«La detención de Milagro se trata de un intento de adoctrinamiento y de escarmiento a la protesta social»
Este Lunes 16 de Enero se cumplió un año desde la detención de la dirigente social y referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a manos de la justicia jujeña. En diálogo con el programa «Quedate en el medio» (Radio Maestra 97.3), el concejal mandato cumplido y referente del Movimiento Evita de Necochea y Quequén, Luciano Lescano, manifestó su opinión al respecto: aseguró que se trata de «una detención ilegal» que busca «desarticular la protesta social en la provincia».
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su casa de San Salvador de Jujuy tras un allanamiento, e imputada por «instigación al delito y tumultos». Sin embargo, «cuando el año pasado estuvo a punto de obtener la libertad se buscaron una serie de causas para mantenerla detenida, de las cuales aún no se tienen pruebas para acusarla», detalló el concejal mandato cumplido y referente del Movimiento Evita de Necochea y Quequén, Luciano Lescano.
Una de estas causas tiene que ver con un escrache realizado contra el gobernador radical, Gerardo Morales, en el año 2009, mientras que otras apuntan a supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, por el presunto desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.
«La primera sentencia se dictó acusándola de instigadora intelectual de un escrache a Morales en el año 2009, pero no se pudo comprobar que Milagro Sala haya estado presente en el lugar», destacó Lescano, quien además señaló que «los testigos que declararon en la causa son empleados del gobernador».
Con respecto a las acusaciones por malversación de fondos, el ex concejal remarcó que estas «deberán aún ser probadas en la Justicia» y no justifican la detención de la dirigente, a la que calificó como «una detención ilegal».
«Como toda persona en nuestro sistema legal, Milagro Sala es inocente hasta que se demuestre lo contrario y puede aguardar su sentencia en libertad», argumentó en este sentido.
«Lo que buscan es desarticular la protesta social en la provincia»
En cuanto a las acusaciones de corrupción y de malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas, Lescano indicó además que dichas obras «han sido controladas y firmadas por el gobierno de San Salvador de Jujuy, que responde al radicalismo y no al Frente Para la Victoria».
«Hay funcionarios que han firmado y han avalado esas obras y que también deberían ser investigados pero no lo están siendo», manifestó, señalando «la discrecionalidad con la que se maneja la Justicia de Jujuy».
De esta manera, el referente del Movimiento Evita aseguró que la detención de Sala constituye «un ataque directo contra la Tupac Amaru» que tiene como objetivo «desarticular la protesta social en la provincia».
«Se trata de un intento de adoctrinamiento y de escarmiento a la protesta social», consideró.
«No hay democracia si existen presos políticos»
Por último, Lescano apuntó que en Jujuy «no existe la independencia judicial ni el Estado de Derecho», puesto que «la Justicia está totalmente cooptada por el gobernador Morales».
«Ni bien asume Morales hizo una reforma de la Corte Suprema de Justicia, que de tener cinco miembros pasó a tener nueve», recordó, indicando que «entre los que votaron esa reforma, entre gallos y medianoche en la madrugada del 18 de Enero del año pasado, se encontraban diputados radicales que posteriormente asumirían como jueces».
«Hoy Morales cuenta con cinco jueces radicales en el supremo organismo de justicia de Jujuy. Milagro Sala está detenida por disposición del Poder Ejecutivo, como en las épocas dictatoriales, y no por disposición del Poder Judicial», argumento.
En este sentido, el ex concejal consideró que Sala constituye «la primera presa política de este gobierno» y remarcó que esto representa «un hecho grave para la república y para la democracia»: «no hay democracia si existen presos políticos», aseveró.
De esta manera, Lescano aseveró que «el gobierno nacional de Mauricio Macri es cómplice» y que, de lo contrario, tanto el Poder Ejecutivo como la Justicia Nacional «deberían haber intervenido la provincia, que es lo que se reclama desde organismos internacionales tales como la CIDH, Amnistía Internacional y la ONU».
por Johanna Radusky