de Tribunales aclaran que el caso aún no comenzó a circular entre los ministros. El expediente permanece en la Secretaría Penal, responsable de emitir un dictamen previo.
Un punto clave pendiente es la recusación presentada por los abogados de CFK contra el juez Ricardo Lorenzetti, quien habría anticipado su intención de resolver la causa con celeridad en una entrevista. Este planteo deberá resolverse antes de que los magistrados voten el fallo. Los defensores Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que ningún juez puede opinar sobre su propia recusación y que el tribunal, compuesto por cinco miembros, debería completar su integración mediante sorteo si Lorenzetti queda excluido. Todo dependerá de si los jueces aceptan o no estos criterios.
Una vez superada la cuestión de Lorenzetti, la Corte deberá definir si confirma o no la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner, lo que también la inhabilitaría para ejercer cargos públicos. Al tratarse de una persona mayor de 70 años, en caso de una eventual detención, correspondería prisión domiciliaria. Pero no está claro que todos los jueces del tribunal compartan la urgencia. Se comenta que al menos uno de ellos preferiría permitir que CFK compita en los comicios, dado que una polarización con el peronismo-kirchnerismo podría favorecer al gobierno de Javier Milei y dificultar el ascenso de figuras del PRO.
El calendario electoral también influye. El 19 de julio vence el plazo para presentar candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Si el fallo se emite después de esa fecha y Cristina es electa, adquiriría fueros que la protegerían durante su mandato. Por eso, el apuro mediático apunta a que la Corte actúe antes de esa fecha límite.
Los editoriales de estos días insisten: «La sentencia es definitiva y la Corte Suprema debe ponerle un punto final a la causa», exigen. La idea es impedir que Cristina pueda postularse o participar de la reorganización opositora. El paralelismo con los casos de Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia se hace explícito: se trata de una justicia al servicio de la estrategia política.
Desde el punto de vista estrictamente legal, el máximo tribunal debería revisar el caso desde sus inicios. El proceso se inició sin pericias técnicas y con vínculos entre los jueces y el entonces presidente Mauricio Macri, como quedó demostrado con las visitas a la Quinta de Olivos y partidos en su residencia privada. El delito imputado —una supuesta intervención en la adjudicación de obras— no se sostiene: la expresidenta no firmó resoluciones ni dio órdenes, y ningún testigo la implicó directamente. Sin embargo, la Corte postergó su intervención hasta que hubiera sentencia, y ahora que la hay, amenaza con dejarla firme sin revisar nada.
En su intento por reforzar la condena, el discurso mediático apunta también al caso conocido como «La Ruta del Dinero K». Allí, la Corte ratificó recientemente las penas por lavado contra Lázaro Báez, aunque la sentencia señala que el delito precedente fue la evasión fiscal, no las obras viales en Santa Cruz. A pesar de ello, se insiste en vincular ambos casos para sostener la narrativa contra CFK.
Cabe recordar que en esa causa se realizaron excavaciones en propiedades de los Kirchner, búsquedas en bancos y registros de medio mundo —Uruguay, Suiza, Panamá, Belice, España, Seychelles— sin encontrar un solo dólar oculto o bienes no declarados. Todos los activos estaban a nombre de Báez y su familia, como consta incluso en su testamento.
Por ahora, el expediente Vialidad sigue sin circular en la Corte. Su resolución puede demorarse semanas, meses o incluso años, como ocurrió en otros casos. Lo que está claro es que no se mueve al ritmo del derecho, sino al compás de las necesidades políticas.
La Nueva Comuna