En electricidad, los hogares de ingresos medios registraron incrementos de hasta el 1200%, según un informe del Instituto Argentina Grande. Avanza el plan de privatización de AySA.
El esquema económico impulsado por Javier Milei tiene entre sus pilares una fuerte redistribución regresiva de ingresos, con un corrimiento de recursos desde los trabajadores y trabajadoras hacia las empresas concesionarias de servicios públicos. La mejora en la rentabilidad de estas firmas, promovida por el Poder Ejecutivo, no se tradujo en una mayor calidad del servicio, como quedó expuesto esta semana con el apagón masivo que dejó a 800.000 usuarios sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las cifras muestran que, en los dos primeros años de gestión de La Libertad Avanza, las tarifas de los servicios públicos crecieron muy por encima tanto de la inflación como de los salarios. Según el último informe de coyuntura del Instituto Argentina Grande (IAG), los precios de la electricidad, el gas y el agua acumularon un aumento del 461% respecto de noviembre de 2023, mientras que la inflación del mismo período fue del 259%.
En el caso específico de AySA, las tarifas escalaron un 133%, se detuvieron por completo las obras de cloacas previstas desde la gestión —calificada como fallida— del Frente de Todos y, en paralelo, el gobierno avanzó con la decisión de poner la empresa en venta como parte de su estrategia para obtener divisas.
Servicios públicos cada vez más caros
Desde noviembre de 2023, los servicios públicos aumentaron un 461%, superando ampliamente la evolución de los salarios y de la inflación. Este fenómeno expresa, por un lado, una transferencia significativa de recursos al sector privado y, por otro, una señal de alerta respecto de la dinámica inflacionaria futura.
Ajuste
Milei cerró el año profundizando el ajuste del gasto público y con un salto pronunciado del déficit financiero.
“La inflación medida con los ponderadores actualizados que les asignan más peso a los servicios quedó por encima del IPC medido por INDEC (276% vs. 259%). A su vez, los salarios quedaron por debajo de ambas medidas”, señala el informe del IAG.
El retiro de los subsidios y la consecuente actualización tarifaria no implicaron una mejora en el sistema eléctrico, que continúa mostrando una elevada fragilidad ante las altas temperaturas, tal como se evidenció con el corte que dejó sin luz a cientos de miles de usuarios durante varias horas.
En términos distributivos, el impacto del ajuste tarifario fue desigual. Para los sectores de menores ingresos, las tarifas subieron un 663%, mientras que los hogares de mayores ingresos registraron incrementos del 337%. En el segmento de ingresos medios, la tarifa eléctrica se disparó un 1244%, de acuerdo con el relevamiento del IAG.
El agua, en la antesala de la privatización
El Instituto Argentina Grande advirtió que la gestión Milei paralizó la totalidad de las obras previstas para AySA apenas iniciado el mandato. La fuerte caída del gasto de capital —un 81% menos entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período de 2023— derivó en un virtual freno de la obra pública a cargo de la empresa.
“En 2024 y en 2025 no figuran obras iniciadas por AySA. Pero, además, ninguna de las 273 obras que se habían dejado en ejecución en noviembre de 2023 (y que dependían de esta empresa) han tenido algún tipo de avance físico”, detalla el informe.
La reducción del gasto en obras —clave para la expansión del sistema de agua y cloacas— aparece asociada a la estrategia oficial de exhibir balances positivos como paso previo a la privatización. Un esquema que desde el propio IAG describen como “sanear para vender”.
Tarifas
Un hogar promedio necesitó en enero cerca de $200.000 sólo para afrontar el pago de servicios.
“Todos los gastos se redujeron pero destaca la merma de los gastos de capital. Es decir, el parate de las obras de agua y cloaca que realiza la empresa y la baja del gasto destinado al pago de remuneraciones –disminución del salario real- por los despidos y de los retiros voluntarios. El recorte del gasto en remuneraciones, obras, y la prestación del servicio se utiliza, en parte, para adelantar parte del pago de deuda para volver a la empresa más vendible”, remarcaron desde el IAG.
En ese marco, AySA se habría desprendido de unos 1700 trabajadores, mientras que los gastos operativos se redujeron un 27,3% durante 2025. Todo ese ajuste fue compensado, según el informe, con un incremento tarifario del 133%.
Fuerte caída de la demanda energética de grandes usuarios
La crisis industrial y productiva, con la excepción de la actividad vinculada a Vaca Muerta, se refleja con claridad en la retracción del consumo energético de los grandes usuarios.
La demanda relevada por CAMMESA incluye a más de 8000 empresas, que concentran el 98% del consumo de gran demanda a nivel nacional. En ese universo, la industria general —excluyendo a ALUAR— mostró una caída del 23,3% respecto de 2023.
A nivel regional, el consumo energético sólo creció en Comahue, con un alza del 8,7% (0,8 MW), y en la Patagonia (sin ALUAR), donde se duplicó (+105%, 17 MW), ambas zonas asociadas a la actividad minera y energética de Vaca Muerta.
En contraste, la demanda se desplomó en el Litoral (-28,7%) y el Noreste (-20,1%), y registró bajas más moderadas en Cuyo (-9,2%), NOA (-8,4%), Centro (-8,9%) y Buenos Aires (-6,9%). Los sectores que más explican esta contracción fueron la industria textil y la construcción.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com