El Gobierno nacional dio un paso más en el camino hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al modificar mediante decreto el régimen legal que regula su funcionamiento. Entre los cambios centrales, se habilita la posibilidad de interrumpir el suministro a quienes registren deudas.
La medida fue oficializada este martes a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, en el marco de la Ley Bases 27.742 sancionada a mediados de 2024, que incluyó a AySA entre las empresas “sujetas a privatización”.
El nuevo DNU reemplaza más de un centenar de artículos del marco vigente desde 2006, introduciendo cambios sustanciales en las condiciones bajo las cuales operará la concesionaria. A partir de ahora, podrá cortar el servicio por falta de pago, utilizar los ingresos de la explotación para financiarse y comercializar excedentes de agua o capacidad cloacal con autorización del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
Además, se establece la creación de un “Plan Director de Mejora Estratégica” que apunta a jerarquizar obras de infraestructura, y se prevé un período transitorio de hasta cinco años para asegurar el equilibrio económico y financiero del nuevo contrato luego de la privatización.
Privatizar como en los 90
La Casa Rosada argumentó que la decisión responde a la “profunda crisis económica” que atraviesa el país y al “deterioro operativo y financiero” de AySA. Según datos oficiales, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por un total de 13.400 millones de dólares, sin lograr avances significativos en eficiencia o cobertura.
Si bien por ahora el Estado conserva el 90% de las acciones, el DNU habilita su venta total o parcial conforme a lo establecido en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El Ministerio de Economía quedará a cargo de aplicar el nuevo régimen.
Se permitirá cortar el agua a morosos
Entre las modificaciones más controversiales se encuentra la autorización al corte de suministro en caso de deuda. Según el nuevo marco, AySA “podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 81 del presente Marco Regulatorio”.
También se habilita la interrupción del servicio ante problemas en las instalaciones del usuario: “Cuando se comprueben deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben la normal prestación del Servicio Público u ocasionen perjuicios a terceros, la Concesionaria podrá, previa intimación, disponer el corte del Servicio Público. Estos hechos serán comunicados inmediatamente a las autoridades locales y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, especifica el texto oficial.
En el artículo 81 del nuevo régimen se explicita que “la Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio”. Además, se fija que el corte podrá realizarse “por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento”.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca generar condiciones más atractivas para el ingreso de capital privado en AySA, al ofrecer mayores márgenes de rentabilidad y control sobre la gestión del servicio.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com