La exmandataria recurrirá a la CIDH y desde el Partido Justicialista se impulsa un comité de respaldo con referentes como el PT de Brasil y Morena de México. En la Cancillería crece la inquietud.
La administración de Javier Milei observa con creciente preocupación las repercusiones internacionales que generó la confirmación judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Con el fallo de la Corte Suprema, la estrategia de la expresidenta se orienta ahora a obtener respaldo político externo, apoyándose en figuras como Claudia Sheinbaum, Lula Da Silva y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sheinbaum ya habría encomendado a su cancillería que estudie la posibilidad de una declaración conjunta de rechazo a la sentencia, en coordinación con los gobiernos de Brasil y Colombia, liderado por Gustavo Petro.
Un funcionario diplomático con cercanía al gobierno reconoció el malestar: “Tres de los cuatro miembros del Mercosur expresaron su solidaridad con Cristina, y dos de los tres países latinoamericanos del G20 hicieron lo mismo”.
El Grupo de Puebla encabeza la avanzada internacional contra el fallo, a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, dirigido por la jurista brasileña Carol Proner y el exmagistrado español Baltasar Garzón, ambos con amplios vínculos en el ámbito judicial global.
Desde ese espacio sostienen que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal”, y por ello se decidió recurrir a la CIDH.
El presidente Lula, por su parte, llamó a Cristina para expresarle su apoyo y le pidió que “se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”.
Uno de los abogados del Grupo Puebla indicó que, si bien aún no se definió la hoja de ruta completa, ya está tomada la decisión de hacer una presentación ante la Corte Interamericana. “Por ahora la atención está centrada en si le otorgan la prisión domiciliaria”.
Trascendió que los jueces que dictaron la condena buscan limitar la influencia política de CFK durante su detención, incluso evaluando revocar el beneficio de la domiciliaria.
En paralelo, se está conformando un Comité por la Libertad de Cristina, inspirado en la experiencia internacional que exigió la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Se trata de una plataforma que reunirá a abogados y especialistas de diferentes países para defender a la líder peronista en foros internacionales.
En ese marco, el PJ activó su red de dirigentes vinculados a la política exterior para organizar una ofensiva conjunta. Se delinean así tres líneas de trabajo: la del Grupo de Puebla con Proner y Garzón; la de los abogados personales de Cristina, como Carlos Beraldi; y la del Partido Justicialista junto a aliados regionales como el PT, Morena e incluso sectores del Partido Comunista Chino, con el cual existe una relación institucional establecida.
En otro plano, trascendió que Karina Milei está irritada con el embajador argentino ante la OEA por no haber evitado una condena contra el gobierno por sus ataques a la prensa.
Uno de los abogados defensores de CFK explicó que antes de acudir a la Corte Interamericana deben agotarse las instancias disponibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: “El reclamo puede presentarse como una petición individual ante la Comisión Interamericana, ya sea por Cristina, sus representantes legales, o incluso por terceros con interés legítimo, como una ONG o un ciudadano”.
Si la denuncia es admitida, la CIDH evalúa el caso en profundidad y, si detecta violaciones a derechos fundamentales, emite un informe con recomendaciones al Estado argentino. Si estas no se cumplen, puede elevar el caso a la Corte IDH.
De prosperar, la Corte podría ordenar medidas de reparación, como declarar la nulidad del fallo o habilitar nuevamente los derechos políticos de CFK.
La representante argentina ante la Corte, Andrea Pochak, no podrá votar por su nacionalidad, aunque participará del proceso.
“La Corte Interamericana no actúa como una instancia superior de apelación —aclaró un abogado del entorno de CFK—. Pero sí puede dictaminar que el Estado violó el Pacto de San José de Costa Rica y exigir que tome medidas correctivas, como un nuevo juicio justo”.
Un pronunciamiento negativo de la Corte IDH contra Argentina sería un fuerte golpe internacional, que se sumaría a la crítica ya recibida de parte de la OEA por las agresiones del gobierno a periodistas.
El contexto resulta incómodo: la mayoría de los países clave de la región se solidarizó con Cristina y la condena comienza a figurar en todas las mesas de negociación internacional.
“Los embajadores ya tenían dificultades para conseguir consensos —explicó un diplomático con trayectoria en organismos multilaterales—. Con esto, la tarea se vuelve más cuesta arriba”.
“Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos le alcanza, pero la red de relaciones de Argentina, sobre todo con América Latina, es muy amplia”, agregó la misma fuente.
Y concluyó: “Decimos que somos los defensores de los valores de Occidente y tenemos a la principal figura opositora encarcelada. Eso debilita nuestra imagen en el plano internacional”.
Con información de La Política Online
Publicado en La Nueva Comuna