La Corte Suprema de Brasil ordenó la colocación de una tobillera electrónica al exmandatario Jair Bolsonaro, quien ahora se encuentra bajo monitoreo permanente. También se le prohibió el acceso a redes sociales y cualquier tipo de comunicación con su hijo Eduardo. La medida forma parte de la investigación por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien consideró el riesgo de fuga ante el avance del proceso judicial. Días atrás, la Policía Federal allanó la residencia del expresidente y halló unos 14 mil dólares en efectivo, suma que —según la causa— podría haber sido destinada a facilitar una posible evasión. Aunque no es ilegal tener dinero en casa, cualquier monto superior a 10 mil dólares debe ser declarado si se pretende cruzar las fronteras.
Además de las restricciones impuestas, se encontraron un pendrive y un teléfono oculto en un baño de la propiedad, los cuales fueron remitidos a peritos de la Policía Federal para su análisis.
Sospechas de conspiración con Estados Unidos
El juez De Moraes también prohibió que Bolsonaro se acerque a embajadas, por temor a que busque asilo diplomático en países aliados como Argentina, Estados Unidos o Hungría. La medida llega en medio de nuevas revelaciones: la Corte sostiene que el expresidente habría hecho gestiones ante la administración de Donald Trump para que sancionara económicamente a Brasil.
El documento del Supremo Tribunal Federal, ya desclasificado, afirma que “Jair Messias Bolsonaro confirmó haberse reunido con el Asesor Principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Ricardo Pita, el 6 de mayo de 2025”, aclarando que el contenido de esa conversación fue “confidencial”.
Según la acusación, Bolsonaro habría pedido respaldo internacional y solicitado que se “restablezca la normalidad institucional”, una frase que figura en una publicación suya en redes sociales. El tribunal interpreta estas gestiones como una clara violación a la soberanía nacional.
Eduardo Bolsonaro, también bajo la lupa
El diputado Eduardo Bolsonaro —quien podría ser investigado por obstrucción a la justicia y atentado contra el orden institucional— enfrenta la posibilidad de ser detenido si regresa al país. Por esa razón, se especula que podría dimitir a su banca y permanecer en Estados Unidos.
El hijo del expresidente también fue señalado por anunciar posibles sanciones de EE.UU. contra autoridades brasileñas, lo cual, según De Moraes, representa un intento explícito de “instigar y asistir a un gobierno extranjero a adoptar actos hostiles contra Brasil”.
En sus redes, Jair Bolsonaro reforzó ese mensaje, afirmando que “la escalada de abusos, censura y persecución política debe cesar. La advertencia ha sido dada y ya no hay margen para omisiones”.
Trump interviene, Lula responde
Donald Trump volvió a mostrar su respaldo al exmandatario brasileño, publicando una carta en la que exige que el proceso contra Bolsonaro sea detenido “¡de inmediato!”. El escrito, con membrete de la Casa Blanca y compartido en Truth Social, denuncia un “trato injusto” hacia el líder conservador brasileño.
Desde el gobierno estadounidense incluso se habría planteado sancionar al juez De Moraes, ponente principal del caso. Por su parte, Lula da Silva respondió con firmeza: en un mensaje televisado, calificó de “traidores a la patria” a Bolsonaro y su entorno, y adelantó que acudirá a la OMC y a otras instancias legales para enfrentar las represalias comerciales.
Una condena que podría superar los 40 años
La Fiscalía brasileña acusó formalmente a Bolsonaro por varios delitos, entre ellos tentativa de derrocamiento del Estado de derecho, destrucción del patrimonio público y participación en una organización criminal. Si es hallado culpable, podría enfrentar más de cuatro décadas en prisión.
La Corte Suprema sostiene que el objetivo de Bolsonaro era provocar una crisis política y diplomática que debilitara al Poder Judicial, interfiriera en el juicio AP 2.668/DF y permitiera su exilio como “perseguido político”.
“La conducta de Eduardo y Jair Bolsonaro constituye actos flagrantes de coacción, obstrucción judicial y atentado a la soberanía, todo con el fin de someter al Supremo Tribunal Federal a los intereses del gobierno estadounidense”, concluye el fallo.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com