Otras 6 rutas bonaerenses se concesionan por peaje
Son la 29, 41, 51, 65, 74 y 86. En total suman unos 2.000 kilómetros y atraviesan casi toda la Provincia. Llamarán a licitación para que el sector privado se haga cargo del mantenimiento
El gobierno bonaerense dará en concesión casi 2.000 kilómetros de rutas. De esta forma, previo llamando a licitación, delegará en operadores privados el mantenimiento de diversas vías de comunicación estratégicas que hoy afrontan serios problemas de transitabilidad y que están bajo la jurisdicción de Vialidad de la Provincia.
La decisión oficial fue anticipada a este diario por el ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, quien indicó que «la idea es avanzar en un esquema de concesión sobre diversas rutas que enlazan con otras de jurisdicción nacional y que nos permita conformar un circuito integral en diversas zonas de alta transitabilidad y que son claves para la producción».
El esquema oficial prevé que las concesiones puedan arrancar en los primeros meses del año próximo y, en ese sentido, se instalarán cabinas de peaje en las rutas que sean incluidas en el nuevo sistema de mantenimiento a cargo de privados. «Probablemente habrá peajes en las rutas que entren en la concesión», admitió Arlía.
De acuerdo a lo anticipado oficialmente, el esquema prevé incluir en el paquete de la concesión a las rutas provinciales 29, 41, 51, 65, 74 y 86, en el marco de un proyecto para garantizar transitabilidad en estas vías que conectan con las nacionales 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 y 226 y que son muy utilizadas por el transporte y consideradas neurálgicas para la producción.
«La idea es que las empresas realicen el mantenimiento y que las rutas tengan mejores servicios, con infraestructura de mejor calidad. Y que además se realicen controles de cargas y se apliquen otras cuestiones vinculadas a la seguridad vial», dijo Arlía.
La Provincia tiene unos 11.000 kilómetros de rutas, de manera tal que avanzaría con la concesión de casi el 20% de la infraestructura vial. La decisión oficial de impulsar este esquema se produce en medio de los fuertes reclamos que existen sobre el estado de diversos caminos, que incluso derivaron en protestas vecinales y planteos de intendentes por los accidentes, muchos de ellos fatales, ocurridos en varios de estos caminos.
Pero además, la posible concesión aparece en medio de las estrecheces financieras de la Provincia y las dificultades para avanzar con un proyecto de inversiones en la reparación de la infraestructura vial.
ANALISIS
El esquema de concesión en el que piensa la Provincia tiene puntos de coincidencia con el que rige para el denominado Corredor Vial del Atlántico que incluye, entre otras, a la autovía 2 y la ruta 11 que conducen a los distritos de la Costa.
Si bien todavía restan efectuar diversos análisis vinculados al tránsito en las rutas, costos e inversiones y tiempo de explotación, la decisión política de la administración de Daniel Scioli de avanzar en el esquema de concesión está tomada, indicó el ministro Arlía.
«Buscamos lograr que se haga una fuerte inversión y que se preste un servicio de mejor calidad», señaló el titular de Infraestructura, quien comparó esta decisión con medidas similares que rigen en rutas nacionales y que se acaban de aprobar en países vecinos como Brasil. «En la Argentina hay 10 mil kilómetros de rutas a cargo de concesionarios y Brasil acaba de anunciar unos 65 mil», señaló Arlía.
De acuerdo al proyecto oficial, en la concesión ingresarán los 400 kilómetros de la ruta 51 entre Ramallo y Azul; los 350 kilómetros de la ruta 41 entre Mercedes y Castelli y los 450 kilómetros de la ruta 86 entre Pehuajó y Necochea.
También se incluirá los 200 kilómetros de la ruta 74 entre Las Armas y Benito Juárez; los 250 kilómetros de la ruta 65 entre Arenales y Bolívar y los 231 kilómetros de la ruta 29 entre Brandsen y Ayacucho.
EL MECANISMO
Con la decisión ya tomada de avanzar con la concesión de las rutas mencionadas, ahora la Provincia define qué mecanismo de adjudicación utilizará, además de avanzar en otros aspectos del proceso como la búsqueda de inversores y determinar cuáles serán las fuentes de financiamiento de los trabajos.
Luego, se llamará a licitación.
El otro aspecto a resolver tiene que ver con la autorización para iniciar el proceso de concesión. «Creemos que el Ejecutivo cuenta con atribuciones delegadas para avanzar con el llamado», dijo Arlía, aunque no descartó el envío de un proyecto en busca de el permiso legislativo.
DIARIO EL DIA