Con una contundente votación, la Cámara Alta dio media sanción a un paquete de iniciativas que representa un fuerte freno a las políticas de recorte del Gobierno nacional. La oposición, acompañada por gobernadores de distintos signos políticos, logró imponer por unanimidad el aumento para jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad. La prórroga de la moratoria previsional también fue aprobada con una mayoría calificada. Además, se avanzó con cambios en el reparto de los ATN y en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles. En una señal de debilidad, el presidente Milei respondió con la promesa de nuevos vetos y denunció un supuesto “golpe institucional”.
Fue la derrota legislativa más severa desde el inicio del mandato libertario. En una jornada que combinó tensión política y represión en las calles, el Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones y el bono de emergencia, además de declarar la emergencia para las personas con discapacidad. También insistió con la creación del fondo de asistencia por el temporal en Bahía Blanca, que ya había sido vetado por el Ejecutivo. Paralelamente, se aprobaron las iniciativas impulsadas por las provincias para modificar la distribución de recursos clave. Frente a esta avanzada, el oficialismo ensayó una estrategia de desconocimiento institucional que no logró prosperar.
La sesión, autoconvocada por los bloques opositores, alcanzó un quórum robusto con 42 senadores presentes, desmintiendo las versiones del oficialismo sobre su supuesta invalidez. Mientras colectivos de personas con discapacidad y jubilados se movilizaban alrededor del Congreso, la ministra Patricia Bullrich desplegó un fuerte operativo policial con la intención de disuadir la protesta. A pesar de las amenazas y las presiones, siete iniciativas clave fueron aprobadas, dejando en evidencia la incapacidad del Gobierno para articular acuerdos parlamentarios.
Entre los presentes, se destacaron 33 de los 34 senadores de Unión por la Patria, varios integrantes de la UCR como Lousteau y Abad, referentes del PRO como Guadalupe Tagliaferri, y representantes provinciales. Incluso legisladores que suelen votar junto al oficialismo, como Luis Juez o Camau Espínola, acompañaron algunas de las iniciativas. La respuesta de la Casa Rosada fue acusar a la Cámara Alta de un intento de “golpe institucional”, una narrativa que contrasta con el carácter regular y reglamentario de la sesión.
En un intento de embarrar la cancha, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, trató de impugnar la sesión con argumentos reglamentarios forzados, alegando que “la cantidad de nulidades es infinita”. La maniobra fue rápidamente desarticulada, y el senador José Mayans le reclamó la renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por incumplir con su responsabilidad de convocar a tratar los proyectos. En los hechos, Atauche cumple una función similar a la de José Luis Espert en Diputados: paralizar el funcionamiento parlamentario para sostener un relato de superávit.
Aun con los dictámenes aprobados la semana anterior en la autoconvocatoria opositora, el oficialismo insistió en desconocer su validez. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó intervenir para frenar el debate, lo que desató una fuerte polémica: “Usted representa al Ejecutivo, usted no puede considerar; usted debe poner a consideración del pleno”, le respondió Mayans, comparando su accionar con el de “un árbitro que quiere patear el penal”. Finalmente, tras dos horas de discusión, se dio inicio al debate con 42 votos a favor y 17 en contra.
Aumento a jubilaciones y prórroga de moratoria
Unión por la Patria organizó el orden del tratamiento para asegurar la permanencia de los senadores en sus bancas. Si se hubiera comenzado con los proyectos de los gobernadores, el oficialismo habría intentado boicotear el quórum. El primer proyecto aprobado establece un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones, la actualización del bono congelado en 70 mil pesos —ahora elevado a 110 mil— y una cláusula de ajuste automático por movilidad. También garantiza transferencias a provincias con sistemas previsionales no armonizados. La votación resultó en 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.
Debido a un sorpresivo “fallo del sistema”, los senadores votaron a mano alzada. “Me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible del tablero”, ironizó Mayans ante Bartolomé Abdala, quien presidía en ese momento. Más tarde, se aprobó la prórroga de la moratoria previsional con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Este número será clave si el Ejecutivo intenta vetar la medida, ya que se alcanzó la mayoría de dos tercios de los presentes.
Emergencia en discapacidad: un consenso absoluto
Por unanimidad, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Entre sus puntos centrales se destacan la actualización automática del nomenclador de prestaciones, la recomposición de aranceles conforme a la inflación acumulada y el ajuste mensual de pensiones no contributivas. “Este tema me atraviesa. Quizás hay una mirada de lástima, pero nuestros hijos son invisibles”, expresó el senador Luis Juez. Anabel Fernández Sagasti cerró el debate hablando de “una emergencia moral y de valores”: “Esto no es caridad. Es una cuestión de derechos, y de derechos internacionales”.
Bahía Blanca: el Congreso insiste
El Senado volvió a aprobar —también por unanimidad— la declaración de emergencia para Bahía Blanca, rechazada por Milei semanas atrás. La Cámara ratificó su voluntad con 51 votos afirmativos. “Aunque Milei no quiera, nosotros insistimos. Ahora debemos alcanzar los dos tercios en Diputados para que efectivamente sea ley”, sostuvo Juliana Di Tullio al finalizar la votación.
Avance federal: ATN y combustibles
El oficialismo recibió un golpe final cuando el Senado debatió y aprobó dos proyectos clave para las provincias: la automatización del reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Ambas iniciativas, presentadas sin dictamen, fueron habilitadas con 54 votos y aprobadas por 56 votos a favor y apenas uno en contra. El correntino Fernando Salino, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, fue categórico: “El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se cayó, y lo sostuvieron las provincias, los jubilados y los sectores más vulnerables”.
A pesar de los intentos de disciplinamiento, ninguno de los gobernadores de Juntos por el Cambio votó en contra de su propia provincia. La ofensiva de Milei terminó por confirmar su aislamiento político y el creciente malestar federal ante un ajuste que, lejos de ser virtuoso, se impone por la fuerza y con creciente desaprobación social.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com