En apenas un año de gestión de La Libertad Avanza, casi 400 mil personas pasaron a engrosar las filas del trabajo desprotegido. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), se trata del registro más alto para un primer trimestre desde que comenzó la serie comparable en 2017. El impacto golpea con mayor fuerza a las mujeres.
La recesión autoinfligida por el programa económico de Javier Milei, sumada a la flexibilización laboral y al cierre de empresas, alimentó un nuevo “ejército de reserva” de trabajadores condenados a la informalidad. Entre el primer trimestre de 2024 y el de 2025, 390.000 personas quedaron fuera de la protección laboral, lo que implica un salto del 7 por ciento. Mientras tanto, de los que perdieron su empleo formal en 2024, solo un 15 por ciento pudo reinsertarse en un puesto con derechos.
Después de 15 meses consecutivos de destrucción de empleo neto, junio mostró un repunte de apenas 0,1 por ciento, tanto interanual como mensual, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Sin embargo, la Secretaría de Trabajo advirtió que el ritmo de despidos sigue por encima de los niveles de 2022 y 2023, cuando aún regían las regulaciones especiales dictadas en pandemia.
La radiografía de la precarización
Los especialistas advierten que la economía argentina enfrenta crecientes dificultades para generar puestos de calidad, con ingresos dignos, estabilidad y acceso a derechos básicos. En su lugar, crecen la informalidad, el subempleo y los autoempleos de mera subsistencia. “En esta categoría se pueden nuclear a trabajadores sin aportes, sin estabilidad, sin maquinaria o capital propio para emprender y sin calificación”, señala el IAG. Según su relevamiento, de cada 100 personas que pierden su empleo formal, apenas una o dos logran volver a la actividad registrada.
Actualmente, la tasa de “desprotección” laboral llega al 44,1 por ciento. El salto más dramático se registra en las mujeres mayores de 66 años: la precarización se disparó allí un 14,6 por ciento en el último año, al mismo tiempo que el 23 por ciento de ese grupo se retiró del sector público en un contexto de haberes jubilatorios cada vez más recortados.
El empleo protegido cayó del 40,5 al 40,3 por ciento, y el empleo público retrocedió 12 por ciento, ubicándose en 15,5 por ciento: el nivel más bajo para un primer trimestre en la serie 2017–2025.
Qué pasó con los despedidos
El informe del IAG detalla que solo un 15 por ciento de los despedidos logró reinsertarse en empleos protegidos: el 11 por ciento en el sector privado y el 4 por ciento en el público. Un 35 por ciento (135.000 personas) terminó en la informalidad, el 25 por ciento (95.000 personas) sigue desocupado y otro 25 por ciento directamente dejó de buscar trabajo.
Al analizar los desempleados actuales, el documento muestra que el 29 por ciento provenía de empleos desprotegidos y otro 29 por ciento estaba inactivo un año atrás. La incorporación de jubilados y adultos mayores a tareas precarias explica parte del incremento del trabajo en condiciones indignas en los últimos meses.
La subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) se ubica en 17,9 por ciento. Si se suman quienes buscan mejorar sus condiciones, la presión efectiva sobre el mercado llega al 24 por ciento. Y si se incluyen aquellos que desean trabajar más horas aunque no busquen otro empleo, el porcentaje trepa al 29,6 por ciento.
Salarios de pobreza
La política de ajuste también se refleja en la pérdida de poder adquisitivo. El 20,4 por ciento de los trabajadores cobra por debajo del salario mínimo, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). La desigualdad de género es marcada: mientras un 14 por ciento de los varones no alcanza a superar esa línea, en el caso de las mujeres el porcentaje escala al 28,7 por ciento.
En este escenario, los números muestran que el “costo” del programa libertario recae sobre quienes más dependen de la protección laboral: las mujeres, los mayores y los sectores más vulnerables.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com